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Una Realidad Lacerante

10/09/2010 01:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Permitió calibrar la creciente preocupación y alarma que se observa en las autoridades norteamericanas que custodian ese confín entre ambos países

Dos pasarelas metálicas, perfectamente transitables a ochenta años de su construcción y que ofrecen una insólita alternativa para vulnerar la oposición que imponen tanto el patrullaje fronterizo como la geografía de esos cuatro estados colindantes (California, Arizona, Nuevo México y Texas) entre México y los Estados Unidos, separado por esa arteria de filigranas caracoleadas que son las aguas de Río Bravo, motivaban hace algunos días una ríspida y sazonada discusión que no escamoteaba sarcasmos (al decir que ahora el cruce desde Ciudad Juárez a El Paso en Texas, podrán efectuarlo sin siquiera mojarse), tampoco restaba opinantes frente a su eventual uso y aprovechamiento para evadir los controles por bandas de narcotraficantes e indocumentados ante la escasa vigilancia y control que se observa en esos puntos peatonales. De hecho, Ramiro Cordero, en su calidad de supervisor de las Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza, ha confirmado la existencia de huellas de data no muy pretérita en dirección a USA. Según Sally Spener, vocera de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entidad norteamericana encargada de la integridad de frontera ribereña entre ambos países, explicó los fundamentos que permiten entender la vigencia de ambas estructuras instaladas en los extremos opuestos de un elevado tramo del oneroso y cuestionado muro que se construyó para impedir la migración. En términos estrictos, se tratarían de gradientes cuyas bases de sustentación colaboran en la estabilización del caudal y curso del río. La polémica alimentada tras una reunión que congregó al gobernador de Texas, Rick Perry, con los comisarios de policía del Valle de Río Grande, permitió calibrar la creciente preocupación y alarma que se observa en las autoridades norteamericanas que custodian ese confín entre ambos países, dada la rudeza sanguinolenta derivada del actuar de las organizaciones criminales de los narcotraficantes y la rivalidad entre los carteles de los Zetas y del Golfo que han impulsado un desplazamiento mayor de quienes quieren huír de ese infierno y encontrar mejores horizontes en ciudades del sur de Texas, como Mission, Edimburgo y McAllen, que a diferencia de Arizona con su polémica ley SB 1070 de disposiciones muy duras contra inmigrantes, paradójicamente no hace exigible requisitos de ciudadanía ni demostrar la residencia legal para acceder al arriendo o compra de una vivienda, sino que basta acreditar solvencia económica para hacer frente a pagos hipotecarios o cánones mensuales de arriendo. Conductas tan ambivalentes, como una legislación estadual dispar o descuidados puntos de conexión, son parte de las dolorosas plaquetas de una tragedia plagada de inconsistencias, como el incumplimiento de la promesa de enviar a tramitación una propuesta de reforma inmigratoria comprometida por Obama que regule la permanencia de muchos hispanos que se encuentran ilegalmente (en 1986 Ronald Reagan decretó una amnistía que resolvió la situación de tres millones de indocumentados) siempre que cumplan una serie de requisitos, todo ello complementado con un reforzamiento más acucioso en la frontera. La opinión pública estadounidense ha reflejado en distintos sondeos que está disponible para una iniciativa de esa naturaleza, pero sin debilitar el apoyo a las provisiones jurídicas de la referida “Ley de Arizona” y que ha inspirado legislaturas muy similares en otros estados, son parte del croquis del gobierno norteamericano frente a la espeluznante realidad que carcome al norte mexicano con antagónicos carteles de narcotraficantes disputándose sin tregua y escrúpulos por el dominio territorial fronterizo para perpetrar sus fechorías. A estas alturas pareciera insuficiente apostar todas las fichas a la llamada Iniciativa Mérida cuyo eje central consiste en el aporte económico de US$ 500 millones con fines de seguridad, cifra muy infinitesimal en comparación a los muy lucrativos US$ 40.000 millones anuales que se estima obtienen de ganancias las actividades criminales de los distintos carteles y cuyo espectro delincuencial es variopinto. De hecho, el Departamento de Estado instruyó a sus diplomáticos residentes en la ciudad de Monterrey (el alcalde Edelmiro Cavazos fue secuestrado por sicarios y su cadáver arrojado tres días después en una carretera rural) a que saquen de esa zona a sus hijos y que hizo extensivo a los familiares de funcionarios que se desempeñan en los consulados de Tijuana, Nogales, Nueva Laredo, Matamoros y Ciudad Juárez, tras el asesinato en ésta última, de tres personas que trabajaban en la legación.

El ominoso desenlace de los 72 emigrantes (58 hombres y 14 mujeres) que provenían de centro y sud-américa, y que aparecieron vilmente masacrados en un rancho del estado de Tamaulipas con las manos atadas y los ojos vendados, revela el nivel de desquiciamiento que han alcanzado. El desprecio por la vida es de contornos siniestros y con onerosas tasaciones económicas para evitar el ajusticiamiento, en éste caso, US$ 3.000 según se ha conocido por el testimonio de uno de los sobrevivientes. El “coyoterismo” (tráfico de personas) es otro de los “giros” en el portafolio de negocios que financian sus actividades. El pululante tableteo de las ráfagas de metralletas y el desvergonzado desplazamiento de camionetas que circulan identificándose con iniciales pintadas en sus portezuelas, CDG (Cartel del Golfo) o XXXM3 (abreviatura que simboliza la alianza entre el Cartel del Golfo, La Familia Michoacana y el grupo de El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, en contra de Los Zetas) han esparcido no solo temor entre la población, sino que mucha pobreza al diezmar el interés industrial y de muchas actividades productivas que se han ahuyentado víctimas de la extorsión y del pago de “mensualidades” a cambio de su integridad física y empresarial. Ya hemos visto lo que ocurre en el estado de Tamaulipas y que hace más incierto el comercio marítimo de sus dos principales puertos, Tampico y Altamira, donde el volumen de productos que transitan con destino hacia los Estados Unidos y Canadá representa el 28% y un tercio de la economía mexicana.

Muchas actividades productivas que se han ahuyentado víctimas de la extorsión y del pago de “mensualidades” a cambio de su integridad física y empresarial

El balance a cuatro años de la llegada al poder de Felipe Calderón y su combativa política de enfrentamiento al narcotráfico, ha motivado a que muchos se cuestionen hoy respecto a haber implementado una militarización que ha acrecentado la tragedia de dolor y muerte, abriéndose una discusión respecto a una eventual despenalización de los estupefacientes. Lo increíble, al menos en términos retóricos, es que el propio Calderón rompa con su consabida negativa a abrir el debate en esa materia (aunque muchos creen que sigue siendo contrario a la legalización) pero que ve en una cita con ex y actuales mandatarios latinoamericanos una oportunidad para nuevas ideas en materia de antidrogas. Quien quiera lo haya hecho cambiar de parecer, tiene que haberle recomendado una participación más secundaria y no de primeros planos, aplacando los efectos que ello podría tener en Washington y que explica en gran medida el prescindente rol de la OEA ante una realidad tan lacerante.


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Alejandro Holmes Heins (19 noticias)
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