Piden en EUA juicio contra ex presidente de facto de Honduras

Organizaciones de derechos humanos reiteraron su petición para enjuiciar al ex presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, por los abusos cometidos tras el golpe del 28 de junio de 2009. La víspera, el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) se opuso a una moción de Micheletti ante una corte de Texas para que desestimara una demanda que presentó la organización en junio pasado en representación de los padres de Isis Obed Murillo. El joven de 19 años fue asesinado de un disparo por miembros del ejército hondureño en julio de 2009, durante una manifestación pacífica en contra del golpe, según denunció la organización humanitaria. El CCR indicó en un comunicado que presentó documentación que “ilustra la cultura de la impunidad” en Honduras, que bloquea la justicia sobre ataques sistemáticos y asesinatos extrajudiciales de opositores y periodistas, los cuales siguen bajo el gobierno de Porfirio Lobo. En una declaración presentada ante el tribunal estadunidense, Human Rights Watch (HRW) señaló que los dos obstáculos clave que enfrentan los fiscales hondureños son la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y la independencia comprometida del Poder Judicial. “Las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas después del golpe no han encontrado justicia en el sistema judicial hondureño”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Esta declaración experta se presentó como parte de un esfuerzo por obtener un recurso efectivo para la familia de Isis Obed Murillo, una de las tantas víctimas de abusos graves cometidos tras el golpe”, agregó el directivo de la organización humanitaria. El 28 de junio de 2009, miembros del Ejército hondureño arrestaron al mandatario José Manuel Zelaya y lo sacaron del país. Micheletti, quien era presidente del Congreso, asumió la presidencia interina y permaneció en el poder hasta enero de 2010. Organismos de derechos humanos han denunciado abusos durante el gobierno de facto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza, que resultó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. Además, las fuerzas militares y policiales cerraron varios medios de comunicación en el país centroamericano. Ninguna persona ha sido condenada penalmente por las violaciones de los derechos humanos perpetradas en 2009 durante el gobierno de facto, indicó HRW.