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Promete juez considerar todo argumento antes de decidir sobre SB 1070

22/07/2010 19:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La juez federal Susan R. Bolton, dijo al concluir aquí la segunda audiencia efectuada hoy en contra de la ley SB 1070, que tomará todos los argumentos bajo consideración, sin precisar cuándo podría emitir un dictamen sobre dicho estatuto. En la audiencia, en la que estuvo presente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se analizaron los argumentos de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y fue la segunda realizada este jueves por Bolton para escuchar testimonios a favor y en contra de la ley. Edwin Kneedler, abogado del Departamento de Justicia argumentó ante la juez que la ley estatal SB 1070 se invalida por la autoridad constitucional del gobierno federal a establecer una política de inmigración. Kneedler sostuvo que el estado de Arizona está tratando de asumir una facultad que corresponde exclusivamente al poder federal y destacó la importancia de que Estados Unidos hable con una sola voz en asuntos de inmigración. El abogado del Departamento de Justicia dijo que los requerimientos de la ley para exigir a los policías locales revisar el estatus migratorio de las personas sospechosas de estar en forma indocumentada, establecen una política obligatoria que va más allá de lo que el gobierno federal requiere. Sostuvo también que dicha previsión representará una carga en la dependencia federal que deberá responder a cuestionamientos sobre el estatus migratorio de las personas. Kneedler argumentó además, que el gobierno federal tiene una importante preocupación sobre el impacto que la SB 1070 pudiera tener sobre las relaciones con otros países. El abogado concluyó sus argumentos con la petición a la juez de emitir una orden para suspender la entrada en vigor de la ley, programada para comenzarse a cumplir a partir del próximo 29 de julio. John Bouma, quien representa a la gobernadora Brewer en la defensa de la ley, dijo en el inicio de su exposición que la SB 1070 no está orientada a ningún grupo y que esta no tiene nada que ver con las relaciones exteriores de Estados Unidos. La juez Bolton intervino para aclarar a Bouma que la “1070 seguro nos ha traído problemas con países extranjeros”, al referirse a las mociones interpuestas por México y de una decena de países en contra de la ley. “Esa multitud (de países) se ha enojado con nosotros de todos modos”, comentó Bouma y sostuvo que el gobierno federal desea mantener su autoridad al tiempo que se desatiende del problema de la inmigración ilegal. “Tenemos un demandante aquí que nos está diciendo que no podemos hacer nada en relación al problema de inmigración. El estatus quo es inaceptable”, afirmó. Por sus cuestionamientos a ambas partes, Bolton dio a entender que podría emitir un fallo que no favorezca a ningún de los lados, al sostener que el diseño de la SB 1070 permitiría bloquear partes de la ley y autorizar que otras sean puestas en vigor. La juez podría por ejemplo permitir aplicar las previsiones de la SB 1070 referentes a la prohibición de detener a un vehículo en la calle para recoger a alguien que vaya a realizar un trabajo “por el día”. Una corte federal de apelaciones ha ratificado a favor de tal medida en un caso interpuesto en California. Bolton en cambio podría suspender la facultad de la SB 1070 de exigir documentos migratorios a las personas sospechosas de estar en forma indocumentada en el país, una de las principales previsiones de la ley de inmigración estatal. Este jueves, la juez encabezó una audiencia dedicada a analizar los argumentos de la demanda interpuesta contra la ley por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y varios grupos más de derechos civiles e individuales. En la demanda de la ACLU se pide también a la juez que emita una suspensión temporal y se frene la entrada en vigor de la nueva ley. Bolton ha efectuado ya tres audiencias en las que ha escuchado los argumentos de tres de las siete demandas interpuestas contra la SB 1070, sin emitir dictamen alguno. La juez no tiene fecha límite para pronunciar algún fallo, aunque los demandantes le han urgido el hacerlo antes de la entrada en vigor del estatuto.


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