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Al sistema financiero español, que con sus prácticas especulativas provocó una crisis económica sin precedentes, lejos de eximírsele de la devolución de los fondos públicos invertidos en su rescate, debe instársele a la íntegra devolución de su importe

Al Partido Popular que  es muy dado a  ungirse como eficiente gestor de lo público,   la noticia publicada esta semana por el  Banco de España sobre el  rescate financiero a la banca,   es indudable, que además de dejarlo en evidencia viene  a cuestionar la efectividad  de  su  alardeada  solvencia, pues si a tiempo de efectuar  la intervención del rescate de las entidades financieras,    el presidente Rajoy no dudaba en manifestar que los fondos utilizados  para tal finalidad vía Unión Europea, habrían de entenderse como  un “crédito  a la banca que iba  pagar la propia banca”,   ahora pasado el tiempo, todo indica  que  sus  proclamas  fueron una tomadura de pelo sin precedentes.

Esa al menos es la conclusión deducible, a juzgar por lo afirmado  en su informe por el supervisor  del proceso, quien confirma  que el 80% del dinero invertido en sanear al sector financiero, es decir, al menos 60.613 millones de euros, por tácita condonación, pasarán a cifrar el importe de una desorbitada factura impagada   que nunca  se reingresará  en las arcas del Estado; resultando por tanto que donde no había coste repercutido para los contribuyentes españoles, ahora los hechos vienen a confirmar justo lo contrario, es decir, que una vez mas se incumplen los contraídos explicitados  y que serán los administrados  quien ”en definitiva” pagarán ocho de cada diez euros inyectados en el  rescate del sector bancario.

Tal proceder indica  la nula fiabilidad  que debe adjudicarse a un Gobierno  que además de  engañar a la ciudadanía, no repara en  estafarla, engendrando un agujero multimillonario al erario público, para así, utilizando  a coste cero  el dinero   de todos, rescatar a  unas  entidades financieras  abocadas a la bancarrota, y todo, en razón a    la negligencia mercantil y mala praxis  de sus cúpulas directivas, a la repercusión  inducida  de los múltiples  escándalos de corrupción, a la manifiesta falta de control y  fiscalización de los  órganos de supervisión,  como también, a  la total incompetencia política en la gestión de la crisis.

Un cúmulo de despropósitos  de los que nadie se hace responsable y  sobre los que nadie  quiere responder,   a pesar de equivaler el excesivo importe de la evasión a la  cuantía recaudada anualmente  en concepto de  IVA; un desfalco que por mas que intenten escabullir  tiene  responsables políticos concretos,   cuya  dirección e identidad  apunta hacia el Presidente del  Gobierno y demás miembros de su  Consejo de Ministros  que acogiéndose a la  denominación  de rescate bancario como perversa expresión adicional de justificación del fraude, no dudaron en afrontar el riesgo y ejercer de presuntos autores materiales de una malversación de caudales públicos.

Toda vez que el mero  hecho que  el Banco de España   dé por perdido el importe de las  multimillonarias ayudas a la banca, y  el Ejecutivo de Rajoy asienta con su silencio, tal  actitud de transigencia, es expresivo de su anuencia, y por tanto, de implícita renuncia a ejercer el imperativo  político de  recobrar el dinero invertido en  los rescates.

Cuando la  dejación a exigir  el reintegro de  todas las ayudas públicas que han recibido las entidades financieras entre 2009 y 2017,   coincide como resulta ser el caso,    con el hecho  que las firmas rescatadas  se reparten dividendos, entonces,   al  conculcarse los derechos de los  contribuyentes por repercusión instigada, se advierte  a las claras  una  imagen de sordidez y capitulación de un gremio  de  acólitos  políticos plegados a los designios de la banca, a la que por sus prácticas temerarias y  para evitar que se ahogase en sus propios  excesos hubo que salvar endeudando a la ciudadanía; no siendo de recibo por tanto, que tras su orgía financiera, ahora, sean  ellos quienes  se queden con nuestro dinero, y que nosotros,  sin comerlo ni beberlo tengamos que  apencar como fiduciarios  de su deuda.

Tras su orgía financiera, ahora, son ellos quienes se queden con nuestro dinero, y nosotros, con su deuda

La mal denominada reestructuración bancaria ha generado  una abultada factura, que mas allá de eximirla es obligado exigir que el Gobierno, ponga en movimiento  todos los mecanismos a su alcance  para recuperar integralmente el dinero prestado para la reflotación de las entidades rescatadas, en línea a la racionalidad  de criterios seguidos   en  otros países del ámbito de la  Unión, como Holanda e  Irlanda por ejemplo.

Dando por sentado  de partida que no puede haber alternativa sin devolución, por mas manipulación   estadística que se empleen para maquillar  la realidad, lo cierto es que  no existirá posibilidad  real  de reactivación, en tanto  cada familia española, además de soportar la dureza de los recortes aplicados, tenga  repercutido a mayores,  un lastre lapidario de  12830 euros en concepto de rescate bancario.

Ni que decir tiene que sin mediar  la existencia del actual  pacto  de connivencia entre la banca y la política, no existiría soporte de complicidad  para poder llevar a término el simulacro  del rescate bancario en  el formato  que  fue consumado, y mucho menos, se podría  publicitar la operación como un éxito económico y elevar la misma  a rango de  referente de consolidación y  saneamiento del sector financiero, cuando la impostura de tales conclusiones es un todo evidente.

Así,   por mas cosmética que utilicen, la realidad pinta justo al revés,  tal cual viene a refrendar  la multimillonaria y no satisfecha deuda del rescate, a lo que habrá de  añadírsele  la creciente  pérdida de confianza y merma de  cartera de  clientes por sus mas que censurables prácticas mercantiles,  que sitúan al sector, en el peor momento  de  su  reputación social .

Argumentos más que suficientes para frenar toda tentativa  de condonación, y razón  argumental sobrada para  exigir taxativamente la devolución  hasta el último céntimo de  las ayudas públicas otorgadas

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