Facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, promover la transformación digital de la Rama Judicial, fortalecer la gratuidad en el servicio de justicia, son algunos de los temas contemplados en el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que presentó el ministro de justicia y del derecho, Wilson Ruiz Orejuela, ante el Congreso de la República.

En un trabajo articulado entre las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se dará inicio a una serie de audiencias públicas virtuales que buscan socializar el contenido de la iniciativa para facilitar su tránsito en el Congreso.

El proyecto actualiza la administración de justicia a los cambios ocurridos durante los últimos 25 años, entre ellos, regula la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, corporación que entró a operar desde el mes de enero en reemplazo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

De esta manera, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Primera de Cámara de Representantes realizarán cuatro sesiones virtuales en las que se darán a conocer los principales ejes de la mencionada reforma, la cual busca declarar servicio público esencial a la administración de justicia.

Se realizarán cuatro sesiones virtuales en las que se darán a conocer los principales ejes de la mencionada reforma, la cual busca declarar servicio público esencial a la administración de justicia

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de la carrera judicial, el acceso a la misma mediante un sistema de méritos y la necesidad de una formación constante del operador jurídico,  que le permita cumplir con su rol de acuerdo con las dinámicas sociales actuales bajo los principios de independencia, argumentación, imparcialidad e inclusión.

Las sesiones se celebrarán en las siguientes fechas:

18  de febrero: Región Caribe

19  de febrero: Regiones Amazonía y Orinoquía

25  de febrero: Región Andina

26  de febrero: Región Pacífico

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de su política pública, impulsa de manera permanente el acceso de los ciudadanos a una justicia pronta cumplida y eficaz, especialmente de las personas más vulnerables.