Las relaciones con Honduras, suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían ser puestas a revisión a partir de hoy por los Estados miembros, aunque la decisión final dependerá de los gobiernos individuales. La OEA alentó a sus Estados Miembros y a las organizaciones internacionales a que "revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras". Bajo los términos de la resolución aprobada este sábado, la revisión de relaciones con el gobierno de facto debería ocurrir en tanto no sea restituido en el cargo el presidente Manuel Zelaya. Aunque no hubo consenso en torno a propuestas de Venezuela y Brasil para cortar toda cooperación bilateral con Honduras, países individuales podrían moverse a suspender la asistencia al país centroamericano. El Pentágono congeló ya las operaciones conjuntas con las fuerzas militares hondureñas, pero la ayuda estadunidense a Honduras supera los 300 millones de dólares, Los fondos incluyen la asistencia de la Oficina de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Cuenta del Desafío del Milenio. La suspensión de Honduras de la Organización de Estados Americanos se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana, que impide la legitimación de gobiernos que asuman el poder por alteración del orden constitucional. La Carta, aprobada en 2001, establece que cuando la Asamblea General constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, tomará la decisión de suspender a ese Estado de participar en la OEA. La suspensión, adoptada al concluir el ultimátum de 72 horas al autoproclamado gobierno de Roberto Micheletti, entró en vigor de inmediato, de acuerdo con el artículo 21 del ordenamiento. Es la primera ocasión en que ha sido activado el procedimiento. La Carta Democrática Interamericana fija, no obstante, que el Estado Miembro objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA, en particular en materia de derechos humanos. Una vez adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado, según el artículo. La invocación del procedimiento fue hecha la semana pasada por el embajador de Honduras en Washington Carlos Sosa, bajo el argumento de que la expulsión del presidente Manuel Zelaya fue una alteración del orden constitucional que afectó gravemente el orden democrático.