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08/02/2017

Desde que analizo el tema de las fronteras de la persona, no dejo de pensar en el sinnúmero de situaciones que en Colombia limitan el logro de una vida floreciente y plena para muchas personas, poblaciones enteras, que se enfrentan a múltiples injusticias que obstaculizan la posibilidad de vivir a plenitud.

Durante muchos años, personas de distintas regiones de Colombia, se han enfrentado contra la exclusión, a un sin fin de situaciones que las han alejado del desarrollo, de las oportunidades y de los bienes que permiten el desarrollo de sus capacidades.

La corrupción, la politiquería, el clientelismo, entre otros fenómenos, han condenado a una inmensa población colombiana a vivir por fuera de los beneficios y privilegios que supone la existencia del Estado Social. La situación es desoladora en muchos rincones del país, tanto que pone en entredicho la existencia del Estado, de instituciones que contribuyan a hacerlo posible. Lo acuciante de toda esta situación, es que la justicia social, concebida como una obligación del Estado y de sus instituciones, no alcanza a muchos ciudadanos, no alcanza la capacidad de transformación de los límites en posibilidades de la ciudadanía para participar en las distintas facetas de la vida.

Es palpable que las injusticias causadas por los distintos actores, han truncado las posibilidades para la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida del país. El hecho de que la Constitución declare la existencia de un Estado social, no es óbice para afirmar que este sea una realidad en Colombia, pues mientras el texto constitucional es rico en declaraciones, el escenario resulta injusto y excluyente en muchos rincones donde el Estado es ausente, insensible frente a las expectativas y a las necesidades de la gente.

Tzevetan Todorov pensaba en la necesidad de una justicia social que haga más llevadera la vida de la gente. Esta idea traída a las particularidades del Estado colombiano, un Estado que impone bordes por doquier, fronterizo en las fronteras de la vida, invita a mirar aquellas situaciones límites que afrontan muchos ciudadanos en todo el territorio colombiano. Desigualdad, pobreza, violencia de género, discriminación, falta de oportunidades, exclusión social, entre otros, son fenómenos que mantienen en suspenso el carácter ?democrático? que solemos adscribir al Estado colombiano.

Por un lado, se profundizan las injusticias que limitan la posibilidad de una vida floreciente, por otro se exacerban las fronteras de las personas, condenándolas a una vida dependiente, pasiva y desgraciada. Muchos colombianos transitan alrededor de estas fronteras, sin hallar respuesta a sus demandas.

Esta es una de las grandes deudas que imponen un reto enorme a Colombia. Saldar muchos años de injusticias contra un sinnúmero de ciudadanos que han vivido por fuera de las posibilidades, de las oportunidades, del acceso a prestaciones, sin la posibilidad de cultivar sus capacidades, excluidos del reconocimiento de su igual dignidad. Este reconocimiento es un deber inaplazable, exige un gran compromiso de las instituciones haciendo frente a aquellas prácticas que dejan por fuera a la ciudadanía de los bienes y servicios del Estado, promoviendo la justicia social mediante el fomento de la capacidades en las personas excluidas y generando espacios de inclusión y de participación ciudadana.

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