El presidente Ortega está firmemente determinado a imponer su propia concepción sistemático-política, la cual ha estado discurriendo entre el “parlamentarismo” y una “democracia directa”. Sin embargo, más de algún analista político, encasilla teóricamente el actual sistema gubernamental nicaragüense dentro del “semipresidencialismo” o “semiparlamentarismo”, esto, en base a las reformas constitucionales de 1995, aunque, la más apropiada calificación correspondería a un sistema absolutista, casi monárquico, desinstalando el moderno Estado de Derecho y retrocediendo a un Estado de Facto.

Sus numerosas violaciones al ordenamiento jurídico nicaragüense han sido favorables para este proyecto político. En contraposición, una actitud ciudadana indiferente, de escasa beligerancia participativa en las marchas convocadas por la sociedad civil en protesta ante la entronización de una nueva dictadura familiar, confirmada por afirmaciones públicas de otro ex dirigente sandinista, el ex ministro del Interior, Tomás Borge Martínez, referentes a que, en Nicaragua “habrá sandinismo hoy, mañana y siempre”, nos vislumbra una nuevo avance dinástico innegable.

Esfuerzo, sufrimiento y martirisidio en vano, de más de 50 Mil jóvenes nicaragüenses, durante la lucha popular armada en contra de la dinastía somosista, encabezada por lo que toda organización marxista o de izquierda denomina “vanguardia”, que para este caso específico, correspondió al “Frente Sandinista de Liberación Nacional” (FSLN). Sin embargo la praxis política de toda “vanguardia”, se ha traducido invariablemente en una representación desvirtuada con posterior usurpación del poder popular.

De 1990 al 2007, Daniel Ortega ejerció férrea oposición a los incipientes gobiernos democráticos de los ex presidentes Violeta Barrios (1990 - 1997), Arnoldo Alemán (1997 – 2002) y Enrique Bolaños (2002 - 2007), electos estos en justas, honestas y transparentes elecciones, sin entender hasta el presente el comandante Ortega que, el cargo de presidente de la república, usurpado preparatoriamente mediante el trabajo conspirativo, infiltrativo y operacional, de fieles operadores políticos en el Consejo Supremo Electoral, durante las elecciones municipales de Nov-2008 en lo que denominaron, “Operación Danto 2008” (http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2008/11/17/nacionales/89669), y, en Nov-2011, el descarado fraude electoral, ya con las anteriores estructuras electorales consolidadas, no constituye un cheque en blanco con el que se tenga vía libre de gestión gubernamental, sino más bien, la oportunidad de un ejercicio Administrativo Estatal en bien de la mayoría y de las minorías sociales de nuestra nación; de un manejo responsable y transparente de los recursos económicos, naturales y humanos de la patria de Augusto César Sandino, Rubén Darío, Andrés Castro y de tantos otros héroes y mártires sobresalientes en hacerla brillar y dignificar. Más bien, el presidente Ortega, creyéndose un iluminado, predestinado, infalible e imprescindible líder, ha estado eludiendo el parecer de sus conciudadanos y esforzándose en imponerles, esquemas organizativos comprobadamente infuncionales, antidemocráticos y discrepantes con la idiosincrasia nicaragüense, repitiendo errores metodológicos cometidos durante la primera fase “revolucionaria” (1979-1990), los cuales debieron superarse a fin de mejorar los futuros sistemas gubernamentales.

Un Sistema de Gobierno muy semejante al planteado en “El Libro Verde” de Muammar El Gadhafi; un tipo de socialismo teórico que el líder libio impuso a su pueblo desde 1969 hasta su ajusticiamiento en 2011, resultando en una praxis política dictatorial y que, Don Daniel Ortega, ha estado adaptando desde su anterior período presidencial (2007-2012), y ampliándolo en este segundo período presidencial inconstitucional (2012-2017), respaldado operativamente por una atemorizante y eficiente maquinaria estatal-partidaria, conformada por los “Consejos del Poder Ciudadano” y los emplanillados-carnetizados de las Instituciones Públicas Partidizadas, los primeros, seducidos por el ejercicio del poder político, y los segundos, gestores “voluntariaos” por temor a perder sus empleos; ambos sectores, fieles a los intereses particulares de la pareja gobernante antes que a los intereses nacionales.

Un Sistema de Gobierno muy semejante al planteado en “El Libro Verde” de Muammar El Gadhafi; un tipo de socialismo teórico que el líder libio impuso a su pueblo desde 1969 hasta su ajusticiamiento en

Un sistema político y socio-económico, antagónico con el status quo empresarial nicaragüense, en el que los asalariados de este socialismo gadafista, teóricamente deberían constituirse en socios dentro del conglomerado de empresas, lo que indudablemente, provocaría reacciones enconadas, sobre todo, de aquellos empresarios “sandinistas” que, casi seguramente presionarían dentro de la cúpula oligárquica danielista, a fin evitar cualquier implementación contrapuesta a sus intereses y privilegios, a los cuales, no estarían dispuestos a renunciar tan fácilmente.

Los demás empresarios no sandinistas, reaccionarían análogamente, sintiendo que: (a) Se les están violando sus derechos políticos y económicos; (b) Sustrayéndolos forzadamente de un sistema político y socio-económico al que ya se habían acomodado y que les es preponderantemente prerrogativo, diseñado para enriquecerlos a costa de la explotación de la amplia e inestable base social conformada por modernos esclavos asalariados; y (c) Obstaculizando su desmedido enriquecimiento.

Si los funcionarios estatales de máxima jerarquía fuesen verdaderos sandinistas, deberían apegarse a los ideales de Sandino y una praxis de equidad social favorable a aquellos jornaleros mantenidos en un laberinto de sufrimiento, pobreza e insolvencia de sus necesidades; a pesar de todo, por causa de empresarios nicaragüenses (sandinista y no sandinistas; revolucionarios y no revolucionarios; de derecha o de izquierda) y hasta por causa de instituciones estatales rectoradas mediante cuadros con supuesta alta conciencia político-social, hasta el presente, estos continúan implementando políticas remunerativas insatisfactorias para una vida humana digna a estos jornaleros del más bajo escalafón salarial, lo que ni siquiera les permite adquirir todo lo estipulado en la canasta básica. Más lamentable, es la situación económica de otros sectores laborales nicaragüenses, donde con costo, se les reconoce un salario mínimo, muy por debajo del Costo de la Canasta Básica.

Entonces, ¿dónde queda el supuesto sandinismo, socialismo, cristianismo o calidad revolucionaria de estos inhumanos empresarios y, de los susodichos jerarcas estatales? Es cómodo decirse sandinista cuando se cuenta con jugoso salario, excelentes viáticos y generosos bonos; asignación de vehículo estatal y cuota generosa de combustible; facilidad para vacacionar a lo grande, dentro o fuera de Nicaragua, con holgado soporte económico para ello; tarjetas jugosas de crédito; es decir, cuando se disfruta de una vida rodeada de todas las comodidades y facilidades.

La actual situación política nicaragüense, puede sintetizarse así: (a) Un presidente de facto empecinado en creer que él y su consorte, están predestinados a mandar indefinidamente y a decidir por nicaragüenses ineptos y olvidadizos de la historia nacional; (b) Una dirigencia política opositora desarticulada e indecisa; (c) Una conforme empresa privada que, continúa obteniendo grandes beneficios económicos y, conservando los mismos privilegios provenientes de la inmisericorde explotación laboral a través de salarios inhumanos e indignos; y (d) Dirigencias sindicales que en casi todas las instituciones públicas han sido copadas por activistas danielistas, ciegos, sordos, mudos y cómplices, ante el despido de miles de trabajadores públicos que según Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), llegaban a 23, 609 (El Nuevo Diario -- 12/JUN/2012), a los cuales generalmente, no se les cancelan en tiempo y forma, las respectivas prestaciones laborales a las que legalmente tienen derecho.

Sus numerosas violaciones al ordenamiento jurídico nicaragüense han sido favorables para este propósito, y, en contraposición, una actitud ciudadana indiferente, de escasa beligerancia participativa