Acotaciones políticas

Autor: Br. Guillermo E. Cuadra Reyes

La presente nota personal es parte de una amplia interrelación ideológico-democrática respetuosa de la opinión ajena, aportadora de soluciones nacionales a problemas nacionales y particularmente apoyadora al sector laboral de todos los Agentes de Seguridad, Conductores y Conserjes de los diferentes Poderes de Estado y demás instituciones públicas. Si de alguna forma esta exposición sencilla y sincera, nos incita a reflexionar en este sentido, y principalmente a nuestro actual presidente inconstitucional, el Sr. Daniel Ortega Saavedra, me sentiré más que satisfecho.

Ya que el presidente Ortega está firmemente determinado a imponer su propia concepción sistemático-política y en vista que nuestra nación muestra casi nula presencia para las marchas convocadas por la sociedad civil, como nicaragüense interesado en aportar al respecto, procedo en este sentido a publicar a través de Internet algunos aspectos procedimentales en los que personalmente creo está fallando la praxis presidencial.

El presidente Ortega debió entender durante su etapa opositora a los gobiernos democráticos electos en justas, honestas y transparentes elecciones, que el ejercicio de la máxima magistratura nacional (que él mismo se autoasignó por medio de sus operadores políticos institucionales), no constituye un cheque “político” en blanco con el que se tenga vía libre de decisión y gestión gubernamental, sino más bien, el ejercicio coordinado de una Administración Estatal en bien de mayorías y minorías sociales de nuestra nación, con manejo responsable y transparente de los recursos económicos, naturales y humanos de la patria de Augusto César Sandino, Rubén Darío, Andrés Castro y de tantos otros héroes y mártires sobresalientes en fulgurar una patria digna; más bien, creyéndose iluminado, predestinado e infalible, ha estado eludiendo el parecer ciudadano y esforzándose en imponerle al pueblo nicaragüense esquemas organizativos comprobadamente infuncionales con la naturaleza democrática y la idiosincrasia nicaragüense, repitiendo algunos errores metodológicos cometidos durante la primera fase “revolucionaria”, los cuales debieron superarse a fin de mejorar los sistemas gubernamentales proyectados.

Tengo la sensación (y creo no ser el único) de ser gobernado por una pareja monárquica, autoritaria, prepotente y verticalista, raudamente hegemonizante de poder político e ingente acumuladora de poder financiero, obstaculizando la emergencia y el ascenso al poder de nuevos líderes que al menos no sean tan avasallantes como la pareja inconstitucional Ortega-Murillo, retrasando el crecimiento político-cultural democrático, impidiendo la restauración psicológica vulnerabilizada por una prolongada dinastía somosista y una experimentada y actual dirigencia “socialista”, gestora de una potencial dinastía, según deducimos tras la afirmación del difunto dirigente sandinista Tomás Borge, de que “habrá sandinismo hoy, mañana y siempre”.

La situación política se puede sintetizar así: (a) Un presidente de facto empecinado en creer que él y su consorte, están predestinados a mandar indefinidamente y a decidir por todos los nicaragüenses ineptos y olvidadizos de la historia nacional; (b) Una dirigencia política opositora desarticulada, indecisa, sin pizca de credibilidad y beligerancia; (c) Una empresa privada que continúa obteniendo grandes beneficios económicos y conservando los mismos privilegios provenientes de la inmisericorde explotación laboral a través de salarios inhumanos e indignos; y (d) Dirigencias sindicales eunucas que, en casi todas las instituciones públicas han sido copadas por cuadros activistas danielistas, mudos, sordos y ciegos ante tanto atropello a los derechos laborales y el despido de miles de trabajadores públicos que según Álvaro Leiva Sánchez, Secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (FEDETRASEP), para junio del 2012, el gobierno había despedido a trabajadores públicos (El Nuevo Diario – 12/JUN/2012), y que según estadísticas más recientes de esta misma organización sindical, en el período del 2007 hasta abril de 2013, el número de empleados públicos despedidos ascendían a 26, 691 a los cuales generalmente, no se les cancela las prestaciones laborales a las que legalmente tienen derecho.

Acciones gubernamentales de tanta afectación nacional e ingente envergadura como las pretendidas por el Ejecutivo nicaragüense, referentes a los cambios sistemáticos gubernamentales pretendidos, muestran prepotencia, autoritarismo y craso irrespeto al ordenamiento jurídico vigente, necesariamente requiriendo ser consultadas con todos los sectores nacionales, si es que realmente para el presidente Ortega la voz del pueblo es la voz de Dios y no contrariamente, que por autollamarse el pueblo presidente su propia voz es la voz de Dios. Que más bien sea el pueblo el que se equivoque y no, el yerro de una imposición personal arbitraria desde un liderazgo seudo mesiánico interesado exclusivamente en consolidar un poder familiar perpetuo y a toda prueba.

Ha sido de dominio público el interés del Presidente nicaragüense don Daniel Ortega, de imponer su personal concepción sistemática de gobierno, la cual ha estado discurriendo entre el “parlamentarismo” y una “democracia directa”, aunque la más apropiada calificación correspondería a un sistema absolutista casi monárquico, desechando el moderno Estado de Derecho y retrocediendo a un Estado de Facto.

Un Sistema de Gobierno semejante al planteado en “El Libro Verde” de Muammar El Gadhafi; un tipo de socialismo teórico que el líder libio impuso a su pueblo desde 1969 hasta su ajusticiamiento en 2011, resultando en una praxis política dictatorial y que, don Daniel Ortega, ha estado adaptando desde su anterior período presidencial (2007-2012), y ampliándolo en este posterior período presidencial inconstitucional (2012-2017), respaldado operativamente por una atemorizante y eficiente maquinaria estatal-partidaria, conformada por los “Consejosdel Poder Ciudadano” y los emplanillados-carnetizados de las Instituciones Públicas Partidizadas, los primeros, seducidos por el ejercicio del poder político, y los segundos, gestores “voluntariaos” por temor a perder sus empleos; ambos sectores, fieles a los intereses particulares de la pareja gobernante antes que a los intereses nacionales.

Un sistema político y socio-económico, adaptándose a nuestras particularidades nacionales pero, antagónico con el status quo empresarial nicaragüense, en el que los asalariados de este socialismo gadafista, teóricamente deberían constituirse en socios dentro del conglomerado de empresas, lo que indudablemente, provocaría reacciones enconadas, aun de aquellos empresarios “sandinistas”, que casi seguramente presionarían dentro de la cúpula oligárquica danielista, a fin evitar cualquier implementación contrapuesta a sus embelesantes intereses y privilegios, a los cuales, no estarían dispuestos a renunciar tan fácilmente.

Los demás empresarios no sandinistas, reaccionarían análogamente, sintiendo que: Se les están violando sus derechos políticos y económicos;(b) Sustrayéndolos forzadamente de un sistema político y socio-económico al que ya se habían acomodado y que les es preponderantemente prerrogativo, diseñado para enriquecerlos a costa de la explotación de la amplia e inestable base social conformada por modernos esclavos asalariados; y (c) Obstaculizando su desmedido enriquecimiento.

Se supone que a un auténtico sandinista le son inherentes: Un esquema doctrinal apegado a los ideales de Sandino y, una praxis de equidad social favorable a aquellos jornaleros mantenidos en un laberinto de sufrimiento, pobreza e insolvencia de sus necesidades; a pesar de todo, por causa de empresarios nicaragüenses (sandinista y no sandinistas; “revolucionarios” y no revolucionarios; de derecha o de izquierda) y hasta por causa de instituciones estatales rectoradas por gobiernos “socialistas” mediante cuadros con supuesta alta conciencia político-social que hasta el presente, continúan remunerando escuálidamente a estos jornaleros del más bajo escalafón salarial, lo que ni siquiera les permite adquirir todo lo estipulado en la canasta básica.

Entonces, ¿donde queda el supuesto sandinismo, socialismo o calidad revolucionaria de estos inhumanos empresarios y de los susodichos jerarcas institucionales renegados? Es cómodo decirse sandinista cuando se cuenta con jugoso salario, excelentes viáticos y generosos bonos; asignación de vehículo estatal y cuota generosa de combustible; facilidad para vacacionar a lo grande dentro o fuera de Nicaragua con holgado soporte económico para ello; tarjetas jugosas de crédito; es decir, cuando se disfruta de una vida rodeada de todas las comodidades, facilidades y placeres del “vivir bien, vivir bonito”.

El Estado socialista que encabeza el señor Ortega, debiera dar ejemplo institucionalizando políticas estatales de redistribución cada vez más justa de la riqueza nacional generada por todos los nicaragüenses, empezando esta justa distribución desde el ámbito laboral de los empleados públicos y posteriormente avanzar hacia un aceptable socialismo, concertando con el sector empresarial privado, medidas tendientes a incluir a los asalariados de este último sector, dentro de un nuevo sistema equitativo para todos, con salarios públicos que permitan acceder a todos los ítem de la Canasta Básica Nicaragüense.

Estos jornaleros con más bajo salario, lo conforman principalmente los conductores, agentes de seguridad y conserjes, quienes generalmente, devengan sueldos nominales por debajo del costo de la Canasta Básica Nicaragüense y por quienes estoy publicando esta nota que talvez pueda iniciar una creciente concientización de los máximos jerarcas de los Poderes Estatales, de los empresarios sandinistas en primera instancia, y finalmente, del resto de empresarios nicaragüenses.

No se trata de enfrentamiento, polarización o “lucha de clases” de los asalariados explotados contra la clase empresarial explotadora

Referentes a las necesidades vitales de los asalariados, en la página 74 de la antes mencionada obra gadafista, el autor expone: "Se trata de la teoría que establece la liberación de las necesidades para liberar al hombre”. Exponiendo más adelante en las páginas 75 y 76: “El establecimiento de la libertad se realizará en la medida en que el hombre se haga dueño de sus propias necesidades y las tenga sagradamente aseguradas. Es decir, tu necesidad no debe ser propiedad de otros. De lo contrario, será objeto de robo por cualquier parte de la sociedad y, si vives preocupado, pierdes tu felicidad y no vives en libertad sino en las sombras de la espera de una interferencia exterior en tus necesidades vitales”. Si don Daniel Ortega creía tanto en Gadhafi, ¿por qué no pone por práctica gubernamental expansiva e incluyente esta afirmación teórica?

Si bien a simple vista, esta requerida asociación entre los empresarios y los trabajadores de las empresas, parece generadora de turbulencia e ingente polarización social, es sin embargo, un objetivo socio-laboral muy apetecido por todos los asalariados dependientes hasta el presente de la benevolencia concesional de sus crueles explotadores, a quienes, se les ha arrancado en lucha prolongada y costosísima, algunas concesiones laborales que aun en pleno siglo XXI, son insuficientes en satisfacer todas las necesidades vitales personales y familiares de un amplio ámbito laboral nicaragüense.

La actual civilización, está arribando a la madurez social después de efectuado todo un recorrido histórico-experimental sistemático, desde la cual, logre construir todo un engranaje o sistema político, social y económico, facilitador de perdurables paz, progreso, libertad, igualdad y satisfacción de todas las necesidades vitales.

Las luchas históricas que el anterior proletariado, las posteriores masas de obreros y los actuales asalariados, han realizado en el transcurso del tiempo, es lo que ha obligado a estos grupos explotadores de izquierda, centro y derecha, a otorgarles a cuenta gotas, ciertas concesiones que solamente han aliviado escasamente sus lamentables condiciones de vida. Empresarios que mediante exorbitantes ganancias, y jerarcas institucionales públicos pro-explotadores, excelentemente remunerados y promotores del viejo sistema explotador de salarios de sufrimiento, han conseguido ampliar cada vez más la brecha separadora entre dos mundos totalmente opuestos: el del regio mundo de los disfrutadores de la riqueza social y del espléndido ejercicio del poder político; y, el del tenebroso mundo de los asalariados oprimidos.

Sucediendo con los Sistema Gubernamentales nicaragüenses que hasta el presente han ejercido el poder político en Nicaragua, incluido el vigente sistema pseudo socialista y bolivariano, encabezado por un frente “sandinista” de liberación nacional (FSLN), que ni siquiera han querido reconocerles a sus empleados públicos un salario neto(sin incluir horas extras, viáticos o bonos), que cubra al menos el costo de lo que actualmente se denomina, La Canasta Básica, costo que para enero de este año 2013 alcanzó los 10, 864.30 córdobas, según publicación del Diario La Prensa (http://www.laprensa.com.ni/2013/02/13/activos/134406-canasta-basica-sigue-al). Esto como una medida inicial de política económico-estatal modificadora del actual Sistema de Salarios de Subsistencia, a otro Sistema Salarial Dignificante antes de arribar al sistema asociativo. El punto inicial de dignificación humana se ubica a partir de la cobertura total de todas las necesidades básicas.

Los Empresarios Privados (sandinistas y no sandinistas) y el Estado Nicaragüense, son los dos amplios sectores nacionales que deberían implementar este sistema salarial, como un primer paso de desarrollo social sostenible y sostenido; un Estado Concertador y Guía social con voluntad política a una praxis pragmática, no instaurador de dictadura (ni siquiera la Dictadura Proletaria), sino, liberador de prisiones de insatisfacción, sufrimiento y pobreza nacional. Pero, ¿Cómo podrían todos los empresarios nacionales aceptar como socios empresariales a los asalariados en sus respectivas empresas? ¿Se hace necesario que el Estado nicaragüense obligue legalmente a este sector económico privilegiado al respecto? Creo que el sector de los empresarios privados de todo el mundo y particularmente los empresarios nicaragüenses, deben entender de una vez por todas, que ya no pueden seguir obteniendo inmensas ganancias de sus empresas, a costa de la explotación y sufrimiento impuestos a los asalariados que ganan por debajo del costo de la Canasta Básica; se trata de la adquisición de una mayor conciencia humanista y algún grado de voluntad, compartimentación y sacrificio de parte de estos empresarios, y sobre todo, del compromiso y voluntariedad de los máximos jerarcas público-institucionales a favor de los explotados; se trata de la perentoriedad y necesidad de avanzar en un derrotero cada vez más justo de convivencia pacífica, equitativo y de colaboración de todos sin excepción; de una Sociedad Moderna donde se palpe y respire verdadera confraternidad, felicidad e igualdad democrática, cualquier otro entorno social contrapuesto, ya no es admisible ni compatible con los actuales niveles de madurez y modernidad humana.

En el caso de Nicaragua, del total de empleados públicos, ¿cuantos devengan un salario neto de 10, 864.30 córdobas? Me imagino que la inmensa minoría. El actual gobierno del presidente Ortega Saavedra siendo cristiano, socialista y solidario, debería hacer honor a estos adjetivos, pagando a estos, salarios públicos mínimos de más 10 mil córdobas. ¿Qué monto presupuestario representaría esta implementación laboral? Creo que el soporte económico para esta medida económico-laboral provendría de: (a). Haciendo pagar a todos los grandes empresarios y banqueros nacionales un mayor porcentaje de impuestos, balanceando mejor sus exorbitantes ganancias e inyectando más recursos al presupuesto nacional y no a sus arcas personales o partidarias; (b). Una mayor racionalización de las exoneraciones; y (c). En vez de utilizar discrecionalmente la ayuda venezolana chavista beneficiando a personas que aunque ciertamente, ameritan este tipo de ayuda a través de ciertos programas o planes como Plan Techo, Usura Cero, Bono Productivo y otros, resultaría más esatabilizante, si se trasladasen esos mismos montos para beneficio socio-económico de aquellos asalariados públicos nicaragüenses con salarios por debajo del nivel básico de dicha Canasta, mejorándoles ostensiblemente sus niveles de vida. Igualmente, el “bono Alba” de 750 córdobas que el Presidente Ortega ha asignado para todos los empleados públicos que devengan salarios de hasta 5 Mil córdobas, les sería más beneficioso a estos mismos trabajadores, si en vez de recibirlos como bono, les fuese asignado como parte salarial, ya que de esta forma, aumentarían las magnitudes de su Hora Laboral Normal y de su Hora Extra; y (d) Reformar el Código del Trabajo, para que: (1). A todos los trabajadores nacionales se les paguen todas sus horas extras laboradas cuando estos lo requieran; (2). El derecho de que cualquier trabajador nacional, pueda acceder por propia decisión personal, al pago en un 100 % de todo su saldo vacacional. Esto sería factible, si nuestras máximas autoridades institucionales se sensibilizaran al hecho de que no solamente ellos pueden ir de vacaciones con suficiente dinero en la bolsa para este efecto, debiendo mediar una utilización más justa, humana y racional, de los presupuestos asignados a cada poder del Estado a través del Ministerio de Hacienda, en el caso de Nicaragua. Un Presupuesto de la República que al presente, en un alto porcentaje, es utilizado en los altísimos salarios y privilegios de los Funcionarios Públicos Principales, provocándose así un repugnante contraste social.

¿Debería el presidente Ortega someterse al condicionamiento de organismos económicos mundiales en el sentido de continuar congelando los salarios del sector estatal, cuando esta medida a quienes afecta más injustamente, es a los del más bajo nivel jerárquico y salarial, como son los agentes de seguridad, conserjes y conductores, manteniéndolos en constante zozobra, inseguridad e infelicidad? En todo caso, que se congelen los salarios de todos aquellos asalariados que ganan por arriba del costo de la Canasta Básica, y, no se siga despidiendo trabajadores públicos para emplear a nuevos trabajadores supernumerarios proclives a la fidelidad partidaria danielista o, emparentados con altos funcionarios estatales danielistas. Si se pretendiese compactar el aparato estatal, esto deberá implementarse reduciendo los numerosos Funcionarios Públicos Principales, Asesores, Magistrados, Diputados, y sobretodo aquellos Cuerpos Colegiados numerosos para nuestra economía. Por ello la reforma presidencial a la Ley Electoral aprobada por la Asamblea Nicaragüense referente a ampliar el número de concejales a nivel nacional es contraproducente con una optimización de nuestros recursos económicos.

Mientras los nicaragüenses logramos estructurar un verdadero sistema socialista y democrático, ciertas políticas económicas existentes deberán continuarse o ampliarse, y otras instaurarse. Tales como: (a) Renovar las relaciones asistenciales anteriores con el Grupo de Ayuda Presupuestaria, pues, en caso de descontinuarse la ayuda discrecional chavista, la ayuda de aquel grupo, amortiguaría los efectos socio-económicos por la ausencia de la segunda. (b) Eliminación de los Bonos Especiales Porcentuales (20 %) para aquellos asalariados que devengan sueldos por arriba del costo de la Canasta Básica y Sistematización anual de la adecuación financiera de estos bonos, asignados en algunas instituciones estatales a sus empleados, tomando en cuenta las proyecciones anuales de inflación y/o pérdida de poder adquisitivo salarial; (c) Continuar subsidiando en un alto porcentaje el transporte colectivo, y selectivamente la energía, cosa que ha estado practicando el gobierno orteguista o danielista; (d) Acceso totalmente gratuito y real a toda consulta médica especializada, así como a toda la medicamentación necesaria en el tratamiento de las diferentes enfermedades, tanto para trabajadores activos como pensionados y jubilados; (e) Subsidiar en un 50 % el costo de los tanques de gas butano en sus envases de 10 y 25 libras—que son los más utilizados por las familias nicaragüenses de más bajos ingresos económicos–; (f) Masificar el uso de Internet para los estudiantes de primaria, secundaria y universitario, a través del equipamiento tecnológico respectivo a los colegios, institutos y universidades públicas; (g) Dotar a todos los centros de enseñanza pública con extensas bibliotecas y apropiados laboratorios; (h) Institucionalizar pensiones y jubilaciones con mantenimiento de valor en dólares, que cubran al menos en un 80 % la Canasta Básica para estos ex-trabajadores; (i) Becas estudiantiles completas para todos aquellos estudiantes cuyo promedio de notas sea excelente o nivel de inteligencia óptimo, colocándoles al culminar sus carreras universitarias como jerarcas institucionales.

Instaurar un Sistema Socialista como el anteriormente planteado, requiere (a fin de amortiguar la agitación y costo transicional) cautela política y liderazgos estatales continuadores de los planes sociales precedentes o concertados anteriormente, es decir, de un Plan Nacional con plazos largos y objetivos acordados con todos los sectores de la vida nacional; estabilidad socio-política en base a la permisibilidad de la diversidad ideológica; concertación multisectorial metodológica; la adecuación constitucional y jurídica acorde con el nuevo sistema político; iniciar este nuevo sendero o recorrido sistemático-político mediante la asignación de salarios básicos públicos cubridores del costo de la Canasta Básica nicaragüense y subsidios sectorizados; y primordialmente, el estrechamiento de lazos diplomáticos con los socios económicos tradicionales (como los USA) y socios más recientes; actualizados acuerdos o tratados económicos justos mediante alianzas políticas y económicas estratégicas, entre otras.

Así, tras una etapa predecesora de concientización prolongada y cambios graduales, como producto de la madurez social y de la aceptación voluntaria por parte de los dos principales sectores (asalariados y empresarios), una vez que todos los empresarios hayan digerido favorablemente la necesidad social de un balance justo entre sus exorbitantes ganancias y, la justa y necesaria satisfacción de todas las necesidades a los trabajadores en cada una de sus empresas nacionales (preferentemente sin recurrir a la vía confrontativa de la imposición jurídico-estatal en esta etapa inicial), respetándonos y conviviendo en democracia consensuada, asemejada a una social-democracia, se procedería a consolidar jurídica e institucionalmente, la asociación empresarial de los hasta entonces asalariados.

La actual civilización humana, está adquiriendo el desarrollo intelectual, moral y psíquico, en todos los campos del actuar humano que impedirá en lo futuro, las expresiones de sociedades explotadas y se manifiesten más bien, sociedades justas, armónicas y pacíficas, capaces de perdurar en Paz y Justicia Social.

No se trata de enfrentamiento, polarización o “lucha de clases” de los asalariados explotados contra la clase empresarial explotadora, sino de: Contemporización, convivencia pacífica y colaboración bienhechora de y para todos; que cada trabajador asalariado, se convierta en un nuevo socio, dejando de ser victima de explotación; co-propietariedad de un conglomerado mayoritario de trabajadores (productores de riqueza social) convertidos en copropietarios en Empresas Colectivas; empresarios con una nueva visión de responsabilidad y de justicia social para con sus trabajadores; preservación de los Derechos Humanos de todos y, de respeto a todos los tipos de propiedad, pero sí, dentro de una justa distribución social productiva. Y lo más importante: la realización de un ámbito de paz y mutua tolerancia, de un verdadero socialismo sepulturero definitivo de todo sistema explotador, inhumano y cultivador de la infelicidad.