Varapalo para el Ministerio de Igualdad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad un informe en el que rechaza los ejes fundamentales del anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí': el consentimiento expreso y la distinción entre abuso y violación.

En el que parece que será el último Pleno de los actuales vocales, cuyo mandato caducó hace dos años, los 20 miembros del CGPJ han apoyado de forma unánime el escrito, tal y como confirman fuentes judiciales a 20Minutos. Cabe destacar, eso sí, que el informe no es vinculante. Así, rechazan los magistrados el espíritu de la ley, pues dudan de la redacción del consentimiento expreso y, también, de la supresión de la distinción entre abuso y violación.

Desde Igualdad, defienden a 20Minutos que, con la ley, la libertad sexual "pasa a ser el bien jurídico protegido de la ley". Ya no se trata de que la víctima oponga resistencia sino de que diga que sí solo cuando quiera mantener relaciones sexuales. Se entiende que no existe consentimiento cuando ella no haya manifestado "libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". El Consejo Fiscal, que avaló el texto al contrario que el CGPJ, pidió agregar la frase "solo se entenderá que existe consentimiento cuando la mujer manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos" su voluntad.

Sobre el abuso y la agresión sexual, se contempla que pasarán a ser delitos distintos. Ambos tienen un tipo agravado que incluye la penetración, con penas de cuatro a diez años y de seis a doce, respectivamente. En el caso del primero no se considera violación al no mediar violencia o intimidación. La reforma elimina ese condicionante y lo simplifica todo: desaparece el delito de abuso, lo que obliga a una redefinición de las penas, que sus impulsores desmienten que se concrete en una rebaja. En este punto, el CGPJ advierte de que eliminar ese delito puede perjudicar a la víctima, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.