Unidas Podemos mantiene la presión dentro del Gobierno para que la nueva ley de vivienda incluya medidas para obligar a los grandes propietarios a ceder parte de su parque al alquiler regulado para familias vulnerables. Y este miércoles la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, respondió al fondo de inversión Blackstone, uno de estos grandes tenedores a los que Unidas Podemos pretende regular, después de que la empresa asegurase que es únicamente "responsabilidad" del Estado facilitar vivienda pública: eso es "falso" y así lo demuestra la Constitución, aseguró Belarra.

La secretaria de Estado se expresó así a través de un hilo en su cuenta de Twitter un día después de que Eduard Mendiluce, gestor inmobiliario del fondo Blackstone (el mayor propietario de vivienda de España), asegurase el martes que el arrendamiento social es "responsabilidad 100% de la Administración pública". "Nuestra Constitución señala claramente que toda la riqueza del país está subordinada al interés general (artículo 128) y que los poderes públicos deben hacer efectivo el derecho a la vivienda protegiendo el interés general y evitando la especulación (artículo 47)", recordó Belarra.

Ayer propusimos en el Congreso que la ley estatal de vivienda contemple la obligación para los grandes propietarios de destinar el 30% de su parque a vivienda social en alquiler.

[ABRO HILO]

Para Unidas Podemos, eso se traduce en que la próxima ley de vivienda debe obligar a los grandes tenedores de vivienda a poner el 30% de su parque a disposición de la administración para alquileres sociales. "Con la medida que proponemos, los grandes propietarios podrán seguir obteniendo beneficios pero cumpliendo con su responsabilidad en la garantía del derecho a la vivienda", aseguró Belarra, que insistió en que, poniendo en marcha esta iniciativa, "en unos pocos meses tendríamos más de 140.000 viviendas en alquiler social para quien más lo necesita".

"Nos encontramos ante una emergencia habitacional dramática en nuestro país donde la gente destina de media el 40% de sus ingresos al pago del alquiler (mucho más en algunas ciudades)", apuntó la dirigente. Una situación que, para Belarra, es "consecuencia de décadas de ausencia de una política estatal de vivienda que apueste por un parque público de vivienda en alquiler homologable al de otros países de Europa", pero "también de un enorme descontrol para que el sector inmobiliario obtenga grandes beneficios".

"España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes (0, 9)", una cifra a "años luz de otros países como Francia (7, 2) o Países Bajos (12, 5)", y "ante esta situación el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y asegurar la corresponsabilidad de todos los actores para garantizar el derecho a la vivienda", argumentó la secretaria de Estado. A su juicio, debe respetarse la concepción de que "la vivienda es un bien de primera necesidad y debe cumplir su función social" y no estar sometida únicamente a las lógicas del mercado.

"Blackstone ya fue denunciado por el relator de la ONU sobre la pobreza extrema por comprar bloques enteros de vivienda para subir los alquileres a precios exorbitados y expulsar de ellos a sus habitantes", recordó igualmente Belarra, que tachó estas prácticas de "inaceptables". Y también rechazó el planteamiento del PSOE, partidario de conseguir más vivienda social construyendo: "En vez de construir nueva vivienda, algo poco necesario en un país con 3.4 millones de viviendas vacías, estas medidas que regulan y equilibran la balanza para evitar los abusos del sector inmobiliario son más necesarias que nunca".