Una crisis política

No se puede culpar sólo a los

mercados. Son los Estados los que fallaron a la hora de poner las reglas de

juego y de incitar el crédito irresponsable.

Uno

De los tópicos que ha hecho furor es el que achaca la actual crisis económica a

un fallo del mercado y anuncia gozoso un retorno del Estado. Seguro que han

contribuido a fortalecer esta impresión de vuelta al keynesianismo clásico las

medidas presupuestarias y monetarias adoptadas por muchos Estados, sobre todo

las decisiones de rescate financiero adoptadas desde septiembre de 2008. Por

supuesto que la crisis se explica como una conjunción de fracasos, pero se ha

monopolizado tanto la acusación contra el mercado que me parece necesario, para

comprender bien su naturaleza, insistir en que se trata, sobre todo, de una

crisis de la política, es decir, de los Estados (que son, hoy por hoy, los

principales actores políticos).

Los bancos han olvidado

las reglas prudenciales, los inversores han arriesgado demasiado, las agencias

de rating han inducido al error sobre la apreciación de los riesgos...

El mercado ha cometido muchos errores y es normal que la crisis los sancione.

Ahora bien, afirmar que el mercado es el único culpable equivale a no haber

entendido bien el fracaso de las instituciones políticas. Y un mal diagnóstico

no presagia nada bueno cuando se trata de pensar también las soluciones.

El Estado que emerge

tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la

crisis y a la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la

política económica. En el curso de los últimos años los Estados han cometido

grandes errores de política monetaria y presupuestaria. El incremento del

efecto de apalancamiento en la economía mundial es imputable más al fracaso de

la política macroeconómica, en especial de la política monetaria

norteamericana, que a un fallo de los mercados, cuyo único error ha sido

reaccionar como era previsible a las incitaciones de la política. Fue el Estado

el que incitó a los bancos a desarrollar sus créditos subprime , ya con

la Administración Clinton en 1999, presionada por las asociaciones que

denunciaban el carácter discriminatorio de los préstamos hipotecarios. En

Francia, unas semanas antes de que se desatara la crisis, tanto los

parlamentarios de la izquierda como los de la derecha discutían una proposición

de ley sobre el acceso universal al crédito.

Los bancos han tomado el

camino de la titulización porque les incitaba a ello una regulación que no

imponía ninguna exigencia de capital sobre ese tipo de créditos, fuera la que

fuera su calidad.

El gran error de los

Estados ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El

sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha

incumplido sus responsabilidades en materia de supervisión y prevención de

riesgos sistémicos, que había delegado en otras instancias a quienes no

corresponde esa responsabilidad, como el mercado o las autoridades

independientes.

Quizá estemos saliendo

de la era del Estado de Bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente

de legitimidad era la redistribución, y entramos en otra nueva en la que tan

importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. Esto sólo es

posible si se cumplen aquellos deberes. Para esta nueva tarea carecen de

utilidad tanto el programa de disolución neoliberal de los Estados como el

intervencionismo clásico socialdemócrata; de lo que se trata es de salvar una

de las instancias más importantes de configuración de la voluntad política,

pero en un contexto global que exige otras estrategias.

La recomposición a la

que nos va a obligar la crisis incluye una renovación global del papel de los

Estados para devolverles los márgenes de maniobra que han ido perdiendo. El

debate entre partidarios y detractores distrae la atención del problema

fundamental: no es una cuestión de más o menos Estado, ni siquiera de reforma del

Estado, sino de redefinición de sus misiones en una sociedad del conocimiento

global, es decir, en un mundo en el que la soberanía está abocada a la

impotencia y en el que los poderes públicos no tienen más conocimientos que los

actores a los que deben regular. Si no reflexionamos en este contexto sobre las

finalidades de la política seguiremos impidiendo que el Estado cumpla las

misiones que le son propias.

Daniel Innerarity

Catedrático de Filosofía Política y

Social

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