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Artículo de opinión de Rafael Cid

A punto de entrar en el cuerpo a cuerpo electoral que dibujara el nuevo mapa político nacional, regional y municipal de los próximos cuatro años, el Partido Popular en el gobierno acaba de lanzar un órdago para contentar a los halcones de la formación. Pero no se trata solo de una concesión para consumo interno. Con la aprobación de las "leyes mordaza" (son tres en esencia y una en persona) el ejecutivo manda también un mensaje a los poderes fácticos compinchados (económicos, financieros, mediáticos, empresariales e institucionales) que sentían amenazados sus privilegios. El relanzamiento del activismo social, la disidencia pública y las movilizaciones ciudadanas de rechazo por los ajustes y recortes impuestos por la Troika inquietaban su statu quo. De esta forma culmina el ciclo que caracteriza a todos los periodos reaccionarios: a las involuciones sociales y económicas siguen graves afrentas en derechos y libertades.

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la última reforma del Código Penal y la modificación del Pacto Antiterrorista (este último en comandita con el PSOE), los tres rejonazos aprobados a iniciativa del rodillo popular, constituyen la herencia que dejará Mariano Rajoy a las nuevas generaciones. Seguramente en penitencia por haber vivido por encima de sus posibilidades, a decir de los grandes figurantes. A partir de ahora el Estado de Derecho estará a lo que mande el Estado Policial que lleva dentro, confirmando que lo "llaman democracia y no lo es".

El atropello que acaba de cometer Moncloa abusando de la mayoría absoluta de que dispone es un cruel gesto de debilidad dirigido contra la generalización de las protestas. Cuando estas agresiones adquieran naturaleza legal a partir del próximo uno de julio, los sectores que se han caracterizado por llevar a la calle su crítica contra las políticas austericidas y hacer de la solidaridad con los damnificados una forma avanzada de habitar la sociedad civil, verán aún más difícil ejercer como ciudadanos responsables y no como simples replicantes.

Las nuevas disposiciones anuncian disparates jurídicos como la "prisión permanente revisable", una contradicción en sus términos ("permanente" y "revisable") que ya en su orweliano nominalismo denuncia la flagrante vulneración del derecho constitucional a la reinserción y el carácter vengativo de la norma sin excusa de base real, porque como es sabido España es uno de los países de la Unión Europea con menor índice de criminalidad. Posiblemente debido a que la alta corrupción de cuello blanco e institucional, aquella que precisamente practican a manos llenas los representantes del duopolio dinástico dominante y sus acólitos, se ha convertido en una rapiña de suma cero, donde los capos de cabecera se lo llevan todo.

De parecida calaña es la medida para frenar las llamadas "entregas en caliente" de inmigrantes pobres retornados a la fuerza de las vallas de Ceuta y Melilla y sus afiladas cuchillas, que hasta ahora se saldaban con consecuencias penales para la policía y guardia civil que las realizaban sin soporte legal. España y la UE en la que está insertada se suman así al club de territorios bunker para tratar de fidelizar a ese bloque social fanatizado por la crisis que busca refugio en los partidos xenófobos que se presentan como alternativa ultranacionalista al sistema. Con ello, el derecho a la libre circulación de personas que consagran las normativas europeas se somete al número clausus que discrimina los juegos del hambre entre un norte opulento y un sur necesitado.

Sin embargo es en las reformas introducidas en el ámbito de la denominada "seguridad ciudadana" donde se ha hecho más flagrante la deriva autoritaria y cainita del PP. Legislar contra las movilizaciones ante el Congreso de los Diputados, impedir grabar las actuaciones de la policía en la vía pública y frenar gestos de solidaridad con las víctimas de los desahucios, supone un golpe de mano a la participación democrática a través de la recuperación del viejo concepto franquistas de "orden público", que consideraba el ejercicio de derechos y libertades una excepción graciosa. De ahí el que la tutela judicial efectiva por parte de tribunales (delitos) sea sustituida por un régimen de sanciones económicas (faltas) sometido a la discrecionalidad de los órganos de la Administración (gubernativa). Montequieu ha muerto de nuevo y la separación de poderes se ha convertido en una concentración de poderes (mafiosos). El poder corrompe y el poder absoluto, como el que disfruta el PP, no digamos.

Dicen los progresistas con carnet que esta nueva reforma degrada el "código penal de la democracia", aquel que parió en 1995 el ministro con dos carteras y poca cabeza, Juan Alberto Belloch, para significar el retroceso que la variante de los genoveses introduce en el ordenamiento legal. Pero se olvida que aquel texto también hacia de las suyas. Por ejemplo, introdujo el blindaje ante delitos de expresión de toda la Familia Real en línea ascendente y descendente, y legalizó ciertas formas de esterilización terapéutica, algo que el siquiatra Enrique González Duro ha calificado como una suerte de eugenesia de aquella manera. Lo que ocurre es que la andanada reaccionaria del PP se supera, porque a las leyes mordaza se ha sumado la aprobación de clases de religión católica en la Educación Primaria que enseñan la aceptación del "creacionismo" como condición para ser feliz. O sea, que además de delito no somos nadie, a Dios gracias.

Los juegos del hambre

Rafael Cid

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