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17/05/2021

La comisión “tiene bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, cuyo saldo asciende a 189 personas,

EN GAZA Las fuerzas israelíes mataron a 189 personas, entre ellas 35 niños, en la represión de las Marchas del Retorno(FILES) In this file photo taken on October 05, 2018 Palestinian paramedics and journalists carry a wounded fellow journalist during clashes with Israeli forces east of Gaza city, along the Gaza-Israel border in the Gaza Strip. - Israel rejected the findings of a UN probe released on February 28 into its soldiers' response to Gaza unrest that began in March last year, calling it

Periodistas y enfermeros palestinos transportan a un fotógrafo herido durante una de las jornadas de la Marcha del Retorno, el 5 de octubre del 2018

 

Los ataques de los soldados israelíes a las llamadas Marchas del Retorno celebradas en Gaza desde el 2018 podrían constituir “crímenes de guerra o contra la humanidad, en los que las fuerzas de Israel mataron al menos 189 personas, destacó ayer la comisión independiente de la ONU para investigar esos hechos. Entre los asesinados hubo 35 niños, mientras que otros tres eran paramédicos y dos periodistas claramente acreditados como tales, según los resultados de la comisión para investigar las protestas presidida por el argentino Santiago Cantón, que se presentan en la actual 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

La comisión “tiene bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y deben ser inmediatamente investigadas por Israel”, señaló Cantón.

La presidencia palestina dio la bienvenida al informe de la comisión de Naciones Unidas y dijo que es el momento de que “la Corte Penal Internacional (CPI) abra inmediatamente una investigación sobre estos delitos”. “Es hora de responsabilizar a Israel por estos crímenes”, declaró la Oficina del presidente palestino, Mahmud Abás, en un comunicado, en el que se agrega que Israel no puede seguir actuando como “un estado por encima de la ley”, informó la agencia oficial de noticias Wafa.

La comisión tiene bases razonables para creer que (...) los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad”Santiago Cantón Presidente de la comisión de la ONU

Para las autoridades palestinas, el informe de la comisión confirma que “Israel comete crímenes de guerra contra” el pueblo palestino “en Gaza, Cisjordania y Jerusalén”. Por su parte, el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja de Gaza, consideró que las conclusiones “de los inspectores de la ONU confirman una vez más que la ocupación ha sido inhumana”, con “masacres y crímenes de guerra contra civiles”, declaró a preguntas de Ismail Raduan, alto dirigente del grupo palestino. “La ocupación es cometer crímenes de guerra contra mujeres, niños, paramédicos, periodistas y palestinos discapacitados en Gaza” añadió el líder de Hamás, que apeló a la comunidad internacional para “poner fin al injusto bloqueo impuesto” sobre la franja, que Israel aplica desde 2007, cuando la organización islamista se hizo por la fuerza con el control del enclave costero.

Israel calificó de “falso, hostil y sesgado” el informe sobra la actuación israelí contra las protesta. Las movilizaciones masivas en la frontera se iniciaron el 30 de marzo de 2018 y continuaron cada viernes (y más adelante también cada lunes con protestas en el mar) hasta la actualidad. Según el informe de la ONU, entre los 189 fallecidos hubo 35 menores, tres paramédicos y dos periodistas claramente identificados como tales. La comisión, presidida por el argentino Santiago Cantón, aseguró en su texto que “tiene bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y deben ser inmediatamente investigadas por Israel”.

La fiscal del Tribunal Penal Internacional promete una indagación “independiente, imparcial y sin miedo”. Centenares de altos cargos políticos y militares israelíes pueden verse imputadosManifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza con Israel, en abril de 2018.Manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza con Israel, en abril de 2018.Jerusalén - 03 MAR 2021 - 19:31 

Antes de abandonar su puesto dentro de tres meses, la fiscal de tribunal Penal Internacional(TPI), Batoun Bensouda ha anunciado  la apertura de una investigación por crímenes de guerra cometidos en Palestina a partir de junio de 2014 que implica a Israel y a las milicias de la franja de Gaza, encabezadas por Hamás. Centenares de altos cargos políticos y militares israelíes pueden verse involucrados por primera vez en las pesquisas de la justicia penal internacional. La decisión adoptada tras cinco años de diligencias preliminares ha sido recibida con preocupación por el Gobierno de Israel, que rechaza la jurisdicción de los jueces de La Haya, mientras ha recibido la bienvenida, como “un paso esperado desde hace mucho tiempo”, de los palestinos.

Al comunicar la apertura formal del caso, después de que el tribual se declarara competente   hace un mes ,  Bensouda afirmó en un comunicado oficial que la investigación se llevara a cabo “con independencia, imparcialidad, objetividad y sin miedo ni favoritismos”. El próximo 14 de junio será relevada en el cargo por el jurista británico Karim Khan. A finales de 2019 la Fiscalía de La Haya ya anticipó que había hallado “indicios racionales” para examinar las acciones militares de Israel en la guerra de Gaza desde 2014 y la construcción de asentamientos de colonos en Cisjordania como presuntos crímenes de guerra.

La Administración del presidente Joe Biden se opuso a la apertura de la investigación por crímenes de guerra contra Israel, al considerar que " Israel-dijo Biden-tiene derecho a defenderse"

“Nuestra preocupación central deben ser las víctimas de los crímenes”, proclamó la fiscal saliente. “Este departamento actuará de acuerdo con los principios de imparcialidad”, enfatizó. La Fiscalía tendrá que dirigirse ahora a las partes implicadas en la investigación para constatar que sus sistemas judiciales no han examinado las denuncias por crímenes de guerra.

La apertura de una investigación ha caído como un jarro de agua fría sobre Israel, que no es país signatario del Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó el TPI en 2002. El Gobierno israelí impugna la jurisdicción de La Haya sobre Palestina al considerar que no se trata de un Estado internacionalmente reconocido. Desde julio de 2015, sin embargo, la Autoridad Palestina está plenamente adherida al Estatuto de Roma. La competencia para las indagaciones de la Fiscalía se extiende también a las acciones de milicias palestinas como Hamás o la Yihad Islámica en la guerra de Gaza, en julio y agosto de 2014.

“Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este”, concluyó Bensouda en diciembre de 2019, antes de solicitar a los jueces que se pronunciaran previamente sobre su “competencia territorial” ante la “muy disputada situación legal y de hecho” existente sobre el terreno. La decisión, suscrita por dos de los tres magistrados de la sala de cuestiones preliminares de La Haya, tardó más de un año en adoptarse.

Decisión “sesgada por el antisemitismo”

" Vamos a luchar por la verdad", ha declarado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha acusado a la TPI de “atacar a Israel”. “La sesgada decisión es puro antisemitismo”, ha tronado el jefe del Gobierno israelí en un comunicado. “Sin jurisdicción alguna, ha decidido que nuestros valientes soldados, que luchan contra el terrorismo, son los terroristas (...) y que cuando construimos una casa en nuestra capital eterna, Jerusalén, es un crimen de guerra”, ha sentenciado.

El Miniztro de la Defens de Israel Benny Gantz había adelantado ayer en declaraciones a la agencia Reuters que centenares de altos cargos israelíes podían ser investigados por el TPI y garantizó que todos recibirán protección legal del Gobierno. Gantz, que fue el general jefe del Ejército que inició y dirigió las operaciones militares en Gaza en 2014, dijo textualmente: “Nunca tuve miedo de cruzar las líneas enemigas. Seguiré firme en la posición que debo mantener”.

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina celebró en Cisjordania, en un comunicado, que se ponga fin a la impunidad de Israel y se le obligue a “rendir cuentas ante la justicia”. La decisión de la Fiscalía de La Haya también fue bien recibida en la franja de Gaza por Hamás, a pesar de verse señalado en la investigación. El movimiento islamista afirma que todas sus acciones armadas respondieron al legítimo ejercicio de la “resistencia frente a la ocupación”.

Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción penal internacional, en julio de 2015, la Fiscalía de La Haya inició diligencias previas sobre la expansión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este, y sobre la la guerra de 2014 en Gaza (en la que perdieron la vida 2.500 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles; y 73 israelíes, de los que 67 eran militares). Las pesquisas en la Franja también implicar a las milicias del enclave por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra poblaciones israelíes durante el conflicto.

 

  • La justicia de La Haya se declara competente para investigar otros crímenes de guerra en Palestina

Estas diligencias, incoadas a partir de documentos aportados por la Autoridad Palestina y varias ONG, también se pueden ampliar a una demanda palestina por la muerte de unos 300 manifestantes víctimas de los disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza entre 2018 y 2019, así como sobre la amenaza de desalojo y efectiva expulsión de sus casas de familias beduinas en Cisjordania.

Por encima de todo, el Gobierno israelí teme que la apertura de una investigación penal internacional pueda conllevar imputaciones contra responsables militares y civiles israelíes como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos. En consecuencia, pueden ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por La Haya. El TPI carece de una fuerza policial propia para hacer cumplir sus resoluciones y precisa de la cooperación de los Estados para ejecutarlas.No va a ser tarea fácil.

La Administración del presidente Joe Biden expresó su oposición a la apertura de la investigación por crímenes de guerra contra Israel, al considerar que no está sometido a la jurisdicción de La Haya. " Israel-dijo Biden-tiene derecho a defenderse"El anterior presidente de EE UU, el republicano Donald Trump, anunció sanciones a los jueces y fiscales del TPI, y desde el primer momento ded su mandato se alió cion Israel para lo que fuera.

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