Especial Redacción Kasanay Venezuela, 09/05/2016.- Este lunes expira el tiempo de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, dictado por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 11 de marzo, y que fue prorrogado durante 60 días más por el Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), a petición del primer mandatario nacional.

El Gobierno venezolano aseguró que el fin último de este decreto, era combatir y encontrar soluciones a la grave crisis económica por la que atraviesa el país suramericano, erradicar la escasez de alimentos y medicamentos, o el “bachaqueo” o venta ilegal de productos regulados con sobreprecio, y que según Maduro son producto de una “guerra económica”.

De acuerdo a lo que establece la Constitución venezolana, dicho decreto no podrá extenderse nuevamente y ahora, cuando expira su vigencia, aún la nación administrada por Nicolás Maduro, no muestra signos de recuperación económica.

Los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, siguen sin recuperarse y pese a los intentos de Venezuela por lograr un acuerdo con los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otros ajenos al bloque como Irán, para recortar la producción de crudo, no dieron resultados.

El Decreto de Emergencia Económica de Maduro fue criticado y rechazado por los diputados a la Asamblea Nacional (AN) de la Mesa de Unidad (MUD), así como por representantes de asociaciones de empresarios e industriales.

De acuerdo a lo publicado en Gaceta Oficial, las medidas contempladas en el marco de este decreto son:

Disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015 con la finalidad de garantizar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales, inversión en infraestructura productiva, agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y productos esenciales para la vida.

Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de presupuestos a los órganos y entes de la administración pública para optimizar la atención de los venezolanos en los sectores de salud, educación, alimento y vivienda.

Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la alusión fiscal.

Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia dentro del plazo de vigencia de este decreto.

Disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la exportación y nacionalización de mercancía.

Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos del país.

Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por Cencoex y por el Banco Central de Venezuela a órganos y entes del sector público y privado a fin de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional.

Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos y de bienes esencial para garantizar las satisfacciones de las necesidades básicas de los venezolanos.

Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad.

Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos.

11. Desarrollar, fortalecer y proteger el sistema de grandes misiones y misiones socialistas en aras de propender a la incorporación de pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos