El tratamiento de la reforma judicial es algo político y jurídico. No se trata solamente de pregonar el discurso moralizante articulado por el oficialismo. También se deben observar las justificaciones y las potencialidades de una reforma de la naturaleza que se propone. Personalmente opino lo siguiente:

1. Observe la estructura judicial de la actual Constitución ecuatoriana. El Estado se organiza como Constitucional de Derechos y Justicia, lo que significa -según sus ideólogos- de una versión corregida y aumentada del Estado Liberal de Derecho el que contruye la estructura del poder político en la ley. Para nuestro caso, son los derechos de los individuos, colectivos, pueblos y nacionalidades los que subyugan al Estado. El Estado legal es desplazado por el Estado Constitucional.

2. Los jueces son los garantes de este Estado protector de los derechos. De esta manera los magistrados y jueces gozan de una peculiar envestidura nunca antes vista en nuestro derecho para interpretar al Estado, a sus componentes, formas, procedimientos y manifestaciones desde la lógica de los derechos constitucionales. Interpretarán al ejercicio de los derechos a partir de los instrumentos vigentes como no vigentes en función de derivación a lo más favorable a la dignidad del ser humano [CPE: 2008, Art. 11.7]. Lo triste es que no lo han notado todavía.

3. Este principio y prerrogativa interpretativa de la Constitución permite al juez ordinario, especial y nacional entrar a conocer materias que la jurisprudencia anglosajona ha llamado como political questions o cuestiones políticas, que son las que (después de ser juzgadas en derecho) entran a regular directamente asuntos de la administración pública como el manejo de presupuestos, asignación de recursos y obras, planificación de infraestructura, política salarial, etc.

Ahora se cambió de estrategia: invalidar a la Asamblea y deslegitimarla, vehiculizar el procesamiento político por la vía judicial y gobernar directamente con el pueblo, que es lo que muchos quieren

4. La intervención en las cortes no es nueva. El presidente Roosevelt, reelegido en 1936, intervino en la función judicial norteamericana y la reestructuró poniendo jueces afines. Los magistrados partidarios al programa oficialista bombardearon la escena política con sentencias que vehiculizaron una política de intervención del Estado en la economía y aislaron al parlamento. En la experiencia estadounidense la penetración del ejecutivo en el judicial permitió el apaleamiento de la crisis producida por la gran depresión de los años 30, pero redujo grandemente la autonomía de la función judicial.

5. La intención del oficialismo ecuatoriano es la misma: anular al parlamento. Antes del 30 de septiembre se amenazaba con disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones (cfr. Muerte cruzada). La jugada es disponer del tiempo suficiente para legislar por vía ejecutiva hasta recomponer el nuevo Congreso, solo después se convoca a elecciones presidenciales. Ahora se cambió de estrategia: invalidar a la Asamblea y deslegitimarla, vehiculizar el procesamiento político por la vía judicial y gobernar directamente con el pueblo, que es lo que muchos quieren. Lo problemático es que esto genera vínculos clientelares y preferencias populistas entre los “amigos de los amigos” y no prioriza las reales necesidades de los sectores marginales cada vez más desplazados.

Gahidalgo@flacso.org.ec

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