El México y la justicia surrealista del Hongo y el Amate

Algo raro está pasando en México. Como muy pocas veces ha sucedido en nuestro país, la justicia ha operado en contra de dos personajes políticos de diferentes dimensiones y herencias. A uno se le acusa de acopio de armas y al otro de malversación de fondos públicos en su etapa de gobernador. En ambos casos, los delitos son graves y si se llega a comprobar su culpabilidad, serán merecedores de varios años de prisión.

Lo raro es que en México las cosas -salvo extrañísimas excepciones- no funcionan de esta manera. ¿Cuántos políticos han sido acusados -con pruebas fehacientes- de fraudes, malversación de fondos, tráficos de influencias, negocios sucios, delitos de cuello blanco y asesinatos y qué ha pasado con ellos? Nada. Las autoridades y la justicia se hacen de la vista gorda o simplemente no hay quien se atreva a echarse como enemigos a personajes tan poderosos como para fincarles un juicio y encarcelarlos.

Y lo increíble para nuestra realidad es que una denuncia ciudadana -como tantas que a diario reciben los centros telefónicos de las diversas corporaciones policíacas- fue el "motivo" que llevó al ejército a catear la casa del hombre más rico de Tijuana y de pura casualidad, le encontraron más de 80 armas, miles de cartuchos y una granada.

¿Esto es eficacia del cuerpo castrense o simplemente fue un juego armado para llegar hasta el heredero de un poder político que le permitió volverse multimillonario gracias al tráfico de influencias? "Esta acción no tiene tintes políticos" dicen los funcionarios federales, pero -y solo ellos conocen los motivos- en México cuando pasa algo con estas características siempre se le ha denominado una jugarreta política para beneficiar a algo o a alguien en particular.

Si se tratara de eficacia y eficiencia del ejército en esta "lucha contra el crimen organizado", no habría tantas quejas ciudadanas y recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos acerca de las violaciones recurrentes de los militares cuando los ciudadanos se acercan para pedirles ayuda. En muchos casos, que obviamente no tienen las características del operativo "Caliente" de Tijuana, los uniformados intimidan, se burlan y hasta acusan de criminales a las personas de las zonas marginadas que han sufrido en carne propia la realidad de los levantotes de familiares o las amenazas de los miembros de las bandas delictivas y esta negligencia a causado la muerte de gente inocente.

Por eso cuando las cosas parecen que suceden como debería de ser la realidad, es decir, con un país honesto funcionando en todos sus niveles, la poca memoria que tenemos nos recuerda que en casos así, hay algo más que una denuncia ciudadana -por más que las autoridades lo nieguen-. En todo caso, Hank Rhon se merecería estar en el Hongo desde hace muchas décadas por todo lo que ha hecho en su vida, por las maneras en que ha amasado su fortuna y por ser uno de los personajes que encabezan la lista de los narco-políticos; sin embargo, la formas en que ha sucedido todo, nuevamente abre un signo de interrogación en el desconfiado juicio de algunos.

Una denuncia ciudadana fue el "motivo" que llevó al ejército a catear la casa del hombre más rico de Tijuana

El otro caso es el de Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador del estado de Chiapas que fue detenido e ingresado al penal del Amate por los delitos de peculado por 104 millones de pesos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa -hasta este momento-; delitos con los que podría alcanzar una pena de 20 años de prisión.

Un caso nuevamente extraño para la realidad política mexicana. Unos días antes de la detención del chiapaneco, Gabino Cué, gobernador del estado de Oaxaca, anunció que de acuerdo a una auditoria realizada a las cuentas públicas del gobierno que encabezó Ulises Ruiz, se detectaron irregularidades por más de dos mil millones de pesos y como siempre, los sectores más perjudicados por estos desvíos fueron salud, educación y obra pública.

Si las cosas han cambiado en México -como nos lo quieren hacer creer con estos dos casos recientes-, Ulises Ruiz y funcionarios de su gobierno también deberían de enfrentar a la justicia y en caso de encontrarlos culpables, condenarlos a prisión. Seguramente, nadie en este país tiene dudas- esto suceda pronto... Mientras tanto, el caso Salazar Mendiguchía es simplemente una prueba más de que en el ejercicio de poder, no hay quien se salve y así como él, habría que condenar a la cárcel a todos los malos gobernantes.

Otro caso de justicia insalvable es el de la guardería ABC. A dos años de este lamentable y vergonzoso accidente, cierta información dice que fue el propio presidente Felipe Calderón el que abogó a través de Fernando Gómez Mont, en su momento Secretario de Gobernación, para influir en la decisión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia para eliminar de su dictamen final la posible culpabilidad de los altos funcionarios involucrados en este caso. Si esto es cierto, no cabe duda de que la justicia mexicana es intachable...cuando se trata de proteger las espaldas y los intereses de los miembros del círculo de poder.

Dos políticos en la cárcel, cinco futbolistas de la selección dopados con clembuterol, 49 familias de niños muertos en la guardería ABC que esperan justicia y la Marcha de la Paz llegando a su destino a la zona de guerra para firmar la paz, es lo que ha dejado esta semana en donde todo ha sido muy espectacular y mediático, pero ¿alguien confía en la justicia mexicana?