Después de cinco meses de bloqueo en el Parlament, la inestable situación política que vive Cataluña puede volver a la normalidad. En estos momentos difíciles, donde ni el Estado Español, ni el movimiento independentista consiguen llegar a vías de acuerdo, quizá uno de los temas más conflictivos para algunos sectores de la sociedad catalana sea el referente a las consecuencias y responsabilidades de la actuación del artículo 155 aplicado a la Generalitat con las correspondientes represalias judiciales severas que se han impuesto. Casi llegando a tratamiento de terroristas, cuando sólo se han defendido posiciones ideológicas sin violencia alguna, en ocasiones sí, saltando a la ilegalidad, ciertamente, pero la desproporcionalidad del castigo nos ha mantenido en este impasse transitorio y nada provechoso, ni para los intereses catalanes (que son los nuestros también), ni por supuesto para los del resto del país. Todo esto provoca entre otras muchas cosas, por ejemplo, que el descenso de las reservas hoteleras para este verano caigan cerca de un 8% respecto a las del año pasado. Y esto repercute en España también. Porque Cataluña es España.

Resulta equívoco llamar independentistas, peyorativamente, sin más, a políticos, entidades o personas que manifiestan abiertamente su ideario, sin hacer uso de la violencia y que lo único que exigen es una forma de Estado más moderna, mas colaborativa, más dinámica y más sana que la vieja, corrompida y costosa monarquía. Somos muchos los españoles que compartimos ese anhelo. ¿Ser republicano es ahora un delito? Tal vez por eso muchos rancios socialistas han escondido su bandera tricolor en el rincón más recóndito de su corazón. Y la confusión surge porque la imagen aceptada de modelo de Estado ha prevalecido en el imaginario popular en lo que podría llamarse estabilidad política, concepto que han aprovechado los interesados para hacerlo parecer indiscutible, necesario y beneficioso. Y así ha sido, efectivamente, cumplió su misión de manera eficaz, eso es verdad. Ha sido válido desde la transición hasta nuestros días. Pero las sociedades avanzan, las naciones se adaptan a los tiempos presentes. Y aquella denominación aplicada al modelo de Estado que tenemos adornándola con lo de parlamentaria, es sólo algo ya que induce al error, por el sólo hecho de que son muchas las personas que así lo observan. Y no se nos puede meter a todos en el mismo capazo. Pensar en la república como forma útil y adecuada de Estado no es ser un revolucionario, no es ser un disidente, no es comulgar con el independentismo.

Pensar en la república como forma útil de Estado no es ser disidente del resto del colectivo ideológico, no es comulgar con el independentismo

Pero no hay que ser crítico en demasía, más bien tratar de contribuir en la tarea que otros pueblos de nuestra geografía han iniciado y están realizando, señalando los problemas e intentando encontrar soluciones pertinentes. Tal vez, al igual que hicieran los clásicos, habría que considerar de nuevo la posibilidad de introducir la ética como una parte integrante de la política y no judicializarla, como se hace ahora. No es delito, reitero, proponer un modelo de Estado cuyas instituciones limpias faciliten el desenvolvimiento visible, recto y pleno de los derechos, de la igualdad, y del progreso. Y para ello es preciso llevar a cabo unas reformas profundas que reactiven la economía, los servicios sociales, el empleo y todos los demás derechos fundamentales. Porque no creo que nadie pueda negar la evidente, escandalosa y vergonzante desigualdad social, política y económica que hay en nuestro país.

Así que hubiese sido Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull o el ya President Quim Torra, lo prioritario sería sentirse todos responsables y restaurar los valores y virtudes propios de una nación como España, cada uno con su cuota de compromiso y sus ideales, pero con veracidad, con sentido de estado, con sentido de la justicia y con sensatez, acordando, comunicando, proponiendo y tomando decisiones sabias, siempre en defensa de la libertad.

Habría que introducir la ética como parte integrante de la política y no judicializarla como se hace ahora