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Hace 3d

Sin tumbar el “régimen del 78”, y eliminar con ello los privilegios que ostenta su estructura de poder, será materialmente imposible evitar que los escándalos judiciales mantengan su continuidad y sucesión

El impuesto de las hipotecas que provocó el reciente  terremoto  en el Supremo no es nada nuevo, toda vez  que  su aplicación en   los actuales  términos   lleva en vigor la friolera  de 23 años, al ser en 1995 cuando a través de un reglamento se determinó que era el cliente quien  debía sufragar el importe de   los Actos Jurídicos Documentados (AJD), al adjudicarle contra toda lógica   la condición  de  “sujeto pasivo” de este tributo;  es decir,   que desde aquel momento hasta la actualidad a efectos legales, es el cliente  el obligado   a hacerse  cargo de su pago.

Asombrosamente   pasadas dos décadas  desde la puesta en práctica  de  tan atípica  repercusión,    el pasado 18 de octubre  el  Supremo  en un giro sin precedentes  altera la norma  establecida  al dictar ahora  que el registro de una vivienda que se va a hipotecar por su  condición de  hecho gravado  impositivamente  es de responsabilidad exclusiva  de las entidades bancarias, toda vez que con ello están otorgando en definitiva  garantías  de que  recuperarán su dinero o el inmueble.

Pero esta señal  de  evolución  duró un abrir y cerrar de ojos, pues si el jueves desde la judicatura  se nos decía  que en contra de lo que venía sucediendo dicho impuesto tendría que ser costeado  por  el banco como  prestamista, el viernes dejan en suspenso su contenido aduciendo  que se lo van a pensar un poco más por la “enorme repercusión económica y social”.

Una absurda evasiva  cuya finalidad no era otra  que facilitar la puesta en escena de un paripé orquestado desde la cúpula del Tribunal, al solo objeto de forzar la celebración de un Pleno  desde donde echar  abajo  la sentencia de la Sección Segunda de la Sala que había puesto en jaque al entramado financiero  del país, aún sin darse los requisitos para la avocación plenaria  y  a pesar  que las reglas de juego impedían modificar sentencias firmes, dada su condición de cosa juzgada.

Un complejo  y turbulento proceso que  no solo dejó en evidencia  la independencia del poder judicial frente al poder de la banca, sino que produjo una situación de desconfianza e inseguridad jurídica en la sociedad.

Todo viene a constatar que  los hechos acaecidos  no obedecen a una eventualidad sino  que fueron  ideados de antemano siguiendo un guión  preestablecido, por más que  una vez consumado el complot el Presidente  Carlos Lesmes  en un intento de evadir  responsabilidades  en lo ocurrido anunciase públicamente en rueda de prensa que la culpa de todo  la tenía el legislador, por la penumbra  e imprecisión  que envuelve  el marco legal,

Un desvarío argumental, que paradójicamente  contrasta con el silencio  que mantuvo  en relación  con  la sobreactuación de su colega en la magistratura. Diaz–Picazo, cuyo  voto   a favor de la  banca fue determinante  para lograr   que las  cosas volvieran  a  quedar  como estaban, aún cuando su abstención era obligada  en razón  a su participación como docente  en el  Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB), es decir, ni más ni menos que la patronal bancaria.

La doctrina judicial imperante no es el garantismo sino la regresividad, y eso es así, por la manifiesta imposibilidad de conformar una justicia progresista en el marco del régimen del 78

Con este nuevo despropósito, queda demostrado  una vez más   que  la doctrina  judicial imperante  no es el garantismo sino la regresividad, y eso es así,    por la manifiesta  imposibilidad  de  conformar una  justicia progresista en el marco   del régimen del 78, toda vez  que la ideología de la propia Constitución inspiradora   como la de su legislación de desarrollo  es  en la   mayoría de sus aspectos  regresiva y conservador.

No pudiendo ser de otra forma; por cuanto el  texto redactado en el transcurso del proceso constituyente estuvo dominado en todo momento por el sector reformista del franquismo y vigilado por los poderes fácticos del viejo régimen, impedimento sobrado  para excluir de su implícito contenidos  de signo progresista. 

Tal característica   indujo  que en dicho contexto  España guarde en la actualidad más analogía con  un Estado autoritario que democrático, circunstancia que favoreció la continuidad de  hábitos de tiempos pretéritos, lo que impidió de partida la consolidación una justicia de vanguardia.

Un obstáculo permanente que en el caso presente  facilita que la aberración jurídica se convierta en norma de conducta    perjudicando  los  derechos ciudadanos en beneficio de los poderes políticos y económicos.

Una contraproducente dinámica que en modo alguno se soluciona con oportunistas desmarques  políticos como el utilizado por Pedro Sánchez tirando de  la  modificación normativa vía real decreto, y mucho menos  cuando por  desidia política está empantanada  la transposición de la directiva hipotecaria europea a la legislación nacional; una Ley  que llamada  a proteger a los consumidores de  los abusos hipotecarios lleva dos años de retraso a pesar del riesgo a  sufrir una fuerte multa, y que de haberse resuelto en tiempo y forma hubiera evitado llegar al despropósito actual

La solución  debida pasa por  liquidar   el régimen del 78 con articulación  de sustitución alternativa, pues supuesto contrario de mantenerse su vigencia, la justicia garantista seguirá a ser  una quimera y la democracia una apariencia.

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