El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el lunes que impulsará medidas para restablecer la seguridad en la convulsa región de Guerrero (sur), donde 43 estudiantes están desaparecidos desde que hace un mes fueron atacados por unos policías y narcotraficantes.

Peña Nieto recibió en su residencia oficial capitalina de Los Pinos a Rogelio Ortega Martínez, quien asumió el domingo como gobernador interino de Guerrero. Ortega Martínez relevó al hasta entonces gobernador Ángel Aguirre, quien se apartó del cargo tras ser fuertemente cuestionado por su falta de reacción ante la desaparición de los estudiantes.

"He instruido al gabinete de seguridad -formado por las dependencias de seguridad y justicia mexicanas- para que mañana (martes) se reúna con el gobernador en Guerrero y definan acciones para restablecer el orden y generar condiciones de seguridad" en la región, dijo Peña Nieto en una rueda de prensa conjunta.

El nuevo gobernador, un académico de izquierda que en su juventud fue cercano a líderes guerrilleros de Guerrero, dijo tras el encuentro que con el gabinete de seguridad se trazará una ruta de gobernabilidad que estará lista para diciembre, procurando atender así de manera inmediata la demanda de los grupos sociales de esta conflictiva región.

En Guerrero, uno de los estados más pobres de México, conviven una buena cantidad de agrupaciones de lucha social, incluidos pequeños grupos guerrilleros, de milicias de autodefensa, aguerridos sindicatos y organizaciones estudiantiles.

La región entró en una profunda crisis a raíz del ataque de unos policías municipales de la ciudad de Iguala (Guerrero) y unos sicarios del cártel Guerreros Unidos contra los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero) el 26 de septiembre pasado. Esta agresión dejó seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes se encuentran desaparecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han podido dar con el paradero de los chicos, aunque, por los testimonios de algunos detenidos, temen que pudieron ser asesinados y enterrados en fosas clandestinas.

El presidente y el gobernador coincidieron en que la prioridad inmediata es encontrar a los jóvenes desaparecidos y aplicar la justicia contra los responsables intelectuales y materiales del ataque y desaparición de los estudiantes. Hasta ahora, hay 56 detenidos por este caso.