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14/11/2014

Me niego a que los intereses creados de una casta -judicial, fiscal y policial- nos lleven a vivir un estado de excepción permanente donde todos los políticos son presuntos corruptos y todos los ciudadanos presuntos defraudadores, evasores y blanqueadores

 

España vive desde la llegada del PP al poder un permanente estado de excepción policial, judicial y fiscal. Y como siempre, todos los extremos son malos. Nuestra justicita lenta y bizca de siempre no puede pretender ahora, de la noche a la mañana, correr, porque se está pasando siete pueblos y conculcando todos los derechos fundamentales del ciudadano y, por encima de todos, el de la presunción de inocencia en materia fiscal y penal.

Y no es que a los jueces, policias y miembros de la inspección tributaria les haya entrado de pronto un ataque de honradez. No, lo que ocurre es que unos y otros ponen sus barbas a remojar porque ven las del vecino cortar.

La Audiencia Nacional porque el fin de ETA y los recortes de la Justicia Universal -aquella que llevó a Garzón a detener a Pinochet- pone más que nunca sobre la mesa su innecesariedad. Lo he dicho tantas veces que uno se cansa, pero me repetiré: La Audiencia Nacional en este país, sobra. Como sobra el Tribunal Constitucional. Aquella, porque si lo que se quiere en un órgano aterritorial con competencias para perseguir delitos en todo el territorio nacional, bien puede desempeñar esa tarea una sala penal del Tribunal Supremo que ya es un órgano judicial interterritorial. Lo mismo cabe decir del TC, cuyas funciones podrían ser asumidas por una sala especial del Tribunal Supremo, con magistrados de carrera y no políticos. Como mínimo, ahorre de costes, más profesionalidad y menos luchas intestinas. Tienen por tanto que liderar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción y empatizar con los ciudadanos asqueados y sedientos de venganza para que nadie plante su demolición.

Los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, Policía Nacional, judicial y Guardia Civil porque están defendiendo el puesto que es lo mismo que decir, su bolsillo. La inmensa mayoría de los que crean y fomentan el estado de excepción actual forman parte de cuerpos, brigadas y unidades operativas especiales -UCO, UDEF, UDYCO, etc- que tienen unas mejores condiciones laborales de trabajo y retribución pero tienen que dar sentido diario a su razón de ser y existencia porque de lo contrario se desmontarían y volverían, unos a poner multas y los otros, a patrullar las calles. Por poner un ejemplo, ¿Quien se alegra más en España de que trepen las vallas anti-trepa de Ceuta y Melilla y lleguen en pateras hasta nuestras costas miles de inmigrantes irregulares y se opongan a la devolución en caliente a Marruecos? Los empleados de los centros de asistencia y acogida creados para atenderlos. Si dejaran de entrar esos ilegales, se cerrarían y una mayoría perdería su empleo en el peor momento para perderlo.

No puedo compadecer a quien pudiendo, nada hizo por cambiar lo que ahora sufre en sus carnes

Por último, el cuerpo de la Inspección de Hacienda que cada día reclama más medios y poderes para actuar y detectar los fraudes, tienen incentivos. Es decir, perciben un complemento dinerario en función de lo que recaudan. Sin comentarios.

Pues bien, me niego a que todos esos intereses creados y de una casta -judicial, fiscal y policial- nos lleven a vivir un estado de excepción permanente donde todos los políticos son presuntos corruptos y todos los ciudadanos presuntos defraudadores, evasores y blanqueadores y, como consecuencia, todo vale: registros, escuchas, seguimientos, rastreos, acceso a ordenadores, correos, mensajería, detenciones, prisiones preventivas sin fianza o con fianza impagable... etc. Me niego a que los jueces instructores, secundados por la policía y la fiscalía, habrán causas generales desconectadas de una denuncia concreta, en la que, primero se investiga y, a resultas de lo que se encuentra, proceso a quien pille. Dejemos las redes de arrastre para las labores de pesca en mares y océanos.

No comparto el amarillismo y linchamiento de las noticias de la Sexta o la Cuatro pero son lideres de audiencia en muchas franjas horarias porque impera la crispación y malestar. Se han perdido las formas y si ahora, las cañas se les vuelven lanzas, ustedes lo han permitido. Si invitar a un café a un político no en un coecho impropio pero lo es el absurdo de invitarlo a un café, con churro o porra, solo a ustedes y su dejación le es imputable. Se les ha ido de las manos la lucha contra la corrupción y esto se parece ya más a la Santa Inquisición. Allá ustedes, es su charco y su monstruo y espero que les devore a todos.

Cuando escribo sobre este estado de cosas suelo terminar con la maldición gitana: “que pese sobre sus conciencias y les toque de cerca” y por eso solo puedo alegrarme cuando veo a jueces, políticos y parlamentarios, quejarse y lamentarse como víctimas. El último en hacerlo ha sido el Excmo. Sr. Monago, actual presidente de Extremadura, que hoy mismo ha salido a la palestra a denunciar que está siendo objeto de un linchamiento y que en este país no existe la presunción de inocencia. Pues lo siento Sr. Monago -ajo y agua- pero no seré yo quien -pudiendo hacerlo- movería un dedo por ayudarle. Y la razón no es otra que la de que es usted y los que en España tienen su poder o autoridad, los que pudiendo hacerlo, deben vigilar y extremar que impere la Presunción de Inocencia que proclama nuestra constitución, impulsando las reformas y actuaciones que la preserven. La Presunción de Inocencia hace ya algunos años que dejó de ser norma en este país para dejar paso a la presunción de culpabilidad, como la Prisión Preventiva o Provisional -sin juicio ni condena- dejó de ser la excepción para ser la regla y la norma habitual. Si ahora lo sufre usted quizá sea porque se cumplió la maldición gitana. Ajo y agua. Sin piedad. No es usted el primero y ojalá no sea el último. 

La Presunción de Inocencia ni está ni se le espera

AscoHastaLaNausea.

 

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