La Residencia que vacunó del Covid-19 a familiares de usuarios y sacerdotes se enfrenta a una sanción administrativa de entre 3.000 y 15.000 euros y se verá si puede haber "no solo posibilidad de infracción administrativa".

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus.

Andradas ha explicado que la Dirección General de Salud Pública, en el marco de sus competencias, ha abierto un expediente informativo, que en estos momentos tiene carácter reservado, sobre lo ocurrido en el centro Casablanca Valdesur, ubicado en Valdemoro.

Además de apuntar que si se determina que se ha producido una infracción administrativa esta podría ser sancionada con entre 3.000 y 15.000 euros, Andradas ha señalado que verán además "si puede haber no solo posibilidad de infracción administrativa".

"En los próximos días podremos conocer cuál es el resultado de este expediente informativo", ha señalado Andradas, quien ha indicado que se va a adoptar una decisión en breve respecto a la administración de la segunda dosis de la vacuna a las personas que han recibido la primera dosis irregularmente una vez se conozca el número exacto.

Además, ha indicado que solo se está investigando esta "irregularidad" en cuanto al no cumplimiento de los protocolos que se han establecido, y ha destacado que el registro de vacunación permite hacer "un control fehaciente" de que las personas son vacunadas de forma adecuada.

En cuanto a los retrasos en la primera fase de la administración de la vacuna, ha reiterado que las residencias "prefieren vacunar cuando están el global de los residentes y trabajadores". Asimismo, ha avanzado que el 17 se empezará a administrar la segunda dosis a las personas que han recibido la primera.