En 2014, la Casa Real cedió al Estado dos Ferraris que había regalado al rey Juan Carlos Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái. Tras una primera subasta que quedó desierta, los dos coches fueron subastados en 2017 por 443.842 euros que pasaron a las arcas públicas. Puede parecer una cifra ridícula comparada con las que se barajan ahora, pero siempre será mejor que nada y viene a cuento recordar el episodio.

Soy de los que valoran y defienden con énfasis el papel de Juan Carlos de Borbón ante la embestida del 23-F y en la construcción de la democracia. Pero no se puede defender lo indefendible: la ristra de irregularidades que le han permitido amasar desde la jefatura del Estado y a espaldas de Hacienda una fortuna de difusa procedencia, con evidentes daños para su prestigio y el de la Corona. No es asunto menor ni asunto que afecte solo a la Familia Real. Las demás instituciones deben también actuar para aclarar los hechos y revisar las leyes, de modo que la jefatura del Estado nunca más genere noticias semejantes.

¿Qué puede hacer mientras tanto el rey para a salir del embrollo donde lo ha metido su padre? ¿Y qué puede hacer el emérito para reparar el desaguisado, aparte de esas regularizaciones fiscales que avivan aún más el escándalo?

Lo tienen bastante crudo, la verdad. Tan crudo que ni siquiera me atrevo a hacer una modesta proposición, solo una tonta pregunta: si Juan Carlos I pusiera todo su patrimonio a disposición del Estado, como hizo en 2014 con los dos Ferraris, ¿mejoraría en algo su imagen histórica y las expectativas de su heredero? No sé si es posible ni sé si es demasiado tarde, pero ahí queda eso.