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Todas las razones que hacen necesaria una Incursión Militar Internacional en Venezuela

27/02/2019 23:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los narcotraficantes y usurpadores Nicolás Maduro y Diosdado Cabello secundados por un puñado de altos oficiales de las tres fuerzas armadas y un grupo de criminales a sueldo, son los responsables de de los peores actos de violación a los Derechos Humanos en América Latina

Antes que otras palabras, en mi condición de redactor de la siguiente editorial, deseo manifestar mi consternación y mi sentimiento dolor por los 25 indígenas Pemon cobardemente asesinados por los ezbirros al mando de los narcoterroristas y usurpadores de Venezuela y jefes del cartel de los soles, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, durante la jornada del 23 de febrero próximo pasado, en el intento del ingreso de la Ayuda Humanitaria, enviada por los Estados Unidos de Norte América para el valiente Pueblo Venezolano.

<<Así son los Pemon, una comunidad sociable y amistosa, defensores de las tierras y los humedales, amantes de la floresta y la artesanía, que solo procuran vivir en armonía. Una armonía que fue vilmente quebrantada por los sucesos del pasado sábado 23 en que sus Derechos fundamentales fueron violados arteramente.>>

El Cartel de los Soles: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su organización criminal Narcoterrorista: (Así controlan el territorio Venezolano…)

El Cartel de los Soles es un grupo conformado por miembros corruptos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del usurpado gobierno bolivariano, cuyo objetivo principal es el tráfico de drogas. Se compone principalmente por altos oficiales militares que están estrechamente vinculados al crimen organizado internacional, participando en actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de combustible.

​Además de intervenir activamente en el comercio ilícito de drogas, controlan la actividad minera de varios estados, con participación directa en la extracción y el contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. Este fenómeno habría comenzado cuando el narcotráfico colombiano introdujo cocaína a Venezuela utilizando unidades militares corruptas, ubicadas en la zona de frontera con este país.

El término “Cartel de los soles” habría sido utilizado por primera vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila, (jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Como comandantes de brigada, cada uno llevaba un solo sol como insignia en sus hombros insignia que caracteriza a los Generales de Brigada, dando lugar al nombre “Cartel del Sol”.

Más tarde, cuando se iniciaron las investigaciones, se determinó la participación de generales de división de la GN en delitos de narcotráfico, convirtiéndose de esta manera en el Cartel de los Soles, ya que los generales de división poseen dos soles como emblemas.​

En principio, la actividad de la Fuerzas Armadas Venezolanas en torno al narcotráfico, principalmente consistía en aceptar sobornos y mirar hacia otro lado, mientras los traficantes movían su mercancía. Los militares no tenían conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos.

​Según la revista canadiense Vice News9​ y Emili J. Blasco, crítico del gobierno bolivariano, en su libro Bumerán Chávez, el gobierno del presidente Hugo Chávez «expandió la corrupción a niveles sin precedentes» corrompiendo al Ministerio Público, al sistema judicial y a las fuerzas armadas, «donde habría llegado a salir el 90% de la producción de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y a Europa», y a través del Plan Bolívar 2000, habría otorgado a militares millones de dólares para subsidiar programas sociales sin ningún control y que posteriormente desaparecieron.

También habría otorgado inmunidad legal a oficiales implicados en narcotráfico para mantener el poder y su lealtad. Cuándo Chávez expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas (DEA). en 2005, Venezuela comenzó a ser una ruta más atractiva para el comercio internacional de drogas.

De acuerdo a fuentes de inteligencia colombiana, un vigilante de drogas arrestado declaró que "personal con altos cargos en la seguridad del presidente Hugo Chávez se encargaban de arreglar el traslado de cargamentos de drogas en barcos que circulaban a través de rutas por Venezuela".​ También se ha alegado que la Guardia Nacional había trabajado con la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de drogas. Oficiales británicos declararon que aviones de Colombia con drogas fueron custodiados desde bases de la Fuerza Armada Venezolana.​

Durante la mitad de la primera década del año 2000, elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército se hicieron mucho más activos en el tráfico de drogas. Células dentro de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína, mientras que anteriormente su labor principal era extorsionar a los narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína.

Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que permitió que las fuerzas de seguridad de Colombia presionaran a los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados.

Luego, en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro. El primero fue el final del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su enorme santuario cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios. El segundo fue el intento de golpe de estado que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder. Esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras intensas batallas políticas, como la huelga petrolera de 2002-2003.

Las consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su círculo de confianza, lo cual también significó que muchas posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueron otorgadas a militares leales. Se dio la sensación de que el gobierno asumió una posición de régimen pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando cargos importantes en estamentos del Estado.

Chávez también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando efectivos, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, se corrompieron por el dinero del narcotráfico.​

FARC

Desde finales de la década de los 90´, en pleno fervor del proceso de paz en el Caguán, las FARC venían utilizando el territorio venezolano como trampolín para los envíos de droga a Europa y los Estados Unidos.

El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés) acusó al gobierno de Chávez de financiar la oficina de las FARC en Caracas, otorgándole servicios de inteligencia. Diplomáticos venezolanos denunciaron las investigaciones realizadas por el IISS, afirmando que tuvieron "inexactitudes básicas".

En 2007, las autoridades colombianas denunciaron que, a través de ordenadores portátiles que habían sido incautados durante una redada realizada contra Raúl Reyes, encontraron documentos que demuestran que Hugo Chávez ofreció pagos de más de $300 millones a las FARC para crear "lazos financieros y políticos respaldados durante años" y documentos que muestran a rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia solicitando asistencia venezolana para la adquisición de misiles tierra-aire, demostrando además que Chávez, realizó encuentros personales con estos líderes rebeldes.

Resulta de suma urgencia, liberar al Pueblo de Venezuela del Narcoterrorismo

Según Interpol, los archivos encontrados por las fuerzas colombianas fueron considerados como auténticos.

En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a dos oficiales de alto rango del gobierno venezolano y un exoficial de proporcionar asistencia material para operaciones de narcotráfico, llevadas a cabo por el grupo guerrillero de las FARC en Colombia.

A mediados de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sancionado a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por “socavar la democracia” en su país, entre ellos varios políticos importantes, como Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y antiguo zar antidrogas y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; e Iris Varela, miembro de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Servicios Penitenciarios. ​

En septiembre de 2013, un incidente enlazado al Cartel de los Soles implicó a personal de la Guardia Nacional Venezolana, quién colocó 31 maletas que contenían 1, 3 toneladas de cocaína en un vuelo a París. Autoridades francesas quedaron atónitas debido a que fue la mayor incautación de cocaína registrada en la Francia continental. El 15 de febrero de 2014, un comandante de la Guardia Nacional fue detenido y arrestado mientras conducía a Valencia con su familia, transportando 554 kilos de cocaína. ​ El 11 de noviembre de 2015, agentes de la DEA arrestaron a dos parientes, un hijo adoptado y un sobrino, de la primera dama Cilia Flores, mientras intentaban introducir 800 kilogramos de cocaína procedente de Venezuela a los Estados Unidos. Una fuente de la DEA declaró extraoficialmente que no hay forma alguna de que tal cantidad enorme de cocaína pasara a través de Venezuela sin niveles altos de corrupción en el gobierno

Los expedientes en las cortes federales de los Estados Unidos sobre ciudadanos ligados al gobierno de Venezuela, acusados de operar en el negocio del narcotráfico, se han incrementado de manera paulatina. Gracias a la información suministrada por otros individuos que han decidido colaborar con la justicia norteamericana (ofreciendo datos sobre rutas de la drogas, personajes, montos y otros elementos del crimen), el gobierno estadounidense ha logrado reunir una serie de datos que le han permitido incluir dentro de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela; entre ellos, al vicepresidente Tareck El Aissami.

La administración de Trump acusó al vicepresidente de Venezuela de haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico. Las sanciones han congelado los activos de El Aissami y su testaferro, Samark López, en Estados Unidos los cuales, según voceros oficiales, superan los 500 millones de dólares. Una pelea en la que el acorralamiento a los agentes de la administración de Venezuela dedicados al crimen organizado es vital. Para José Ferrer, la decisión de Maduro de brindar protección y blindar a los sancionados por la OFAC busca asegurar la lealtad de dichos funcionarios a la llamada revolución bolivariana.

En el mes de marzo de 2017, se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, un testimonio que confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O'Neil, dijo que "en términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

Los informes elaborados por CFR muestran que las bandas criminales de Colombia (BACRIM), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron los Acuerdos de La Habana y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en el país, al igual que los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México; este último, desaparecido en 2018 pero con una facción sobreviviente llamada "Cartel del Noreste". Sin duda alguna, dijo O'Neil "Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos, a través de América Central y el Caribe Oriental, y a Europa, a través de África Occidental.

Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia para el control de narcótico dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en América. <<Los expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año>>, lo cual representa el 40 por ciento del consumo mundial.

Las evidencias recogidas por las agencias federales norteamericanas revelan que existen vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico.

Un caso que ha dejado ver tales relaciones de alto nivel entre los cárteles de la droga y el gobierno de Nicolás Maduro, es el que tiene que ver con los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ambos declarados culpables por un jurado en Nueva York, de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína de alta pureza desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.

Asimismo, el general Néstor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de la nación sudamericana, fue acusado en Estados Unidos en agosto de 2016 por cargos de tráfico de cocaína, junto con el exsubdirector del mismo ente, Edilberto Molina Molina.

La lista de funcionarios implicados en el narcotráfico incluye otro exministro de Interior y Justicia, dos altos oficiales de inteligencia y uno de rango medio que actualmente es juzgado en los tribunales norteamericanos, un piloto que fue militar y servía a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y otros que tuvieron vinculaciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Pero a juicio del gobierno de Estados Unidos, las implicaciones de Venezuela con el crimen organizado no se limitan únicamente al tráfico de cocaína y a la violencia que se genera y cobra vidas en la frontera sur, sino que el caso del incremento del narcotráfico en el país, bajo la tutela de Nicolás Maduro, incluye una enorme actividad de lavado de dinero de origen ilícito, que compromete la integridad del sistema financiero estadounidense.

Según InSightCrime, existen grupos delincuenciales relacionados con este cartel dentro de las ramas de las Fuerzas Armadas de Venezuela como el Ejército, la Armada, la Aviación, y la Guardia Nacional; desde el más bajo nivel hasta los más altos niveles de rangos militares.

Al parecer, los rangos inferiores corruptos de la Guardia Nacional compiten por posiciones en los puestos de control fronterizos para obtener el pago de sobornos por el tráfico ilícito, aunque gran parte de estos van a sus superiores corruptos de puestos fronterizos. Los miembros de bajo nivel también ayudan a escoltar la droga desde la frontera de Colombia hacia el interior de Venezuela para que, de ahí, sean colocados en barcos a aguas internacionales.

En enero de 2015, el exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, rindió declaraciones a la justicia estadounidense, en las cuales señaló a Diosdado Cabello como el actual jefe del Cartel de los Soles. Salazar fue colocado en el Sistema de Protección a Testigos estadounidense tras huir a este país con ayuda de la DEA, después de brindar cooperación con la agencia estadounidense y declaraciones sobre la posible participación de Cabello en el comercio internacional de drogas. Salazar declaró que escuchó a Cabello dar órdenes para transportar toneladas de cocaína. Según sus declaraciones, los cargamentos de drogas eran enviados desde Colombia por la antigua guerrilla de las FARC, dándose la orden de transportar la droga por Venezuela hasta los Estados Unidos y Europa, realizando posiblemente escala en Cuba. La operación internacional de drogas tendría probablemente implicados a miembros importantes del gobierno venezolano como Tarek El Aissami y José David Cabello, hermano de Diosdado. En mayo de 2018, Cabello y su familia son sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico.​

Hugo Carvajal habría sido un dirigente del Cartel de los Soles durante su estancia en las Fuerzas Armadas aprovechando su paso, por diez años, en la inteligencia militar venezolana, de los cuales pasó más de siete como Director Nacional de Inteligencia. de julio de 2014 Hugo Carvajal, ya retirado de la vida militar, fue detenido en Aruba, luego de haber sido admitido con un pasaporte diplomático al ser nombrado Cónsul de Venezuela en la isla desde enero. El arresto se efectuó siguiendo una petición formal del gobierno de los Estados Unidos, el cual acusa a Carvajal de nexos con carteles del narcotráfico y con la entonces guerrilla colombiana de las FARC para traficar drogas.​ Cinco días después, Carvajal fue liberado luego que las autoridades holandesas manifestaran que poseía inmunidad diplomática; sin embargo, fue expulsado de la isla al considerarlo "Persona non grata".

Consideraciones del Editor:

Considerando toda esta abundante información, que demuestra la alta peligrosidad de quienes desde hace tiempo, vienen manteniendo en calidad de secuestrada a la población civil de #Venezuela, generando muertes por asesinato o abandono y la peor de las hambrunas y miserias que se hubieran registrado en toda la historia de la Región Andina del Continente Americano, solo los que pudieran ser beneficiarios de sus actos criminales y de lesa humanidad, podrían opinar a contrario imperio de la legislación Internacional.

Venezuela necesita ser liberada de manera urgente mediante una incursión Militar sin precedentes para restablecer la Ley y el Orden Constitucional y conduciendo a la cárcel a todos aquellos que con tanta crueldad y alevosía, como riéndose del mundo, destruyó a la vista de todos, la ayuda humanitaria reunida para paliar las necesidades más básicas de la sociedad civil de esa nación.


Sobre esta noticia

Autor:
Raúl Enrique Bibiano (490 noticias)
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