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La respuesta al informe técnico sobre la cesión de locales para el 1-O por parte del secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha llegado este jueves en forma de aviso. Jordi Cases i Pallarés, secretario general municipal, ha advertido que poner los espacios que se utilizan habitualmente como centros de votación comportaría "un incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional". Por ello, usar dichos colegios podría suponer a las personas infractoras "responsabilidades de todo orden, de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal".
El documento, al que ha tenido acceso este medio, recuerda que el Ayuntamiento y sus trabajadoras quedan "vinculados" por el mandato del Constitucional de no realizar actuaciones "que permitan la preparación o celebración del referéndum".
La respuesta del secretario municipal era una de las máximas de la alcaldesa, Ada Colau, a la hora de decidir si ceder o no los locales del consistorio. Si bien el secretario municipal desaconseja el uso de los espacios habituales, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat ?apuntan fuentes municipales? siguen en conversaciones para ver cómo garantizar la votación del próximo 1 de octubre sin comprometer a los trabajadores municipales.
Así lo ha expresado también Ada Colau vía redes sociales pocos minutos después de darse a conocer el resultado del informe técnico encargado por la propia alcaldesa. Según Colau, el consistorio cumplirá su "compromiso" de facilitar la participación "sin poner en riesgo a los trabajadores". El mismo mensaje de la alcaldesa ha sido contestado por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con un escueto "buena noticia".
Complim el nostre compromís: a Barcelona l'#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics
? Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2017Con el propósito que los barceloneses puedan participar del referéndum el próximo 1 de octubre, una de las vías que el Gobierno municipal explora es la de que sea la propia Generalitat la que disponga sus locales para la votación. "La gran mayoría son de la Generalitat", aclaró Pisarello este martes. El consistorio destacó que, de los 260 colegios (más de 1.300 mesas electorales) que se utilizan en unas elecciones regulares en la capital catalana, un "70% no serían cien por cien de titularidad exclusivamente municipal".