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Artículo de opinión de Rafael Cid

Estado de alarma; cierres perimetrales; confinamientos domiciliarios; toques de queda; limitaciones horarias; hibernación productiva; acotamientos por zonas sanitarias, y otras muchas modalidades de restricción de derechos fundamentales y libertades se han ensayado en España para combatir la pandemia del Covid-19. A porrillo y sin comparación posible, ni en cuantía ni en eficacia, con lo acontecido en otros países de nuestro entorno. Baste recordar que desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio la ciudadanía prisionera sufrió el <<arresto domiciliario>> más largo y contundente del continente. Otros hicieron simplemente <<confinamientos>>, en muchos casos fiados a la responsabilidad de la gente, sin la espada de Damocles de la Operación Balmis.

Pero así y todo, esa tentación totalitaria con que se encubrió la prédica de la distancia social, resultó un fiasco. Aunque el aparato de agitación y propaganda que administra el Rasputín Iván redondo desde la bodeguilla monclovita nos la prometía muy felices, la realidad devino en mueca. No salimos más fuertes de la primera ola que nos coronó como el país de la peste, un eslogan que solo sirvió para encartelar con millones de euros a los medios de comunicación del coro oficial. Ni derrotamos al virus, como clamó Pedro Sánchez antes de incitarnos a la algarabía consumista del verano, tras pasarle el marrón a las autonomías para irse de vacaciones (como describió The Economist para bochorno de propios y extraños).

Lo que ocurrió, abriéndose paso entre el botafumeiro reinante y la anomía de una parte sociedad civil incapaz de ejercer como masa crítica frente al golosinado desastre, fue que volvimos a las andadas al ritmo del Himno de la Alegría. A liderar las estadísticas de contagiados y fallecidos, aparte de reincidir en la obscena cuota de sanitarios en cuarenta o caídos en combate. La segunda ola nos pilló con más de lo mismo y a lo loco. Ni se suministraron los recursos necesarios a los hospitales para evitar repetir la mortífera racha, ni las autoridades competentes aprovecharon el interregno para aprobar una legislación con que abordar la gestión de la crisis sin parecer la Armada Bracaleone. Se volvió al fango y a la mantica. Ahora incitando a la recluta con una monserga piadosa. <<Este virus lo paramos entre todos>>, rebobinaron. Pero a esas alturas del funeral ya todo el mundo sabía por quién doblaban las campanas.

Por eso, aquí y ahora, tenemos un desquiciado mapa de la pandemia pret a porter. Que no solo va por barrios sino que bascula en un circo de varias pistas. Con un espectáculo diferente en cada una de ellas, aunque la carpa sea la misma para todas. En uso legítimo de sus competencias sanitarias, las autonomías deciden el qué, el cuándo y el cómo de las medidas a adoptar para contener al Covid-19. El distinto nivel de incidencia de infectados, la variable densidad poblacional, o la distinta disponibilidad de medios clínicos para atender al enemigo común, justifican la disparidad e incluso la alteralidad con que los gobiernos de las comunidades encaran el problema. Pero lo que no tiene pase es que, por carecer de una normativa jurídica adecuada, se propicie una derivada por la que lo que en un sitio supone un atentado a los derechos y libertades, en otro, por el contrario, se bendiga como moneda de curso legal.

Hemos visto que los tribunales superiores de justicia pueden decir una cosa en Galiza y situarse en las antípodas en Aragón, por poner el ejemplo de lo que ocurrió meses atrás cuando algunas centrales sindicales pensaron celebrar el Primero de Mayo en la calle. Y ahora mismo, a la altura del 21 octubre, ocurre otro tanto. El TSJ del País Vasco acaba de invalidar la disposición gubernativa que limitaba a seis las personas que podían reunirse en torno a la mesa de una café. La tutela judicial efectiva, consagrada en la vigente constitución, queda como pajaritos disparando a las escopetas. Ni el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el mal llamado estado de alarma en todo el Estado; ni la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que lo regula; ni la también Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, contienen instrumentos respetuosos con los valores democráticos y no invasivos, (garantistas, claros y proporcionales) para unificar doctrina sin perpetrar un atropello al artículo 14 de la CE. La <<igualdad de todos los españoles ante la ley>> está en supuesto.

Nadie sabe a qué atenerse. Todo depende del cristal partidista con que se mire. Si atendemos a lo que prescribe el Ejecutivo, al dejar todas las responsabilidades de la gestión en manos de las autonomías, estaríamos ante una España federal, confederal o cantonal, como Suiza. Todo el poder para las comunidades parece decir ministro Illa (un sofista en Sanidad) cuando afirma que su papel es solo de <<coordinación>>. Pero si oímos otras voces, lo que se postula es algo muy distinto. Hasta el punto de que algunos claman por retirar las competencias sanitarias a las autonomías. Una recentralización en toda regla que reúne a gente tan curiosa como el líder de Vox Santiago Abascal y el presidente de Extremadura. El socialista Fernández Vara tuvo el cuajo de sugerirlo recientemente en unas jornadas patrocinadas por la multinacional farmacéutica Roche y El País (recompensado con 18 páginas de publicidad de la sanidad privada en días sucesivos). Con el lógico aplauso de los anfitriones, que desde el Informe Abril elaborado por el felipismo en 1991 están buscando la ocasión para tener una única central de compras a nivel nacional con la que entenderse en materia de sanidad.

Somos los pupas de Europa; vamos hacia un desastre económico agravado por la negligente gestión de la pandemia; cebamos una explosión social; y encima, víctimas del Síndrome de Estocolmo propiciado por el efecto paralizante del Covid-9, aceptamos resignadamente que trafiquen con nuestros derechos y libertades en el monopoly de sus intereses cortoplacistas. ¡En la salud ustedes mandan, pero no saben!... Si solo fuera eso.

Rafael Cid

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