Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

En los últimos años se ha venido reportando la reaparición del grupo terrorista Sendero Luminoso, bajo su moderna fachada y denominación: "Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales", MOVADEF. Una agrupación que por ahora está centrada en pedir la liberación de sus principales líderes, pero que no ha abandonado su ideología ni ha dejado de crecer infiltrándose en diversas organizaciones. Su existencia es cada vez más activa y notoria. La Asociación Nacional de Rectores ha denunciado la presencia del Movadef en ocho universidades, en donde ya han causando estragos, como ocurre en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz y nuevamente en La Cantuta, de Chosica.

Pero además de las universidades, Movadef está presente en lo que fueron sus bases matrices en el siglo pasado: el sindicato de maestros, donde hoy tiene su propia facción conocida como CONARE, que puso en jaque al Ministerio de Educación el año pasado. Así pues podríamos decir que la historia empieza a repetirse. Incluso por el hecho de que muchos tienden a minimizar la presencia de este nuevo senderismo.

Debemos tomar en cuenta que la mayoría de terroristas capturados el siglo pasado ya están libres, unos porque fueron alegremente excarcelados por ministros de justicia como Diego García Sayán, y otros porque simplemente cumplieron su condena. El hecho es que el senderismo está recuperando sus cuadros y, para colmo, algunos han llegado a ganar elecciones regionales, como es el caso del presidente regional de Tumbes. Otros conforman movimientos de diversa fachada como frentes de defensa, el activismo antiminero y ecológico. En suma el senderismo está de vuelta y empieza a crecer.

Frente a esto debemos hacernos una pregunta crucial: ¿Cuál es la responsabilidad de la Comisión de la Verdad y Reconciliación frente al resurgimiento de las bandas terroristas y en sus mismas fuentes tradicionales como las universidades y el sindicato de maestros? La CVR fue creada, entre otras razones, para "recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas" (1).

El objetivo principal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue precisamente proponer los cambios esenciales para asegurar que la ideología de la violencia política no siga regándose entre los jóvenes y que nunca más vuelva a suceder la pesadilla del accionar terrorista. La CVR debía pues recomendar cambios para evitar que vuelva a ocurrir la predica ideológica nociva que vivimos desde los años 60 y 70 del siglo pasado y su estallido macabro en los 80. ¿Cumplió? Evidentemente no. A pesar de la exagerada defensa de su informe final por parte de sectores de izquierda, quienes precisamente utilizaron la frase "para que no se repita" como eje de su campaña, la película de la violencia política parece repetirse, al menos ya en sus capítulos iniciales. ¿Por qué ocurre esto?

Esto ocurre porque -tal como ya lo habíamos advertido en estudios anteriores- la CVR tuvo grandes vicios que no solo lo hacían inviable si incluso ilegítimo. Reseñemos brevemente estos vicios, antes de proseguir con el análisis de su fracaso frente a las evidencias del resurgimiento senderista.

A) Su inesperada e inconsulta creación por parte del ministro Diego García Sayán, en medio de un gobierno transitorio cuya única misión era convocar a elecciones y restituir la normalidad institucional del país. Luego se sabría que Diego García Sayán era dueño de la ONG "Comisión Andina de Juristas" cuya labor es precisamente asesorar a los gobiernos en materia de DDHH y este tipo de comisiones. Es decir, había un evidente conflicto de intereses por parte de García Sayán, pues varios miembros de su ONG terminaron como integrantes de la CVR.

B) La conformación de la CVR fue la peor que pudo darse, pues había un importante sesgo ideológico de corte precisamente marxista en la mayoría de sus miembros, quienes eran connotados líderes de izquierda, además de miembros de facciones radicales involucradas en violencia política, a lo que cabe añadir amistad personal con Abimael Guzmán. ¿Cómo pues podían dirigir la investigación de sus aliados y amigos ideológicos? De hecho no lo hicieron. Más bien se dedicaron a investigar al Estado y especialmente al gobierno de Fujimori.

C) Durante su labor, la CVR se focalizó en la búsqueda afanosa de víctimas de violaciones de DDHH por parte de las FFAA, como lo han señalado diversos testigos y periodistas investigadores. Además ignoró el testimonio de policías y militares, como luego lo reconocieron algunos miembros de la CVR, admitiendo incluso que ello fue un craso error. Por tanto su informe está sesgado.

C) Como era de esperar, el informe final de la CVR considera al Estado como un actor más en la violación de los DDHH al mismo nivel que los grupos terroristas, considerándolo incluso más responsable. Además acusa un evidente sesgo antifujimorista, empleando incluso un lenguaje poco digno. Está demostrado mediante estudio de texto el tratamiento diferenciado que la CVR hace entre Alberto Fujimori, a quien llenan invariablemente de epítetos, y a Abimael Guzmán, a quien tratan con guantes de seda. El informe está repleto de condenas a Alberto Fujimori y su gobierno, pero no hay una sola condena a los grupos terroristas, a quienes ni siquiera se les llama terroristas.

Larga es la lista de críticas que se han hecho a la CVR y su informe final en estos diez años. Es evidente que no ha logrado su cometido de reconciliar al país sino todo lo contrario. El sesgo ideológico y político de la CVR acabó polarizando a la sociedad. Solo los sectores de izquierda, especialmente los influenciados por las diversas ONGs de DDHH de tendencia izquierdista -e incluso de origen subversivo- defienden el informe de la CVR. El resto del país lo rechaza o lo ha dejado de lado discretamente. A estas alturas no se puede ya negar el descrédito en el que ha caído la CVR y su informe final. Pero el puntillazo final se lo está dando la propia subversión al reaparecer como si nada hubiera ocurrido en el Perú.

No es raro pues que la subversión reaparezca tras la labor de la CVR puesto que esta solo se preocupó de cuestionar al Estado, las fuerza policiales y fuerzas armadas. Es por esto que los sectores de izquierda deliran ante el informe y lo defienden con marchas y lemas como "para que no se repita". Lo que ellos no quieren que se repita es la respuesta del Estado. Han criticado a sus hermanos terroristas por desviados y extremistas pero no han renegado de su ideología marxista. El mismo informe de la CVR reivindica lo que llaman la "verdadera democracia", es decir, la "democracia participativa" fundada en organizaciones populares de base y en asambleas populares. Nunca hubo un deslinde con esa ideología.

Frente a todo esto sería conveniente echar una mirada directa a las recomendaciones que la CVR hizo. Debemos saber cómo pensaban enfrentar el futuro a fin de precaver la reaparición del fenómeno terrorista. El capítulo 2 de la cuarta parte del informe final de la CVR contiene estas recomendaciones. Están divididas en 4 puntos: reformas institucionales, programa integral de reparaciones, plan nacional de intervenciones antropológico-forenses, y mecanismos de seguimiento. Como se puede observar a simple vista hay un mayor énfasis en dar recomendaciones destinadas a mantener el trabajo de las ONGs de DDHH casi ad infinitum, en especial con un pretencioso y delirante plan de excavaciones de fosas por todo el territorio nacional. Tres de los cuatro puntos se preocupan por mantener la labor de las ONGs.

Lo que en realidad era la misión más importante de la CVR, es decir, sus recomendaciones "para que no se repita", está contenido bajo el título "Reformas Institucionales". Es de suponer que allí encontraremos las reformas destinadas a evitar que la historia se repita, pero lo que en verdad encontramos es una retórica sutil destinada a cambiar la historia y convertir a los villanos en héroes y a los héroes en villanos. Leamos:

"La Comisión de la Verdad y Reconciliación hace estas recomendaciones, que se desprenden de su examen de la violencia, con el propósito de desterrarla como medio para resolver nuestros conflictos, y establecer un nuevo pacto social de modo que el Estado sea realmente expresión de todos los peruanos. Dos de las dimensiones de la reconciliación que queremos resaltar aquí es la del Estado con los peruanos más afectados por la violencia, víctimas también del abandono y la indiferencia, y también la de la sociedad peruana con los muchos héroes de la derrota de la subversión y el logro de la paz, presentes en todas las regiones, todos los sectores sociales, expresión de lo mejor de la peruanidad, que merecen ser reivindicados".

Como ya hemos analizado en otros estudios, el enfoque de la CVR está sutilmente orientado a establecer que el Estado es el principal responsable de la violencia, por ello nos plantea que la reconciliación debe darse entre "el Estado con los peruanos más afectados por la violencia" que además han sido "víctimas también del abandono y la indiferencia" del Estado. Por su parte la sociedad debe reconocer a los verdaderos héroes de la derrota de la subversión ¿quiénes son? "todos los sectores sociales, presentes en todas las regiones". Este ninguneo de la labor del Estado y sus FFAA y policiales como agentes activos de la pacificación, cambiando su rol de defensa de la población al de agente del terror, es el eje del pensamiento CVR. Es por ello que sus recomendaciones nunca apuntarán a las verdaderas raíces del mal sino hacia el maquillaje burocrático estatal con objetivos idílicos.

Las recomendaciones de la CVR se resumen en 4 grandes rubros que están orientados textualmente a:

• lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana.
• Afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno.
• La reforma del sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.
• La elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que promueva valores democráticos: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales.

• Inclusión de derechos individuales y colectivos en el texto constitucional.
• Definición del Estado Peruano como una Estado multinacional, pluricultural, multilingüe y multiconfesional.
• Interculturalidad como política de Estado. En función de ello debe quedar establecida la oficialización de los idiomas indígenas y la obligatoriedad de su conocimiento por parte de los funcionarios públicos en las regiones correspondientes.