Continúa agravándose el problema de todas aquellas personas víctimas de la okupación ilegal que han visto como sus viviendas habituales u otras residencias de las que son propietarios ahora pertenecen a otras personas que no pagan ni un euro por ellas. Además, mientras el estado de alarma siga vigente, están prohibidos los desahucios.

Este es el caso de un vecino de una localidad cercana a Santiago de Compostela (A Coruña), que prefiere mantener su identidad y su lugar de residencia en el anonimato por miedo a posibles represalias de los okupas que viven en la fue la casa de su madre. "La Guardia Civil me ha advertido que ni pase por el edificio, que son muy violentos", explica a La Voz de Galicia .

Este gallego, que confiesa que "me veo indefenso", se ve obligado a pagar las facturas de luz y agua de los inquilinos desde el verano pasado, cuando denunció la okupación. "Si les corto el agua, o la electricidad o bajo su potencia, me pueden denunciar por acoso, así que no me queda otra que esperar", cuenta.

Su pesadilla comenzó cuando le alquiló el piso a un hombre, que presentó la nómina de su empresa y su DNI como aval, pero esta persona nunca volvió a aparecer. En su lugar, una pareja con cuatro hijos ocupó el piso, por el que su propietario no recibe ni un euro del alquiler acordado con el hombre. Al final descubrió que este había presentado documentación falsa.

"La nómina resultó ser falsa, y el DNI, al final, también, porque tras presentar la denuncia la jueza citó al titular del DNI y resultó ser un hombre completamente diferente de aspecto y forma de ser y que no sabía nada del tema. Acudió al juzgado temeroso por la citación, pero no tenía nada que ver en el asunto", relata.

Tras denunciar, una demanda de desahucio fue admitida y se informó a los okupas, que habían pagado únicamente los dos primeros meses de arriendo a través de Cáritas, de que se les desalojaría. En este sentido, el afectado explica que "están muy bien asesorados. Pese a serle notificada con tiempo, se presentó el día antes el juzgado, pidió un abogado de oficio, y este, al no conocer el caso, pidió un aplazamiento".

"Ahora es imposible desalojarlos por la nueva norma que impide los desahucios mientras dure el estado de alarma, pero yo sigo pagando todos sus gastos de la casa y sin ingresar un duro", denuncia el dueño, que debe hacer frente a unos recibos que el mes pasado alcanzaron los 227, 19 euros de electricidad y 185, 11 de agua.

Para más inri, "me han asegurado que ha llegado a haber en el piso hasta 20 personas. La Guardia Civil ha tomado los datos a muchos de ellos un día que el piso estaba lleno", lo que explicaría una cantidad tan alta en las facturas. "Estoy desesperado y quedo por tonto, pago sus gastos y ni cobro los 315 euros de alquiler ni puedo echarlos, cuando a mi si dejo de pagar la luz me la cortan. Cada vez conozco más casos y los afectados somos gente normal que nos destrozan la existencia", ha afirmado muy afectado por la situación.