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La sentencia contra Otegi por injurias al Rey fue "desproporcionada"

15/03/2011 14:57 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Estrasburgo condena a España por violar la libertad de expresión

La sentencia contra Otegi por injurias al Rey fue "desproporcionada"

EFE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber impuesto una condena "desproporcionada", un año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003, a Arnaldo Otegi, al que tendrá que indemnizar con 23.000 euros. Según la sentencia, "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

El 26 de febrero de 2003 Otegi dijo que el Rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia". Lo hizo el mismo día en que Don Juan Carlos inauguraba una central eléctrica en Vizcaya, junto al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe. Era entonces portavoz del Grupo Sozialista Aberzaleak en el Parlamento Vasco.

El TSJ exculpa pero el Supremo condena

El TSJ del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable porque "la crítica de una institución constitucional está amparada por el derecho a la libertad de expresión", aunque las manifestaciones eran "claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad". El Ministerio Fiscal recurrió y el Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión como "autor de un delito de injurias graves al rey", en una sentencia de 26 de octubre de 2005. El Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo presentado por Otegi y señaló que sus palabras atribuían al jefe del Estado "una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de derecho".

Debate libre

Otegi, defendido por los abogados Didier Rouget y Jone Goiricelaia, presentó su demanda en Estrasburgo en enero de 2007. La sentencia de Estrasburgo afirma que "el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado". Todo ello, según el texto, debe desarrollarse "dentro de los límites del respeto a su reputación como persona".


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