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República Dominicana. Tras una nueva Ley de Tránsito

03/07/2011 19:56

0 Analisis de la situacion de la seguridad vial en Republica Dominicana respecto al nuevo proyecto de ley sobre Movilidad, Transporte y Transito

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República Dominicana. Tras una nueva Ley de Tránsito.

Ing. Mario Holguín

Fundación Red de la Dignidad –FundaReD-

Rep. Dominicana

Julio3, 2011

La Ley de Tránsito dominicana data de los tiempos de posguerra de abril, hablamos después del 1965. Aproximadamente 45 años de su puesta en vigencia en la República Dominicana, lo cual significa que desde entonces se reglamenta sin querer sobre seguridad vial en nuestro territorio.

La Ley 241 como se le conoce, resulta hoy día obsoleta aunque sigue siendo completa por los temas que contiene; fuera de tiempo, porque el campo vehicular ha crecido enormemente como la red viaria nacional. La población y el desarrollo urbanístico son temas fundamentales que inciden de manera extraordinaria en lo que respecta a la inseguridad viaria, sin que se le ponga freno, también resultan ser dos componentes significativos a tomarse en cuenta para estrenar un nuevo código, ya que se pretende cambiar por otro actualizado.

Los efectos negativos de la violencia vial sobre la sociedad y la economía local son elementos que reclaman una atención especial del gobierno y los legisladores.

La seguridad vial considerada como un tema de política de Estado no parece ser la prioridad en estos momentos en nuestro país, pese a que recientemente el Poder Ejecutivo sometió un Proyecto de Ley sobre Movilidad, Transporte y Tránsito Terrestre.

En este Proyecto de Ley se contempla la Seguridad Vial como una dependencia de un organismo ministerial.

A mi entender, un craso error de ser aprobada en estas condiciones. Pues, la experiencia de los paises que más han progresado en seguridad vial, tienen una estructura con autonomía presupuestaria, autoridad y liderazgo que nadie la discute garantizando el éxito de sus actuaciones. Por demás, tienen estos organismos responsabilidades, deberes y funciones que especifican claramente su compromiso con la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas del Estado en esa materia con un vínculo directo con el Ejecutivo, al identificarse a cabalidad en la implementación de un plan estratégico de seguridad vial acorde con la Agenda de Desarrollo de la Nación .

Partiendo de este último concepto, la República Dominicana tiene la posibilidad y la oportunidad de convertirse en la plataforma por la seguridad vial en Centroamérica y el Caribe, contando con la aprobación pendiente de la Agenda Nacional de Desarrollo y con el prestigio de un centro tecnológico como el ITLA, con el apoyo y colaboración del Indotel y del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI); así como de algunas universidades nacionales, del INFOTEP y de otras instituciones, estimulando el Estado y el sector empresarial, inversiones en investigaciones y conclaves de carácter internacional, se contribuiría consecuentemente al desarrollo turístico si se plantea con estas perspectivas.

El progreso de la seguridad vial esta íntimamente vinculada a la tecnología de la comunicación y la información; pero también, a la investigación, desarrollo e innovación.

Resulta una maravillosa oportunidad, contemplar la obligatoriedad de la educación vial integrado al sistema nacional educativo mediante Proyecto de Ley.

El hecho de producirse un nuevo flujo de extranjeros por la planificación de eventos sobre seguridad vial en la República Dominicana lo pensaríamos como valor agregado a esta iniciativa agendar visitas de carácter turístico en nuestro territorio; en este sentido ya hay experiencias de políticas públicas en Costa Rica, en Argentina, en México y en Europa.

Costa Rica en los últimos meses ha frenado su desarrollo en materia de seguridad vial con algunos reveses manifestados en debilidad legislativa y controles, cuando hasta hace poco tiempo era la nación líder en esa materia en Centroamérica. Esto es debido a que importantes actores ya no inciden de manera potencial al ocurrir un cambio en la dirección del Estado.

Motivar a la construcción de una Red de Ciudades Viales en República Dominicana podría ser el inicio de un cambio de cultura en las futuras generaciones y en nuestros jóvenes de hoy. Esto podría lograrse con la participación del sector privado y las municipalidades en coordinación con la Secretaria de Educación al considerarse también como parte integral al sistema educativo nacional.

Esta experiencia se esta dando en Argentina y en chile. Lo mismo en España y en Cuba. Ecuador inicia este proceso recientemente, tras la ocurrencia de tragedias masivas en las vías.

Los paises que hemos mencionado tienen la particularidad de que el tema de seguridad vial es considerado un asunto de política de Estado diferenciándose de los temas de transporte y de tránsito terrestre, aunque sean consustanciales.

Disminuir los índices de siniestralidad viaria significa mermar en gran medida la violencia en las vías públicas y por tanto contribuiría al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, otro tema de vital interés para los dominicanos y los extranjeros que nos visitan, y con el que se guarda una relación estrecha. Colombia y la ciudad de Nueva York exhiben buenas prácticas de políticas públicas en este ámbito.

Estados Unidos a través de su Plan de Estímulo, además de España, han rediseñado su estructura de inversión tomando en cuenta como factor prioritario la infraestructura vial. Para la Unión Europea es también de alta prioridad las facilidades y la seguridad en las carreteras para el desarrollo comercial intercontinental fundamentándose en el concepto de Carreteras Seguras.

El nuevo Proyecto de Ley no contempla la Seguridad Vial bajo un organo rector autonomo

Desde el 2004 el Gobierno español ha dedicado fuertes inversiones en actuaciones diversas con el desarrollo de grandes y ambiciosos proyectos de infraestructuras viarias acorde con los planes estratégicos bajo la autoridad del Vicepresidente Rubalcabas; tales como el Plan MasCerca y el PISTA, en la Región de Andalucía.

El primero se traduce como el Plan para la Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía, proyectada hasta el 2013, en donde con la participación de la inversión público-privada entre junio del 2010 a junio del 2011, se estima un valor superior a los 2 mil millones de euros.

En cuanto al PISTA, se refiere al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista 2007-2013), también con el binomio de inversión publico-privada, ascendente 4.4 mil millones de euros.

Estos proyectos obedecen a un plan diseñado donde la prioridad es la conservación de las vías existentes y la seguridad vial. La Oficina encargada de los trabajos define los objetivos como sigue: "reducir la siniestralidad con la construcción de variantes de población, ensanche de carriles y arcenes, mejora de intersecciones, eliminación de curvas peligrosas o construcción de carriles para el tráfico lento, entre otras actuaciones ".

Pero asimismo, el gobierno español destina una inversión en junio de 2011 que asciende a 367 millones de euros, que por licitación se desarrollan obras de conservación y seguridad viaria.

Entre otros trabajos, se destacan “ servicios de comunicaciones, vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización”. (ABC Agencia y la EFE. 17 junio.2011),

En lo que respecta a Latinoamérica y el Caribe, solo en República Dominicana, en la actualidad, se ejecutan una cantidad apreciable de obras para el reordenamiento del tránsito, consistente en remoción del firme, repavimentación, ampliación, mejora y construcción de vías, a lo que tendríamos que agregar las obras de las líneas del Metro; pero, con una visión limitada, la cual pudiera ampliarse en una nueva gestión gubernamental para impulsar los planes de seguridad vial requeridos, que conlleven simultáneamente a abordar las legislaciones, los controles y la fiscalización, que asimismo evidencien modificación del sistema actual de autoridad, para que la inquietud de un gobierno se convierta en una responsabilidad y compromiso de Estado.

Los niveles de defunciones por esta causa en Latinoamérica están cada vez más por encima de lo tolerado en los paises avanzados que no admiten una tasa de mortalidad fuera de la banda líder, esto es, con una tasa de mortalidad por traumatismo en siniestros viales por debajo de 8 por cada 100, 000 habitantes.

Trazar planes tendentes a reducir las fatalidades en los trayectos será impostergable, no solo por los efectos emocionales en las familias involucradas, sino por las grandes pérdidas en la economía nacional.

Uruguay, solo en lo últimos dos años, con la aplicación de medidas eficientes se ahorró $US213 millones al evitar disminuir su índice de severidad de un 14% como era usualmente a un 5%, estos es, evitar el dolor de 5, 300 familias por traumatismos a causa de siniestros viales, según los estudios. A sabiendas de que la inseguridad vial es una forma de empobrecimiento vertiginosa.

En República Dominicana existen todas las condiciones como para declarar la seguridad vial en estado nacional de emergencia. Así mismo, se deben crear las condiciones para que el país se convierta en una fuente de abstracción regional que reuna los principales cerebros del mundo y organizaciones relacionadas al área temática para desde aquí promover la transformación necesaria en la juventud usuaria de las vías públicas, otro tema vinculante, ya que el desarrollo de la juventud se ve coartado por su desenfreno en las vías, según las estadísticas.

En cuanto a la política de la violencia contra la mujer en las vías públicas a consecuencia de las tragedias viales se generan cerca de una muerte cada 24 horas, situación que pasa desapercibida, a la cual se tendrá que poner coto en algún momento, al igual que los niños fallecidos en el asfaltos de 0 a 14 años de edad, que constituyen un 6% de las víctimas mortales en la red viaria nacional mientras que las mujeres representan entre un 14 y un 16%.

Por otro lado, en el afán por buscar soluciones a la crisis energética y a la crisis de suministro de carburantes, como de salud pública, no puede obviarse bajo ninguna circunstancia el impacto que se refleja en el complicado tema de la seguridad viaria. Dignos de tratar en una sección especial.

La seguridad vial considerada como un tema de política de Estado no parece ser la prioridad en estos momentos en nuestro país

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