Encrucijada narcopolítica

El exvicepresidente de Colombia de 2002 a 2010, Francisco Santos, se refirió al bombardeo colombiano del 1 de marzo de 2008 en Angostura. Dijo que fue imposible solicitar la participación del gobierno del Ecuador porque “las FARC estaban ya bajo la autorización de (Rafael) Correa. Correa sabía que las FARC estaban allá. Si nosotros le decíamos a Correa que íbamos a bombardear, pues Correa les avisaba antes. Entonces no existía esa posibilidad”.

Además de esta acusación planteada por Santos poco tiempo después Jorge Briceño Suárez o alias Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental de las FARC, confirmó en un video difundido en julio de 2009 que el narcoterrorismo financió la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rafael Correa en 2006. En otras ocasiones el mismo Correa ha sido fotografiado en eventos públicos con narcotraficantes como los hermanos Ostaiza y Leandro Norero. ¿Cuáles son las consecuencias de la penetración del narcotráfico en la política de un país?

Gustavo Duncan Cruz, experto en temas de narcotráfico y profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, en su estudio titulado “Drug trafficking and political power: oligopolies of coercion in Colombia and Mexico” explica que los estudios de la relación entre narcotráfico y política en Colombia y México iluminan los efectos de las mafias en la democracia y el orden social en la región.

En Colombia y México, cuando la coerción alcanza cierto nivel, el resto de la actividad delictiva queda bajo control, así como la carrera delictiva en la mafia se convierte en el principal mecanismo para ganar estatus de acceso a la política. Los acuerdos de paz entre los gobiernos y los cárteles narcotraficantes no son otra cosa que la concesión de espacios de tránsito, tráfico y comercialización de drogas a cambio cooperación para la incautación de los embarques de los adversarios y para simular la lucha en contra del narcotráfico como forma de mantener contenido el conflicto callejero y carcelario.

Pablo Escobar y el Cartel de Medellín revelan ese cruce entre política y cárteles del narcotráfico. Escobar y su cartel son básicamente la historia del surgimiento de una mafia con poder estatal para monopolizar, con la protección de la política, las ganancias de la industria de las drogas. Escobar incluso se convirtió en miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, elegido por Medellín en 1982 por sufragio universal directo. La Cámara de Diputados de Colombia es el equivalente a la Asamblea Nacional de Ecuador.

Luego de introducir una prohibición a la extradición de ciudadanos en la constitución colombiana de 1991, Escobar decidió someterse a la justicia colombiana con la condición de ser recluido en La Catedral, una ostentosa prisión construida dentro de unos terrenos de su propiedad. Antes, Escobar declaró la “guerra total” al estado colombiano. El enfrentamiento produjo el secuestro y asesinato de centenares de personas, entre jueces, fiscales, dirigentes, periodistas y políticos. Al comprobarse que Escobar seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso arrestarlo, y el capo huyó fácilmente por la parte trasera del reclusorio, en uno de los episodios más bochornosos para la historia penitenciaria colombiana. Luego de diecisiete meses de intensa búsqueda, Escobar fue baleado en la azotea de un barrio lujoso de Medellín a los 44 años, el 2 de diciembre de 1993. La constitución de Ecuador de 2008 contiene una prohibición similar para conveniencia de los narcotraficantes.

Luego de introducir una prohibición a la extradición, Escobar decidió someterse a la justicia colombiana

En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó como partido único durante setenta años seguidos, pactó la paz con los cárteles del narcotráfico en la década de 1980. A cambio de una parte de las ganancias de las drogas, la clase política entregaba las plazas o corredores de contrabando a los narcotraficantes y obligaba a los delincuentes a pagar un derecho de piso. Pero en 2000, un nuevo partido gobernante llegó al poder y canceló todos los acuerdos. Según Duncan, la ola de violencia en México se puede explicar por una nueva coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó de 2000 a 2013 con Vicente Fox y Felipe Calderón, y el Chapo Guzmán, capo del narcotráfico. Sin embargo, en febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó la detención del Chapo Guzmán. Peña Nieto fue el siguiente en el poder después del presidente Calderón. El pacto entonces se había terminado.

El narcotráfico se ha convertido en la principal fuente de prestigio y estatus social en el cruce entre estado, partidos y corporativos atravesados por dinámicas delictivas. Los procesos redistributivos en estas economías generan suficientes empleos y salarios para conseguir los suficientes defensores, clientes y beneficiarios. Por ejemplo, en Colombia, los narcotraficantes financian la importación de mercancías a los mayoristas que las distribuyen a través de los minoristas en los sanandresitos. Todo esto genera una espesa red de organización que luego participa en distintas campañas de movilización.

En México, con el estado perdiendo el control de los negocios y con la desaparición del PRI, los capos de la droga están preocupados por intervenir en las elecciones. Todo esto cambia el equilibrio entre el poder y el crimen. Actualmente, la prensa sigue de cerca los discursos de los candidatos y sus vínculos con el narcotráfico. Por eso es tan peligroso ejercer el periodismo en México. Las clases políticas vinculadas a los negocios de las drogas necesitan que las mafias tengan una oportunidad en las elecciones locales para conseguir o recuperar sus corredores de contrabando.

Para Duncan, el poder de las mafias convertido en poder político se traduce en la capacidad para nombrar funcionarios del gobierno, influir en las decisiones de la clase política y de las instituciones del Estado y, al mismo tiempo, mitigar las acusaciones en su contra por parte de la prensa, la opinión pública, la justicia o sus adversarios en ejercicio de la fiscalización política. Así se entiende mejor que en la encrucijada entre el narcotráfico y la política esté tan presente la agenda de desprestigio a los medios de comunicación.

Parece que Colombia y México siguieron un camino similar. Desde mediados del siglo XX, el poder central ha sido completamente determinado, independientemente de los cambios en los gobiernos y regímenes, por las clases políticas coludidas con el narcotráfico. Hoy los resultados son claros. La invasión de ciudades por la guerrilla colombiana, las masacres de los grupos paramilitares, los desfiles de cuerpos decapitados y colgados en medio de la calle y otros actos de terror mafioso ciertamente indican los problemas que enfrenta el estado para recuperar el monopolio de la seguridad pública.

El narcotráfico está presente en la política, en los partidos y en las campañas electorales del Ecuador. ¿Sucederá lo mismo que en México y Colombia? Solo el tiempo lo dirá.

Pablo Escobar y el Cartel de Medellín revelan ese cruce entre política y cárteles del narcotráfico

@ghidalgoandrade

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