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Hace 4d

Prefiero soportar el riesgo de que vuelvan a delinquir, a pensar que cualquier día, yo mismo o alguien cercano, pueda sufrir prisión antes de un juicio y una sentencia condenatoria. Lo segundo estremece, más aún cuando solo depende del modo de pensar de una persona, el juez

Me he manifestado aquí anteriormente a favor de las múltiples causas judiciales abiertas frente a todos los independentistas implicados en el intento de rebelión o sedición en Cataluña. He explicado que, si existe delito de rebelión, el propio Código Penal, impide condenar también por el de sedición. Son excluyentes y por tanto solo cabría la condena por el segundo si no se estimare la procedencia del primero.

Por el contrario, siempre fui reacio a las medidas cautelares desorbitadas porque no dejan de ser una suerte de pena anticipada, o condena sin juicio. Al día de la fecha, permanecen en prisión cautelar incondicional, Junqueras -vicepresidente del gobierno catalán por ERC- su ex conseller de Interior Forn, y los miembros de ANC y OMNIUM, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. No lo comparto.

Nuestra constitución -Art. 17- consagra como derecho fundamental el que nadie pueda ser objeto de prisión, sin condena firme. A partir de ahí y en ley separada de inferior rango, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 502, 503 y 504), se establecen excepciones muy tasadas a aquel precepto constitucional. Se podrá decretar, motivadamente, prisión incondicional cautelar en los delitos graves, resumidamente, si hay riesgo de fuga, o de reiteración delictiva, o de destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia. La previsión legal era necesaria y existe en todos los países de nuestro entorno. Va encaminada a impedir la huida de los presuntos culpables, a que puedan delinquir durante la siempre dilatada tramitación de la causa hasta sentencia firme, y a que puedan por cualquier medio destruir pruebas u obstruir la acción de la justicia.

En el caso de los citados presos independentistas, el propio Magistrado LLarena del TS basó la ratificación de la prisión incondicional de los mismos que previamente había decidido la Magistrada Lamela de la AN, en un único motivo, cual era, el riesgo de reiteración delictiva, lo que impide entrar a analizar la concurrencia de cualquiera de los otros dos.

El riesgo de reiteración delictiva es, por definición, subjetivo, opinable y siempre queda al arbitrio y discreción del Fiscal y Acusación, que lo solicitan, y el juez, que lo acuerda. Pero su apreciación debe ser excepcional, proporcional, por el tiempo imprescindible y en ausencia de otras medidas menos gravosas, porque conculca o vulnera el mencionado derecho fundamental del que la sufre, a no sufrir prisión, sin condena firme.

Cuando de personas investigadas en una causa criminal se trata, el riesgo de que jamás se fuguen, nunca será cero. Y lo mismo cabe decir acerca del riesgo de que vuelvan a delinquir. Dicho de otra manera, siempre hay un riesgo de que ocurra y por tanto, se habría derogado por ley o por discreciónalidad del juez, un derecho constitucional. Es por ello que la propia ley empieza señalando el carácter excepcional de dicha medida y la proporcionalidad en su adopción. Para valorar ambas y apreciar el riesgo, es esencial entrar a analizar la reversibilidad o no de las consecuencias de dicha eventual reiteración y si existen otras medidas menos gravosas que minimicen dicho riesgo. En otras palabras, ponderar que resulta menos lesivo para los bienes jurídicos que se intentan salvaguardar, a saber: la privación del derecho fundamental o las consecuencias de una eventual reiteración en el delito.

La ley debe restringir la discrecionalidad del juez en algo tan grave

Cuando hablamos de delitos graves contra la persona o su integridad sexual, por ejemplo, -asesinato, violación, abuso de menores, etc- es claro que la reiteración delictiva, si no se dicta la prisión cautelar incondicional, puede acarrear daños irreversibles a terceros que fueran víctimas de parecidas conductas por parte del presunto autor. Son los casos más normales y menos objetables.

Pero no es el caso, ni de lejos, de los independentistas presos, por mas que sus delitos sean los más graves de nuestro código penal y produzcan especial y mayoritario rechazo social. Es verdad que siempre existirá un riesgo de reiteración en sus conductas delictivas, más aún cuando el “procés” se mantiene todavía como el objetivo de las fuerzas secesionistas, han alcanzado la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones y, la mayoría de los detenidos, han ido en las listas y han resultado elegidos.

Sin embargo, dado el tiempo ya transcurrido en prisión provisional y aún presumiendo la intención de los mismos, ni la reiteración en las conductas les sería hoy fácil -subsiste la aplicación del artículo 155 CE-, ni, consiguiéndolo, justificaría en modo alguno mantener tan extrema medida cautelar, por tres motivos: no llegarían a ejecutarse; serían derogada por el TC; y el Gobierno no levantaría el 155 o lo volvería a aplicar. En uno u otro caso, la reiteración delictiva sería reversible, quedaría en un mero intento sin consecuencias y, entonces si, el Magistrado Instructor podría dictar sin el menor reparo y de modo cautelar, la prisión incondicional de los mismos.

Por si ello no fuera bastante, bastaría con apercibirles de que serían detenidos si, decretada la suspensión cautelar de cualquier acto o resolución, por cualquier autoridad judicial, no la acataran.

Los quiero procesados y espero su condena, pero hasta que eso ocurra, prefiero soportar el riesgo de que vuelvan a delinquir, a pensar que cualquier día, yo mismo o alguien cercano, pueda sufrir prisión antes de un juicio y una sentencia condenatoria. Lo segundo estremece, más aún cuando solo depende del modo de pensar de una persona, el juez. Sin ir más lejos, esta semana se ha sabido de la interposición de una denuncia ante el CGPJ frente a la Magistrada de la Audiencia Nacional Sra. Lámela -la que dictó la primera prisión provisional de los Jordis y demás Consellers- por negarle un vaso de agua durante la toma de declaración al hoy detenido, Comisario Villarejo. Un abuso de autoridad inaceptable.

AscoHastaLaNáusea

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