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Protestan inmigrantes en Illinois por recortes presupuestales

03/03/2011 14:56 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Líderes comunitarios organizaron hoy una manifestación frente al capitolio de Illinois, en la ciudad de Springfield, con el fin de protestar por una reducción del 74 por ciento en los fondos estatales destinados a servicios diversos para los inmigrantes. La protesta, organizada por la Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), incluyó también el rechazo a la iniciativa de ley antiinmigrante HB 1969. Dicha ley -promovida por el representante estatal republicano Randy Ramey- autoriza a los cuerpos policiacos a detener a cualquier persona si existe la sospecha de que sea un extranjero ilegal. La medida, considerada una copia de la Ley SB 1070 de Arizona que causó polémica nacional, impone penalidades a extranjeros que no porten un documento de residencia y traten de conseguir empleo sin tener permiso de trabajo. Asimismo, establece la obligación de los empleadores de verificar la elegibilidad de las personas que contraten y exige penas severas para quienes transporten, oculten y protejan a inmigrantes indocumentados. Los manifestantes reclamaron ambas intenciones que, aunque independientes, muestran en conjunto una mayor crudeza en el trato a este sector poblacional en el estado. También pidieron tanto al gobernador Pat Quinn como a los legisladores, dar marcha atrás en estas medidas con gran carga racista y antiinmigrante. En la protesta insistieron en que aún cuando los datos del Censo 2010 revelan que en los últimos 10 años la población asiática de Illinois aumentó 38 por ciento y los habitantes latinos en un 32 por ciento, el presupuesto para el próximo año fiscal, que inicia en julio, incluye un amplio recorte a los servicios dirigidos para las comunidades de inmigrantes, por 6.4 millones de dólares. De acuerdo con la propuesta presupuestal del gobernador Quinn, habrá recortes por mil millones de dólares en varios programas, a fin de equilibrar un elevado déficit que incluye cuentas atrasadas con agencias proveedoras de servicios. En el caso de las comunidades inmigrantes, los recortes van desde guarderías infantiles, clases de inglés, atención de ancianos y discapacitados, así como violencia doméstica, entre otros. “Los inmigrantes constituyen el 15 por ciento de la población de Illinois, pero sus comunidades reciben menos del cinco por ciento de los dólares destinados a servicios humanos”, reiteró durante el mitin Lawrence Benito, subdirector de ICIRR. “El recorte de 6.4 millones de dólares a estos servicios no es muy significativo en el monto presupuestal, pero sí en ayuda a los inmigrantes, y su retiro puede tener consecuencias no deseadas para el Estado”. Destacó que, irónicamente, el crecimiento de comunidades inmigrantes ha permitido que el estado mantenga el envío de recursos federales en beneficio de todos sus habitantes, además de la dinámica que le imprimen a la economía, debido a que muestran un 50 por ciento más de probabilidades que los nacidos en Illinois de comenzar sus propios negocios. Además, los trabajadores sociales que se emplean en estas agencias de servicios ganan en promedio 35 mil dólares al año, casi la mitad de los ingresos que percibe el personal del estado, que realiza trabajos similares, “sin contar que se tratan de organizaciones que ofrecen servicios en más de 52 idiomas, y por lo tanto capaces de romper barreras culturales”. Los recortes previstos afectarán a 470 mil 519 familias, que tendrán menos acceso a servicios básicos en este año, incluidos seis mil 462 niños perjudicados por la disminución en el financiamiento de cupones para alimentos y 17 mil 490 madres recibirán menos atención pre y postnatal en cuidados básicos que ahorran dinero y vidas, explicó. También tres mil 998 inmigrantes menos se naturalizarán a través de la Iniciativa Nuevos Americanos que patrocina el gobierno, lo que indirectamente significa para el estado una pérdida de ingresos, debido a que los naturalizados son más propensos a trabajar y pagar impuestos. “El Estado gana seis mil 688 dólares más por año de fondos federales por cada ciudadano naturalizado, pero basándonos en estos recortes, el supuesto ahorro de la medida en realidad le costaría 26.7 millones de dólares al año”, agregó el directivo de ICIRR. Los manifestantes promovieron entre los legisladores su reclamo y argumentaron también que el recorte de fondos viola un capítulo de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que “evita la discriminación contra agencias que reciben fondos federales”.


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