Residente en Macao corre peligro de ser ejecutado

Lau Fat-wai, un residente en Macao, Región Administrativa Especial de China parcialmente autónoma, fue detenido en China continental en abril de 2006, acusado de transportar y fabricar drogas y de comerciar ilegalmente con material para la fabricación de drogas.

El 16 de marzo de 2009, fue condenado a muerte por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Guangzhou (sudeste de China). El Tribunal Superior Popular de la Provincia de Guangdong confirmó la condena a muerte el 28 de septiembre de 2011. El caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo Popular, que lo está revisando, y si confirma la condena, podría ser ejecutado en el plazo de una semana.

Otros 13 coacusados en la misma causa fueron declarados culpables de diversos delitos, como fabricación y venta ilegal de drogas y posesión ilegal de armas de fuego, y se les condenó a penas que oscilaban entre tres años de cárcel y condena a muerte con suspensión de dos años.

Lau Fat-wai se encuentra detenido en el Centro de Detención Número 1 de la ciudad de Guangzhou. Sus familiares afirman que las autoridades no les han permitido visitarlo desde su detención, en abril de 2006, y que solo han podido mantener relación con él por carta.

Los juicios con petición de penas de muerte en China no ofrecen suficientes garantías. Son importantes las diferencias entre la ley, la práctica y los compromisos contraídos por el Estado respecto a la defensa y el respeto por las normas internacionales sobre garantías procesales.

Es demasiado frecuente admitir confesiones a pesar de afirmar el acusado ante el tribunal que fueron extraídas bajo tortura, Por lo general, es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, y no al revés, y su acceso a asesoramiento legal es limitado.

En China hay al menos 55 delitos punibles con la muerte, algunos no violentos, como los de narcotráfico. Las estadísticas sobre pena de muerte se consideran secreto de Estado, pero Amnistía Internacional calcula que China ejecuta a miles de personas cada año, y sin duda a más que todos los demás países del mundo juntos.

En enero de 2007 se reanudó la práctica de que el Tribunal Supremo Popular revisara todas las condenas a muerte, que había sido suspendida en 1982. Ahora el Supremo debe revisar todas las condenas a muerte y tiene la facultad de aprobarlas u ordenar una revisión del juicio.

Las autoridades chinas han notificado un descenso en las ejecuciones desde que el Supremo reanudó esta práctica, pero se niegan a publicar estadísticas al respecto, por considerarlas secreto de Estado.

Estudiosos del derecho y funcionarios de justicia chinos han cuantificado en ocasiones el descenso, situándolo entre un 10 y un 15 por ciento al año desde 2007, aunque la aplicación de la pena capital continúa envuelta en el más absoluto secreto, lo cual hace que sea imposible realizar un análisis completo e informado sobre su evolución o determinar si realmente se ha producido esa reducción en su uso. Además, no existen los procedimientos de petición de indulto para los condenados que han agotado todos sus recursos judiciales.