Desde el restablecimiento de la Democracia, después de la aprobación de la Constitución del 78, el Poder Judicial viene dejando el culo al aire en más de una de sus actuaciones, pero en los últimos años ya roza la desfachatez y el escándalo público.

Se han vertido ríos de tinta y se han publicado numeroso libros para poner en solfa al Poder Judicial español, como respuesta a sus imposturas frente a las actuaciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

No hemos parado de denunciar sus torticeras interpretaciones de las Leyes y sobre todo de sus viciadas sentencias, refutadas por los más prestigiosos expertos en derecho y por diversas instituciones, jueces y tribunales europeos, uno de cuyos ejemplos es el caso Puigdemont y en general todo el proceso catalán.

Al Poder Judicial no le bastó con meter la cuchara en la sopa del Gobierno con el asunto catalán, que le jugó otro órdago con el Decreto de Estado de Alarma y su actuación ante la Pandemia, echando por tierra las decisiones del Poder Ejecutivo, refrendadas en su momento por el Poder Legislativo (Congreso de los Diputados).

Ante la pasividad del Gobierno y con la complicidad de la derecha política, el Poder Judicial se ha envalentonado de forma chulesca y ha puesto contra las cuerdas al Poder Legislativo, haciendo trizas la independencia de los Poderes del Estado, desatando las iras de más de uno y propiciando un escándalo internacional sin precedentes, silenciado por los medios de comunicación temerosos de sus sentencias.

Con sordina o sin sordina, está claro que esta banda de enchufados a dedo, que hace tiempo debía haberse renovado, se han amotinado, con la complicidad de la derecha, el silencio de buena parte de los profesionales del Derecho y parte de la clase política.

Lo del Poder Judicial en el Estado español, viene a recordar el Concilio Cadavérico de Esteban V, cuando sometió a juicio a su predecesor Formoso, después de muerto, para anular su papado, legitimándose así mismo.

Claro que para eso hay que saber de historia, y los magistrados españoles ignoran o se pasan por el fuero la legitimidad de los Poderes del Estado, que nace de la soberanía popular, vaya, aquello de “nosotros el pueblo”, que decían los romanos y que estos parecen querer ignorar.

La separación de Poderes no llega, hace falta poner a cada uno en su lugar

Y digo ignorar, porque estudiar lo estudiaron en la Facultad, en la asignatura de Derecho Romano, algo que no estudia cualquier ciudadano y que precisamente sirve de escusa para que las gentes del Derecho cuenten con un Consejo General del Poder Judicial, uno de tantos errores cometidos en la Transición democrática.

A la derecha española siempre le ha gustado judicializar la política, porque sabe, desde siempre que el Poder Judicial es un feudo de sus militantes, y que el Poder Judicial no fue depurado durante la Transición, que es de donde vienen estas malas mañas de envenenar la vida pública a golpe de sentencias de dudosa legalidad y de procesos intimidatorios.

La derecha española se sirve del Poder Judicial para inhabilitar a sus oponentes, para tomar decisiones que no resulten aceptables por sus votantes de centro y para justificar lo injustificable, incluso lo inadmisible en cualquier régimen democrático.

Pero también hay que señalar que en algunos casos, esa connivencia no se limita a jueces y partidos de la derecha, esa connivencia, también alcanza al compadreo de algunos sectores de la socialdemocracia.

Los principales partidos de la derecha y la izquierda (el viejo bipartidismo), hace tiempo que han aparcado la necesaria y urgente reforma de la obsoleta Constitución del 78 y lejos de esta reforma necesaria, se encuentra la también urgente y muy necesaria reforma, del procedimiento para designar, elegir y cesar, recalco lo de cesar al margen de limitar y fijar caducidad a su mandato, a los miembros del Poder Judicial y de los Altos Tribunales del Estado.

Algo que hasta ahora ha sido un mero intercambio de cromos entre los dos grandes partidos, que sonroja al conjunto de la ciudadanía y pone en evidencia la seriedad de la democracia española.

Porque de esos polvos vienen estos lodos y no es de extrañar que de estas componendas salgan estos jueces y sus sentencias, que dejan en ridículo a la Justicia española.

Lo que resulta sorprendente y sospechoso, es que la Presidenta del Parlamento, Meritxell Batet Lamaña, profesora de Derecho Constitucional para más señas, se preste a este tipo de acciones por parte del Poder Judicial, claro que puede tener su explicación en el hecho de que su pareja de hecho, haya sido miembro del Consejo General del Poder Judicial…

Hay que ir poniendo coto a estos asaltantes del Poder.

@ordosgonzalo

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