Hace poco, la presidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana formuló un galimatías muy típico de ella. Aseguró que “el Nuevo Plan Cóndor representa la despolitización de la sociedad para pasar a resolver la política en los tribunales”.  

¿Resolver la política en los tribunales? No. Es al revés. Ellos, los correístas de alto nivel, serán quienes intentarán resolver la política en sus tribunales, tal y como sucede en este momento en Venezuela desde donde el chavismo bloquea, a través de sentencias dictadas por sus jueces, todas las acciones de un legislativo democráticamente elegido. El órgano de jurisdicción electoral llegó al extremo de declarar como “absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas”.  

Como en Ecuador, la Asamblea venezolana no legisla ni fiscaliza con autonomía. Pero en Ecuador las cosas son algo distintas. Aquí hay una mayoría oficialista cuya permanencia está en duda. Las encuestas y otros cálculos pronostican la reducción del correísmo a alrededor de un tercio de su presencia en número de escaños, con lo cual quedaría abierta la posibilidad de reformar el sistema de instituciones y abrir los cauces para iniciar procesos de fiscalización a la corrupción.

Pero la respuesta del correísmo podría ser la misma del chavismo: el atrincheramiento judicial a través de sentencias espurias dictadas por sus jueces-clientes tal y como sucede en Venezuela. Esto quiere decir que quienes resolverán la justicia en los tribunales, como en Venezuela, serían los correístas. Entonces, el Nuevo Plan Cóndor serían ellos mismos porque, como sucede con los chavistas, podrían intentar desconocer el pronunciamiento democrático de un pueblo en las urnas, porque podrían despolitizar a una sociedad representada en un parlamento, desconociendo su legalidad democrática, y trasladando el procesamiento de los conflictos políticos a los órganos y jueces correístas.  

Urge que no nos suceda lo que en Venezuela, que no se resuelva la política en los tribunales

El presidente Correa se ha anticipado al respecto.  Dijo que Alexis Mera, su actual secretario jurídico, sería el sucesor del Contralor General del Estado. Con esta declaración se desvelarían las intenciones de un régimen calcado del chavismo. El secretario jurídico de la presidencia es el abogado del ejecutivo, es su consejero en asuntos judiciales. El contralor de un Estado es el abogado del Estado.

Si el presidente de una República y la institucionalidad del Estado son dos cosas distintas, está claro que quien tiene el encargo político de cuidar los asuntos jurídicos de la presidencia de esa República, no puede ser la misma persona que después controle esos mismos asuntos jurídicos, en materia de contratos petroleros, por ejemplo. Entonces, el secretario jurídico de la presidencial no puede convertirse después en contralor del Estado.  

Por eso urge un compromiso ético en Ecuador. Urge un acuerdo que enmarque a los candidatos para las elecciones de 2017 en los términos de la próxima reforma política para destrabar la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y transparentar con seriedad las cuentas públicas. Urge un pacto mínimo entre partidos, candidatos y actores que incluya la inmediata recomposición de las autoridades e instituciones de control administrativo, constitucional y electoral, para que éstas sean personas probas e independientes frente a cualquier gobierno o partido las que devuelvan la verdad a los ecuatorianos.

Urge que no nos suceda lo que en Venezuela, que no se resuelva la política en los tribunales. Eso depende de un nuevo compromiso ético.

@ghidalgoandrade