La obligación legal de retirar los símbolos que ensalzan la dictadura no termina de cumplirse en España y son muchos los pueblos y ciudades del estado en que el olvido es la ley. En Euskal Herria, tiempo después de que la comisión técnica formada por miembros de Eudel, de Aranzadi y del propio Ejecutivo vasco elevara su informe técnico -en el que se recomendaba la retirada de los escudos, insignias, placas y demás restos de la dictadura franquista- no se han retirado muchos vestigios.

"La existencia de la simbología franquista en el Estado español acredita una actitud insumisa" respecto a la Ley de Memoria Histórica. La consideración que las excepciones vinculadas al valor "pretendidamente histórico, artístico o sacramental" de dichos símbolos no justifican su pervivencia. El diputado del PNV Olabarría argumentó hace tiempo en el Congreso, que el PP no está en la tesitura de prescindir de 800.000 eventuales votantes enmarcados en un "franquismo nostálgico y residual" que siguen votando al Partido Popular por ligeros gestos simbólicos, como apuntan los sociólogos.

La Ley de Memoria Histórica establece que “las Administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. El problema surge en la aplicación de esta normativa en los ayuntamientos pequeños -el 72% de los municipios españoles tiene menos de 2.000 habitantes- donde las costumbres y el tradicionalismo están más arraigados, ligados a una población envejecida que, en muchos casos, vivió la Guerra Civil en alguno de los dos bandos.

No es de extrañar, por tanto, que la mayor parte de las calles con nombres de estos nueve personajes franquistas se encuentren en provincias de las dos Castillas y Extremadura, con una población rural localizada en municipios de pequeño tamaño. El liderazgo de Toledo en este apartado se explica además por el simbolismo que tuvo la defensa del Alcázar, encabezada por el general Moscardó, en el ideario de la provincia.

Hay 175 localidades españolas que mantienen calles con nombres tanto del dictador como el de José Antonio Primo de Rivera el líder de la Falange, de acuerdo al análisis del callejero del Censo Electoral realizado por El Confidencial . En total, España todavía cuenta por lo menos con 317 vías en recuerdo de Franco. José Antonio Primo de Rivera le supera con 373.

Para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, recientemente Madrid gracias a la acaldesa Carmena aprobó en pleno el cambio de nombre de treinta calles que evocaban la Dictadura. La Coruña ya ha modificado la denominación de las vías en recuerdo de los generales Mola y Millán Astray.

Pero a pesar de una ley con casi 10 años, muchas localidades aún mantienen calles con nombres de personajes y de la simbología franquista. Si tomamos a los principales protagonistas  del golpe de Estado del 18 de julio 1936 (Franco, José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y los generales Mola, Queipo de Llano, Moscardó, Sanjurjo, Varela y Millán Astray), vemos que 637 municipios (casi el 8%) tienen al menos una vía con alguno de estos nueve nombres. Cuarenta y un años después de la muerte del Caudillo, 1.171 calles de toda España siguen haciendo referencia a estos personajes fachas. El "Santuario" facha sigue en pie, desafiante.El 75% de estas vías se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes, generalmente ubicados en ambas Mesetas. Así, por ejemplo, los 214 vecinos de Frades de la Sierra (Salamanca) pueden pasear por las calles Generalísimo, José Antonio, General Mola, etc..como antes.

El caso de Leon respecto a la actitud oficial se puede considarar como prototipo del ambiguo respeto del gobierno del PP hacia la Ley de Memoria Histórica

La cruz de los caídos de León fue el primer monumento franquista en caer. Y lo hizo en plena dictadura. Un caso único. Hace 50 años. "Temían que hubiera un cambio con violencia, así que aprovecharon las obras de reforma de la plaza de San Isidoro para quitar la cruz", cuentan los hermanos Seoane, quienes, con su padre Andrés y su tío Manuel, participaron en el desmontaje del monumento fascista y en la erección de la columna trajana, que conmemora el 1.900 aniversario de la fundación de la Legio VII. En la muralla romana de San Isidoro se habían encontrado los restos romanos más antiguos de la  región y se iba a celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad por la Legio VII. Y  fue entonces la excusa. Pero hoy hay una ley no se necesita una excusa. Los hermanos Seoane aseguran que quienes tenía poder en estas cuestiones en León era el obispo, Luis Almarcha, procurador vitalicio en las cortes franquistas, y el arquitecto José Menéndez Pidal.

Desde entonces, aseguran los maestros canteros, "hemos quitado unas cuantas cruces de los caídos y no ha habido más polémica en León. Aquí nadie dijo nada". El sentido práctico se impuso a la pleitesía al régimen. Los tecnócratas tomaron el poder en la España de los años 60. En León se confabularon las arrolladoras personalidades de dos miembros de la curia, como Viñayo y Almarcha, ambos amantes del patrimonio y los acontecimientos históricos.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, obliga a las administraciones públicas a "tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión del régimen".

Se cumplen 41 años de la muerte del dictador y aún perviven muchos monumentos, placas y calles con simbología y nombres franquistas en España y por supuesto en en la provincia de León. "Todo símbolo que tenga una identificación con la dictadura no debería existir. Se debería cumplir la ley de memoria histórica pero al Estado no le ha interesado seguir con este tema", comenta el historiador y profesor de la Universidad de León, Javier Rodríguez.

"Es glorioso morir por la patria", reza el monumento levantado en Castrocontrigo en honor a los caídos que murieron luchando en el bando sublevado, llamado "nacional" por el régimen facha. Debajo del nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, figuran los de cuatro vecinos que perecieron en la contienda. No me importaría poner otros nombres de fallecidos en el bando republicano, pero no sabemos de nadie", comentó el alcalde, Aureliano Fernández, del PP. Probablemente miente. Porque en Pinilla de la Valdería fueron encontrados en una fosa unos restos que se identificaron los del joven de 19 años, Feliciano Marcos Brasa, secretario de Juventudes Socialistas natural de Destriana, municipio limítrofe.

"Las heridas están cerradas", sentenció el alcalde, que pretendía justificar la permanencia del escudo falangista porque "no hay demanda social que exija su retirada". Y miente porque cuando se abrió la fosa, según Marcos González, miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), pidieron la retirada del escudo de la Falange.Y elalcalde calló. Las heridas se están cerrando en falso, con cosidos de hilo azul.

Al otro extremo de la provincia, en Prioro, la derecha mantiene otro espectacular monumento a los caídos. "Se hizo en 1939 por  suscripción popular. No lo hizo el ayuntamiento", comenta el alcalde, Francisco Rodríguez Escanciano. Están escritos todos los nombres de los soldados que murieron en el bando sublevado durante la guerra civil, unos seminaristas que fueron fusilados en El Escorial y otro joven soldado que falleció en accidente cuando regresaba a casa. En total, unas 36 personas". "Como en Castrocontrigo, aquí tampoco el pueblo "nos ha interpelado para retirar el monumento", explica. El alcalde Escanciano reconoce que aunque no ha leído la ley de memoria histórica pero "hay que considerar que muchos ciudadanos comunes lucharon en el bando que les tocó, y en todo caso habría que recordar los nombres de los muertos de los dos bandos", precisa.

En base a la ley, la ARMH, pide a los alcaldes "que pongan de manifiesto la suficiente consistencia democrática para demostrar respeto público para todas las víctimas de la violencia franquista. Hacerlo es reconocer a quienes creyeron en la libertad y fueron perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados por la dictadura". Según en que sitios no encuentra mucho eco.

Como en León la localización de calles franquistas en núcleos urbanos es muy habitual en España, incluso en los municipios de gran tamaño. De hecho es normal que estas vías se encuentren en barrios. Con requerimientos, o sin ellos. Pese a advertencias legales, la realidad es que  Castilla y León son de las comunidades autónomas que más se resisten a asumir a la Ley de la Memoria Histórica, en vigor desde hace 9 años. Una Ley que obliga a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, etc..

El abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, está denunciando en diversos juzgados de esa regiones el incumplimiento de la normativa. Y lo está haciendo de forma clara contra los alcaldes que no están tomando las medidas para que cumpla la ley, “por la comisión de un delito de la desobediencia y denegación de auxilio” y subsidiariamente “de la comisión de una falta contra el orden público”.

Sin embargo, según las denuncias no sirven y la realidad es que la mayor parte de los pueblos de Castilla y León,   continúan con calles de nombres falangistas famosos o con monumentos o con recuerdos de aquella etapa. O cruces.

Los casos más conocidos son los de Valladolid y Salamanca. En la primera de ellas un Juzgado ordenó la retirada de una docena de nombres de calles y de un puente que cruz el Pisuerga. Lo hizo y el Juzgado consideró que ya era suficiente. Pero el Ateneo Republicano hizo un informe en el que se especifica una treintena de símbolos franquistas, “todavía siguen igual".

En el caso vallisoletano llama la atención el megalómano monumento a Onésimo Redondo, en el Cerro de San Cristóbal que sigue en pie, aunque el Ayuntamiento de Valladolid concedió un presupuesto de 108.000 euros para su desmantelamiento se fijó y cuyo destino será el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.

En la capital salmantina el olvido de la Memoria Histórica es la ley. La Plaza Mayor todavía luce el escudo de Franco. En uno de los parques de Salamanca aun pervive el monumento a la fusión de las dos Falanges. Una de las plazas en el barrio histórico de la ciudad se sigue llamando de los Caídos.Yen la provincia salmantina, ocho pueblos mantienen el nombre de calles franquistas. El abogado Ranz lo ha denunciado en vano, pero lo peor es que Burgos y Medina del Campo se han sumado al nuevo franquismo.

¿Y qué pasa en Euskadi? La voluntad del Ejecutivo es retomar el tema, aunque no se prevé cuando actuará de lleno, según fuentes gubernamentales. El plan para actuar ya está redactado por la comisión técnica y en el se incluyen las recomendaciones para actuar ya. El PNV  presentó en 2015  una moción en el Senado para exigir al Gobierno español la aplicación de la Ley de la memoria histórica aprobada en 2007 y el desarrollo de medidas concretas como un censo de símbolos y leyendas franquistas, la apertura de los archivos de las cárceles y la investigación de los “graves crímenes” cometidos durante la guerra civil y el franquismo. “Hacerlo sobre la base de la clarificación del pasado, la búsqueda de las personas desaparecidas y el apoyo a las familias a la hora de recuperar los restos de sus seres queridos”, afirma el grupo jeltzale en la iniciativa, que será debatida en el Pleno que empieza hoy.

Los nacionalistas vascos recogen unas palabras del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, quien afirmó  hace tiempo que “no hay herida más grande” que la guerra de 1936 y que ni este Gobierno “ni ningún otro nunca, nunca, se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea”.Explica el grupo vasco que con la moción quiere buscar un “texto acordado entre todos los grupos” para “reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas”, que debe ser la prioridad del Estado de derecho. “Entendemos que es imprescindible reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar”, aseguran los vascos.

La moción está dividida en seis puntos. En el primero, se recuerda la necesidad defendida por la ONU de promover la verdad, la justicia, la reparación “y las garantías de no repetición”. Partiendo de este contexto, el PNV insta al Gobierno a que se investiguen “los graves crímenes perpetrados por los sublevados durante la Guerra Civil y el franquismo”, clarificando el pasado y ayudando a buscar a los desaparecidos. También plantea que el Ejecutivo trabaje para que “las víctimas y asociaciones de víctimas se sientan suficientemente reconocidas y reparadas” y para que los próximos Presupuestos  tengan recursos suficientes para aplicar la Ley de la memoria histórica.

La comisión recomienda la "retirada" del escudo de la  Delegación de Hacienda española de Bizkaia, en la Plaza Moyúa,   pese a estar "incluido en los catálogos de interés cultural" admite, "teniendo en cuenta el impacto social que genera su presencia en el espacio público, al suponer una "exaltación del régimen.". La comisión recomienda que debe "prevalecer una valoración ética de su presencia pública sobre los valores esteticos que pudiesen argumentarse para defender su mantenimiento, optándose por la retirada" y el de la Subdelegación del Gobierno en Vitoria. El plan recuerda también el escudo de gran tamaño situado en el interior de la Catedral Nueva de la capital alavesa, que está en el acceso al Museo Diocesano de Arte Sacro, "apoyado por la Diputación Foral de Álava".La gente exige "la retiradade la arquitectura que se tuvo que tolerar", sin más consideraciones técnicas o artísticas al respecto, al cumplirse los requisitos legales necesarios" y sobre el escudo de la Catedral de Vitoria plantea su "retirada y su traslado a un museo en el mejor de los casos".La Comisión debe actuar en Euskal Herria en coordinación con los municipios donde persista este tipo de simbología, tanto en el callejero municipal y en las placas de las viviendas, como en los denominados "símbolos singulares".

Muchos monumentos, placas y calles con simbología y nombres franquistas en España siguen vigentes

El proyecto de la  Delegación de Haciendal, lo realizó el arquitecto Antonino Zobaran entre 1942 y 1953. El concepto de este estilo concierne a la arquitectura del régimen franquista en su primera fase, que se prolonga entre 1939 y 1959. Este período se caracterizó por la imposición de una dictadura falangista que marcaba pautas a seguir en todos los ámbitos: sociales, económicos, artísticos, etc.; en lo que se refiere a la arquitectura en particular propugnó como estilo oficial del régimen, el estilo nacional, que se caracterizó fundamentalmente por la recuperación de la arquitectura imperial española del siglo XVI, y del clasicismo.Los dos enormes escudos situados en la fachada del edificio de la Agencia Tributaria, en la plaza Moyúa de Bilbao, parecen una pedrada en la cabeza de quienes tuvieron que soportar esos años nefastos y la Ley de la Memoria Histórica debe ser en este caso implacable sea cualquiera el criterio artístico del Gobierno Vasco.

Esta arquitectura tuvo afortunadamente escaso eco en Bizkaia con excepción de edificios oficiales como el que nos ocupa, o grupos de vivienda de iniciativa estatal, así por ejemplo los de la Obra Sindical del Hogar. En la arquitectura privada, en cambio, la línea dominante fue la continuación del racionalismo de anteguerra. Zobaran marchó a Almería y regresó a Bilbao en 1939, al finalizar la Guerra Civil, en razón de su nombramiento como arquitecto de la Hacienda Provincial. El diseño de Zobaran cumplía la monumentalidad enfática exigida para cumplir la obligación de seguir el estilo oficial del régimen de Franco. La expresión más acabada del concepto de la arquitectura oficial de la época, la encontramos en la utilización de la piedra de sillería de granito para los muros, por estar este material considerado como un emblema del  credo arquitectónico del régimen.

Sobre la designación de hijos adoptivos o predilectos a Franco, se recomienda "revocar todos los acuerdos de concesión de Medallas de Oro, de nombramientos como hijos adoptivos o predilectos de todos los personajes vinculados a la dictadura franquista. En cualquier caso, el catálogo de vestigios elaborado por un anterior Ejecutivo ya apuntaba que aunque se proceda a su retirada, "nunca debería llevarse a cabo su destrucción, porque representan una herramienta de trabajo para el investigador, quien es, en definitiva, el encargado de divulgar lo sucedido en aquella etapa".

El cambio de nombre de las calles franquistas afectará a la vida diaria de los vecinos, como al domicilio postal. Los vecinos tendrán que adaptarse a los nuevos nombres, pero también a los mapas digitales, los GPS y los buscadores de internet.

El cambio no ha sido automático. Hay villas que han que han  realizado el cambio de nombre de las principales vías de la localidad afectadas. En una de ellas la Avenida del Generalísimo ahora se llama Los Soportales y la Plaza José Antonio, Plaza Mayor del Fuero. Mientras Google Maps ya recoge la nueva denominación, Bing Maps aún identifica la antigua. El GPS puede jugar más de una mala pasada en una de las ciudades más turísticas del Norte de España.

El callejero del Censo Electoral, publicado por el INE, recoge todas las vías de España. A partir de esta base de datos con más de 871.000 registros, se realizó una búsqueda de las siguientes personalidades franquistas: Francisco Franco: dictador y caudillo de España, fue Jefe de Estado desde la Guerra Civil hasta su muerte en 1975. Los términos de búsqueda fueron ‘Francisco Franco’, ‘Generalísimo’, ‘General’ y ‘Caudillo’. Se descartaron las vías denominadas ‘Franco’ por su generalización.

José Antonio Primo de Rivera: hijo del que fue antes dictador Primo de Rivera, él fue y líder de la Falange y de las JONS. Los términos de búsqueda fueron ‘José Antonio Primo de Rivera’ y ‘José Antonio’. Se descartaron las vías denominadas ‘Primo de Rivera’ al  ser imposible identificar si hacen referencia a él o a su padre.

Emilio Mola: general y uno de los organizadores del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, falleció en junio de 1937 en un accidente aéreo. Los términos de búsqueda fueron ‘Emilio Mola’ y ‘General Mola’. Se descartaron las vías denominadas ‘Mola’ por su generalidad.

Gonzalo Queipo de Llano: general que dirigió el golpe de Estado en Sevilla. El término de búsqueda empleado fue ‘Queipo de Llano’.

José Moscardó: militar español que encabezó la defensa del Alcázar del Toledo. Los términos de búsqueda fueron ‘José Moscardó’ y ‘General Moscardó’. Se descartaron las vías denominadas ‘Moscardó’ por la razón mencionada antes.

José Sanjurjo: protagonista de un golpe de Estado en 1932 y organizador del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, falleció el 20 de julio de ese mismo año en un accidente aéreo. Los términos de búsqueda fueron ‘José Sanjurjo’ y ‘General Sanjurjo’. Se descartaron las vías denominadas ‘Sanjurjo’ por su generalidad.

José Enrique Varela: militar español, fue nombrado ministro del Ejército una vez concluida la Guerra Civil. Los términos de búsqueda fueron ‘José Enrique Varela’ y ‘General Varela’. Se descartaron las vías denominadas ‘Varela’ por la razón dada.

José Millán Astray: militar español y fundador de la Legión Española. El término de búsqueda empleado fue ‘Millán Astray’.

Ramiro Ledesma Ramos: uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), que posteriormente se fusionaron con la Falange. El término de búsqueda empleado fue ‘Ramiro Ledesma’.

Tras esa primera filtración, se realizó una primera limpieza de la base de datos resultante, eliminando aquellos registros cuya identificación con los nueve personajes elegidos era dudosa. Asimismo, se quitaron aquellas vías complementarias a otra ya existente de orden superior con el mismo nombre en la misma localidad. Por ejemplo, cuando ya aparece en un municipio la calle Generalísimo, no se incluye el callejón o la travesía Generalísimo de la misma localidad.

Pese a que el INE señala que el callejero del Censo Electoral está actualizado a julio de 2015, la base de datos contiene nombres de vías que han sido modificados en los últimos años. Por ejemplo, en el archivo original sigue apareciendo la Plaza del Caudillo en Palma de Mallorca, que desde agosto de 2008 se llama Plaza de Son Castelló. Esta denominación no aparece en el callejero del Censo Electoral del INE.

Para subsanar estos errores, se realizó una búsqueda en Google Maps, Bing Maps e internet de aquellas calles franquistas ubicadas en municipios de más de 2.000 habitantes. En caso de duda, se procedió a su eliminación de la base de datos utilizada para esta noticia. También se borraron las vías que han cambiado de nombre recientemente, como en La Coruña o San Vicente de la Barquera.

Todos los datos utilizados para esta información se pueden encontrar en el ElConfidencial. LAB en GitHub. En caso de algún error o ausencia, no dude en ponerse en contacto con datos@elconfidencial.com

Otra cosa es el tema de los símbolos, que son los que los que se utilizaron como referente visual para identificar  al régimen franquista y a las personas y organizaciones que marcaban la apropiación simbólica de lugares emblemáticos, muchos de ellos utilizados como espacios de la memoria. Se usaron siguiendo  las más modernas técnicas de propaganda -inspirándose en las del fascismo y luego, las del nazismo alemán-para conseguir una presencia abrumadora en todos los ámbitos públicos y privados: banderas, escudos, efigies, monumentos, sellos, medallas, insignias, uniformes y distintivos de todas clases. Incluso los asientos del lo transportes público fueron exclusivos y sirvieron para marcar el recuerdo del Glorioso Alzamiento y Cruzada: un cartel que decía: “Reservado para caballeros mutilados“.

La falta de legitimidad democrática del régimen de Franco obligó a buscar legitimidades alternativas de corte carismático, tomadas del fascismo italiano o el nazismo alemán. La ausencia de crítica interna y la censura hábilmente manejada por la organización “Prensa y Propaganda” utilizó los contrapesos entre las distintas y a veces antagónicas familias del régimen). Desde muy temprano, eliminado el general Mola y Sanjurjo y muerto Queipo,   desde muy temprano un verdadero monopolio al culto a la personalidad del Caudillo.

Tras la exaltación de Franco a la jefatura del Estado, apropiándose de los iconos desarrollados en  años anteriores por Falange Española de las JONS, a la que se sumó la de los carlistas o tradicionalistas  e incluso la propia del Ejército (en especial de algunos cuerpos particularmente vinculados a Franco, como la Legión Española) o la “gloriosa” Infantería. De hecho, se unificó por fusión a los falangistas y carlistas, llamando a la mezcla la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), más conocida como Movimiento Nacional fusionando también el uniforme que sumaba a la camisa azul falangista, la boina roja carlista y los correajes militares (que ya se utilizaban con anterioridad, marcando el carácter paramilitar de la Falange); también incluyó al principio una corbata negra como luto por José Antonio, que usaban por cierto  las Juventudes Hitlerianas. Era formalmente un uniforme multicolor pero obligatorio durante todo el periodo de la dictadura de Franco.

A pesar de la retirada de algunos de estos símbolos en los primeros años de la Transición destacadamente los grandes emblemas de yugo y flechas de la emblemática Casa Sindical (torre de ladrillos construida en estilo racionalista frente al Museo del Prado) y de la sede central del Movimiento en la calle Alcalá de Madrid o la recuperación del nombre de calles (por ejemplo, en Madrid, la Gran Vía, hasta entonces avenida de José Antonio, o el paseo de la Castellana, hasta entonces avenida del Generalísimo) muchos de ellos permanecieron, y en parte la simbología franquista sigue presente aún hoy, más de cuarenta años después de la muerte de Franco. La ley denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, establece la retirada de estos símbolos, obligando a las instituciones públicas a ello, y privando de ayudas públicas a las instituciones privadas que no las retiren. Fue objeto de particular redacción lo referente a los símbolos que puedan afectar a la Iglesia católica, introduciéndose una salvaguarda por razones religiosas, junto a la que exceptúa a los monumentos con valor artístico.

Durante el golpe de Estado de julio de 1936 (el Alzamiento Nacional), la mayoría de las fuerzas militares sublevadas usaron la bandera tricolor rojo, amarillo y morado de la República con el escudo de armas de rigor, la  “tricolor” con el escudo de la corona mural, fueron aprobados por la Constitución española de 1931. Sin embargo, los alzados sobre el terreno operacional se dieron cuenta de la confusión que se creaba a la hora de distinguir sus unidades golpistas de las del bando republicano, especialmente en  combates aéreos y navales. Por otra parte,   los tradicionalistas y requetés en Navarra exigieron, con Mola al frente querían que sus tercios  fueran encabezados por la bandera “rojo y gualda” o bien, con una blanca en la que se cosía aspas rojas, llamadas de borgoña o de San Andrés, incluyendo una diversidad de emblemas entre los que había una mezcla de simbología monárquica y religiosa, esta última inspirada en el culto al Sagrado Corazón. El gobierno de la Junta de Defensa Nacional resolvió esta situación en cuanto al capítulo de banderas, mediante el Decreto de 29 de agosto de 1936, firmado por el veterano general Miguel Cabanellas Ferrer, que restablecía la bandera roja y gualda.

Curiosamente, no se hizo referencia ni a las dimensiones ni al escudo, de manera que las fuerzas fachas emplearon multitud de escudos distintos. Para resolver esta situación, la Junta completó el Decreto con la Orden de 13 de septiembre de 1936, firmada por el coronel Federico Montaner, por la que se establecía que las formas y dimensiones de las banderas de las unidades del Ejército fueran las mismas de antes de la proclamación de la República y que el escudo fuera el republicano. Finalmente, y tras considerar las pretensiones de la entonces influyente Falange, un nuevo diseño para el escudo fue formalmente descrito y regulado por el Decreto nº 470 de 2 de febrero de 1938 firmado por el general Franco.

El escudo entonces representativo del bando sublevado y de su ideología, popularizado como el “escudo del águila“, sería impuesto al término del conflicto como escudo nacional de España, incluso tras algunos ligeros retoques técnicos aprobados en 1945, no solamente durante el periodo del régimen franquista propiamente, sino también durante el periodo de la Transición democrática hasta 1981, si bien que con ciertas modificaciones de valor simbólico aprobadas en 1977.

El Águila presente en el escudo de Franco no es un símbolo original del régimen, sino que era ya utilizado en las armas de los Reyes Católicos. Éste era el Águila de San Juan que Isabel la Católica incorporó como soporte al escudo por la devoción al evangelista con la que la soberana añadió el lema sub umbra alarum tuarum protege nos («protégenos bajo la sombra de tus alas»). Incluso se hizo coronar reina de Castilla el día de su festividad. Se utilizó una heráldica semejante a la empleada por los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Aragón-Sicilia por las de Navarra, se añadieron las Columnas de Hércules y la divisa Una, Grande y Libre.