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PP: Justificable ilegalización

22/04/2017 02:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La corrupción que vuelve a situar al PP en el ojo del huracán, por la alarma social de sus efectos y los perjuicios inducidos, debe ser el detonante de un proceso de ilegalización que le impida el desempeño de la función política

Los últimos acontecimientos en materia de corrupción, además de evidenciar la desbordada situación de perversión democrática que vive el país,  por su directa connotación con el Partido Popular, vienen a detraer toda solvencia a su proyecto político, y a su vez, despejan cualquier duda sobre su insistente desfachatez en reivindicarse como única alternativa de Gobierno, y ello, porque la implicación de sus miembros y la  contundencia de las pruebas son expositivas de la existencia de un nuevo expolio de enriquecimiento ilícito de unos buitres sin escrúpulos, que travestidos de gaviota no reparan en sabotear al conjunto de la ciudadanía, y eso es así, por mas que intenten capear el temporal del escándalo abriendo el recurrente paraguas de la presunción de inocencia.

No hay duda que desde la reiterada ‘transición española’, el grado de corrupción y degradación política ha llegado a tal extremo, que actualmente, sus consecuenciascausan perniciosos efectos en un amplio espectro de la sociedad, que a duras penas subsiste en una situación de precariedad ‘sin precedentes’, y todo, porque las secuelas colaterales del saqueo de fondos públicos causa una merma en la calidad democrática y el Estado de derecho que recrudece la desigualdad, que en mayor medida, afecta a los segmentos mas dependientes de la ciudadanía por el mas directo impacto que tal depredación produce en aspectos relacionados con la generación de empleo, la prestación de servicios esenciales como la educación, la sanidad y demás aspectos enlazados albienestar social.

Esta lacra que el barómetro del CIS sitúa como la segunda preocupación de los españoles, induce un coste repercutido a la colectividad próximo a los 100.000 millones de euros anuales, una cifra creciente a juzgar por la solapada tendencia hacia esta perversión, pues a pesar que la reforma legislativa del Código Penal ha ampliado la casuística de los casos de corrupción e intensificado las penas, como también incluido la responsabilidad penal de las empresas; de nada vale el teórico perfeccionamiento del marco legislativo, cuando en su "cinismo" el poder  Ejecutivo que exhibe una posición de rechazo a la corrupción de cara a la galería, mas que prestar la colaboración debida a la justicia, obstaculiza el ejercicio de su acción al no dotarla de los medios necesarios para el eficaz desarrollo de su función, al margen de mangoneos e injerencias en todos sus ámbitos. y especialmente en la Fiscalía

Cuando por implicación continuada de sus miembros con la corrupción, un partido político que como el PP guarda mas analogía con las prácticas de una asociación para delinquir que con sus propios objetivos estatutarios, todo compromiso que proclame en pos de su rehabilitación ha de interpretarse como un puro simulacro, por resultar materialmente imposible construir un cambio hacia la regeneración con la participación de unos actores políticos que son directos responsables de la fractura del sistema, de la decadencia institucional y de la situación de degradación que padece el país.

Un partido con analogía afín a asociaciones para delinquir, todo compromiso que proclame en pos de su rehabilitación debe interpretarse como un simulacro

Aspectos todos ellos que por ser derivación de prácticas de corrupción constantes y reiteradas, y contar a la vez con el refrendo cómplice de su dirección, son argumento sobrado para emprender acciones dirigidas a solicitar la actuación de la judicatura instando que promueva la declaración del PP como formación ilícita de acuerdo con lo establecido al efecto en el Código Penal, al igual que su ilegalización por mala praxis política y total inobservancia de las determinaciones establecidas al respecto en la   ley de partidos políticos, y ello no solo por las expuestas razones argumentales,  sino también, por ser la única fórmula de regeneración   susceptible de restituir la legitimidad política  al país y única solución de restituir a los electores una democracia real y efectiva.

Sobran argumentos jurídicos para excluir del escenario político a la perniciosa organización conservadora, que comportándose durante años como una empresa jerarquizada y con exclusividad en la extorsión económica, acumula en su haber expedientes delictivos sobrados para su ilegalización, que es justo lo que hubiese ocurrido de darse tal circunstancia en cualquiera de los estados que conforman la Europa de la Unión.

De ahí que mientras no se cumpla esta fundada exigencia y con ello se alcance el final del PP, la España enferma de corrupción no tendrá cura y además de mantener a un perturbador político en la presidencia del Gobierno, la infamia de los corruptos continuará repercutiendo impositivamente sobre una sufrida ciudadanía el producto de sus latrocinios y el resultado de sus cambalaches, prorrogando con ello una situación política que por inadmisible no ayudará en nada al desarrollo económico y social, como viene a demostrar la veracidad de los hechos por mas versiones de autocomplacencia que publiciten desde sus filas para la seducción de ingenuos

Pues mas allá de engordar cuentas corrientes privadas, su lesiva repercusión además de obstaculizar capacidad para satisfacerlas necesidades básicas de los ciudadanos, al desalentar la inversión, limita todavía mas las oportunidades para la generación de empleo y la reactivación económica; razones que refuerzan   en mayor medida   la inapelable exclusión del PP y su séquito corrupto del escenario político como determinación esencial para la regeneración de la función política


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Galdo Fonte (288 noticias)
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