La derecha colombiana, viene librando una batalla sin cuartel contra el alcalde de Bogotá,   Gustavo Petro, en la que se pretende resolver las elecciones presidenciales a su favor  y anular los acuerdos con las FARC.

Ya hemos tratado en varios artículos el asunto Petro, pero la maraña legalista y el retorcido sistema legal colombiano, siguen enredando el tema incluso después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) diera la razón al alcalde y el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al Presidente Santos a restituir en su cargo a Gustavo Petro.

El tratamiento del proceso abierto por el Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez, destacado fascistoide y declarado enemigo personal del Alcalde de Bogotá, raya la locura.

En el colmo de las manipulaciones, ha llegado a plantear un galimatías lingüístico sin precedentes al afirmar (SIC) “hay algo más dramático. El Tribunal indujo al error al Presidente, porque deja indemne la destitución y deja intacta la inhabilidad. Llevó al presidente a reintegrar a un funcionario destituido e inhabilitado”.

Está clara la habilidad para liar e hilvanar leyes y conceptos por parte del señor Ordoñez, que una vez más insiste en su capacidad para sancionar y destituir  a representantes de la soberanía popular, a los que de forma errónea  e inadecuada las leyes colombianas consideran como funcionarios públicos, simple y llanamente.

Lo que otorga a la Procurador General de la República un Poder desmedido ante cualquier adversario político, con absoluto desprecio a la voluntad de los electores y en clara violación de la división y jerarquía de poderes del Estado.

Como telón de fondo están las negociaciones con las FARC

Detrás de todo este proceso está la intención de inhabilitar a Petro  durante 15 años, en la recta final de la campaña presidencial y bajo la amenaza de una elecciones para reemplazarlo al frente de la alcaldía de Bogotá.

En una clara provocación a la izquierda colombiana, que se ve burlada por una democracia fallida que manipula a su antojo la voluntad popular y persigue a sangre u fuego a sus dirigentes, haciendo tabla rasa de las reglas del juego democrático y poniendo en serio peligro cualquier tipo de acuerdo  y especialmente las negociaciones del La Habana con las FARC.

Lo cual llevaría a un callejón sin salida a la izquierda parlamentaria y arrastraría a una mayor radicalización de la izquierda revolucionaria y rupturista, cansada de las fracasadas mesas de negociación.

La situación la resumía el propio Petro, con estas palabras: Es increíble el nivel de odio que hemos visto. Estoy embargado, destituido e inhabilitado. Solo me queda el destierro o la muerte.

Este histórico militante del movimiento guerrillero M19, es uno de los símbolos de la reintegración de la guerrilla al juego democrático.

El presidente Santos, cuenta con escaso margen de maniobra, Uribe estrecha dada vez más el cerco, conforme se acercan las elecciones presidenciales y sus secuaces no están dispuestos a la reconciliación nacional y convivencia pacífica de todos los colombianos.

La oligarquía colombiana no está dispuesta a permitir la reintegración de los guerrilleros a la vida democrática y al juego parlamentario, persiguen su marginación y aniquilamiento.

@ordosgonzalo

gonzalo alvarez garcía