Buenos Aires. Un grupo de diputados de la Coalición Cívica pidió ayer a la Justicia que el ex presidente Néstor Kirchner sea llamado a indagatoria, en el marco de la causa en la que se investiga una denuncia de la oposición donde se lo acusa de formar parte de una supuesta asociación ilícita para hacer negocios desde el Estado.

El pedido de indagatoria contra Kirchner fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, que deberá resolver si están dadas las condiciones para llamar a declarar al ex jefe de Estado a partir de las pruebas que obran en el expediente.

“Existen motivos suficientes para sospechar que Néstor Kirchner ha participado en la comisión de los delitos y consideramos oportuno que el juez proceda a citar a indagatoria al mencionado, a la brevedad, pudiendo hacerlo a pesar de haber sido electo en la última elección”, argumentaron los diputados.

Además, el grupo de denunciantes incluyó en la supuesta banda investigada al secretario de Energía, Daniel Cameron, y a los empresarios Gerardo Ferreyra –vinculado a la firma Electroingeniería–, y Juan Carlos Reartes -el encargado de alquilar y explotar el Hotel Los Sauces, en El Calafate, propiedad del ex jefe de Estado,

El expediente analiza la supuesta cartelización en las áreas de energía, de transporte, juegos de azar y obras públicas en general a través de la “adquisición de empresas estratégicas”.

Avión. En tanto, el ingeniero aeronáutico Jorge Arbaiza declaró ayer como testigo en la causa en que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime y aportó documentación del caso al juzgado.

Arbaiza trabaja para Mac Air, la empresa contratada para traer desde Hartford en Connecticut, Estados Unidos, hasta el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, el avión Lear Jet Bombardier licencia N786YA, valuado en 4 millones de dólares cuya propiedad se le atribuiría a Jaime.

De Vido

Ratifican sobreseimiento. La Cámara Federal porteña rechazó por segunda vez un recurso contra el sobreseimiento que benefició al ministro de Planificación, Julio De Vido, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El tribunal no hizo lugar a un recurso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.