Prorrogada la Ley Sinde

El reglamento de la polémica Ley Sinde, que serviría para bloquear las páginas que propicien descargas protegidas por derechos de autor y webs de enlaces, quedó frenada el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

Aunque fue el propio gobierno y, en particular, el Ministerio de Cultura el que negoció con CiU y el PP la aprobación de la primera legislación antidescargas de España, el gobierno en funciones de Zapatero ha preferido dejar un asunto que levanta la cólera de los internautas en manos del Partido Popular.

Además, el texto definitivo venía con novedades que endurecían la Ley Sindescargas. En el borrador había ciertos vacíos legales: si los responsables retiraban en menos de 48 horas los enlaces o contenidos denunciados, el procedimiento se archivaba y en caso de reincidencia volvía a empezar el proceso. Ahora, el nuevo texto obliga a abrir directamente el expediente para impedir que el reincidente vuelva a emplear el mecanismo de retirada voluntaria.

La redacción del texto definitivo tiene previsto un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares de derecho y en la designación de una Comisión de la Propiedad Intelectual formada por seis miembros (funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia).

La Comisión deberá seguir una secuencia de hasta 15 pasos para bloquear el acceso a los contenidos denunciados que se podrían resumir en dos intervenciones judiciales:

1. El Juzgado Central del Contencioso Administrativo podrá, en un plazo de 48 horas, solicitar los datos del infractor al operador de telefonía.
2. En caso de que el infractor no retire los contenidos que señale la Comisión de la Propiedad Intelectual, el Juzgado dictará la supresión del suministro de Internet correspondiente.

Las páginas que se verán más afectadas son las de 'streaming', es decir, las que permiten ver vídeos online. En cambio, los programas P2P como eMule o Ares no se verían afectados ya que solo comparten archivos alojados en discos duros.

En cuanto a los sitios de almacenamiento como Megaupload o Rapidshare y las páginas de enlaces como SeriesYonkis o Cinetube, no queda claro si juegan el papel de prestadores o intermediarios. Este matiz es importante ya que los primeros (prestadores) forman parte del proceso y, por tanto, tienen la oportunidad de defenderse durante el proceso judicial. A diferencia de estos, los que se consideren intermediarios deberán limitarse a acatar las decisiones de la sección.

Las obras bajo licencias de Dominio Público, Creative Commons o cualquier tipo de licencia Copyleft no se verán afectadas por esta nueva Ley, la cual se aprobará tarde o temprano. Aun queda un Consejo de Ministros previsto para el día 16 y toda una legislatura del PP por delante que podría, incluso, endurecer la ley.

La demora simplemente ha servido para volver a incentivar el debate en las redes sociales entre los que priorizan los derechos de autor y la propiedad intelectual y los partidarios del acceso libre al conocimiento, la cultura y la obra creativa.

Entre los defensores de la normativa encontramos a la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formado por las sociedades de gestión de derechos y las que defienden a las grandes productoras y discográficas (EGEDA, Promusicae, SGAE, FAP, ADIVAN y ADICAN). Por otro lado, encontramos como opositores a los principales operadores de acceso a Internet (Ono, Orange, Telefónica, Vodafone) y a un grupo de internautas que ya supera los 230.000 seguidores.

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