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Gonzalo Sánchez Del PozoMiembro desde: 25/12/16

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29/11/2018

Finalmente la jueza Carmen Rodríguez – Medel ha imputado, en el caso Máster, a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, la catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la URJC, a dos profesoras y a una asesora de Cifuentes

El «culebrón» del máster de Cristina Cifuentes entra en una nueva fase, esta vez judicial. Además de que el asunto provocó la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, ahora el máster espurio puede producir una condena de tipo penal.

La jueza Rodríguez – Medel considera que Cristina Cifuentes «promovió» una coartada, falsa, sobre su logro de su máster; además, la jueza considera que mintió en sede judicial.

El proceso judicial alcanza también a la asesora Maite Feito, a Enrique Álvarez Conde, que fuera director del máster y a Cecilia Rosado, profesora que falsificó las firmas.

Falsificación del Acta de Trabajo del Máster

Rodríguez – Medel investiga tanto a Cifuentes como a varios profesores universitarios por el Acta de Trabajo del Máster, por lo que finaliza la fase de instrucción y ahora comienza un procedimiento abreviado.

La jueza se ha decantado por ese tipo de proceso debido a que las penas que puede acarrear no son superiores a los nueve años de cárcel.

Los investigados son, además de la propia Cifuentes, los ya citados Maite Feito, Enrique Álvarez Conde y Cecilia Rosado.

Rodríguez – Medel también archiva la convalidación, falsa, de varias asignaturas del máster porque no ha sido posible determinar quién formaba parte de una ficticia Comisión de Garantías del Máster que cursó Cifuentes.

Queda probado que Cifuentes no hizo el trabajo ni defendió el Máster

Es lo que aparece reflejado en la resolución razonada de la jueza, ya que las explicaciones que dio la que fuera delegada del gobierno en Madrid no resultaron creíbles a criterio de la jueza, en lo que se refiere a su trabajo de fin de máster y su defensa ante un tribunal.

Rodríguez – Medel también interpreta que se produjo una ocultación deliberada por parte de Cifuentes y de su entorno para evitar que saliera a la luz e incluso se llegó a falsificar un acta para justificar que la política había superado el máster.

Una concatenación de falsedades

La jueza del juzgado de instrucción número 51 de la Plaza de Castilla, indica que resulta sumamente irregular que Cifuentes no guarde ningún documento sobre el máster, como pueda ser bien una copia del TFM o bien correos electrónicos con la universidad.

Entre las «perlas» que Cifuentes declaró en el juzgado, y con los que pretendía justificar la inexistencia de comunicaciones con la universidad, se encontraba que a la presidenta no le gustaban los correos electrónicos y que enviaba misivas a Álvarez – Conde.

La jueza también considera como cierto, que Maite Feito, siguiendo las órdenes de Cifuentes, y para evitar el procesamiento de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, instruyó a Álvarez Conde para que generara una documentación fraudulenta sobre el máster de Cifuentes.

«Fabricación» de un TMF

Rodríguez – Medel considera acreditado que Maite Feito llamó, de manera insistente a Rosado para que esta confeccionase un TFM y un acta falsificada que certificase que el TMF se había entregado.

La profesora se negó en redondo a elaborar el trabajo; en esa tesitura Feito le exigió que le proporcionase, al menos, una bibliografía con la cual poder trabajar para lograr elaborar un TMF de manera alternativa.

La presencia de Feito y su conversación con Rosado en la URJC, ha sido justificada por la primera en el hecho de que ese mismo día tenía una reunión en la citada universidad.

La jueza del juzgado de instrucción número 51 de la Plaza de Castilla, indica que resulta sumamente irregular que Cifuentes no guarde ningún documento sobre el máster

Álvarez – Conde también participó

También parece que el catedrático de la URJC está implicado en el Caso Máster, y que presionó a la profesora Rosado.

El director del Instituto de Derecho Público, obligó a la profesora a que elaborase una defensa del TMF de Cristina Cifuentes, para de ese modo poder «tapar» las irregularidades.

La profesora envió en el mismo día un correo electrónico donde aparecían la fecha de la constitución del supuesto tribunal y la composición del mismo, al rector de la URJC, Javier Ramos.

Una falsedad más se produjo cuando Rosado elaboró de tal manera el correo electrónico como si fuese el propio Álvarez Conde el que enviaba al rector el email con todos esos datos inventados.

Falsificación de firmas

Rosado, para dar mayor verosimilitud al TFM, falsificó en las actas las firmas de Alicia López de los Mozos y de Clara Souto, aunque en la fase de instrucción las dos profesoras dieron informaciones contradictorias sobre si dieron su consentimiento a que se consignaran sus firmas.

De cualquier modo, Rodríguez – Medel desiste en incluirlas en el sumario debido a que no existen indicios de que López de los Mozos y Souto participaran en la falsificación de las notas de Cristina Cifuentes.

Una jueza bragada

Carmen Rodríguez – Medel es una magistrada con una amplia experiencia como juez y además fue asesora del ministro de justicia del gobierno del PP, Rafael Catalá.

Tiene fama de ser una jueza metódica, como ha demostrado en el Caso Cifuentes, que llevó a cabo una rápida instrucción de la causa, de la misma forma que hizo con el caso del máster de Pablo Casado.

Perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, esta licenciada por la Universidad Complutense, ha «toreado en muchas plazas».

Después de desempeñarse como juez en Santoña y Fuenlabrada, se convirtió en una jueza muy mediática por su paso por los juzgados de Marbella, donde instruyó el «caso Minutas», y la investigación que llevo entre rejas a Juan Antonio Roca.

Su actuación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer también en Marbella, la llevó al reconocimiento del resto de la profesión, por la buena labor que desempeñó allí.

Rodríguez – Medel, además, es una experta en cooperación judicial internacional, y su tesis doctoral así lo acredita, con un trabajo titulado Prueba penal transfronteriza: su obtención y admisibilidad en España.

Protección de los denunciantes

Ese asunto es uno de los «caballos de batalla» en los que se encuentra embarcada la jueza que ha puesto contra las cuerdas a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

En esa misión, ha tenido que comparecer ante la comisión constitucional del Congreso para hablar de la corrupción en los juzgados, donde ha transmitido a los diputados que es necesario contar con más elementos legislativos para la lucha contra la corrupción.

Fuente - El Diario / El Confidencial / Enrique Álvarez Conde en Wikipedia

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