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Peligra una familia

25/05/2010 19:06 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Guatemala La vida de una familia está en peligro, por negarse a ser corruptos

PRENSA INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS:

ALVARO ERIK MONTES ECHEVERRIA de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, me identifico con la cedula de vecindad numero de orden A guión uno y de registros quinientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho, extendida por el Alcalde de la ciudad de Guatemala, señalando para recibir notificaciones, la doce calle uno guión cuarenta y uno de la zona uno de esta ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. correo electrónico aemontes@gmail.com, TEL. (502)56340035; en forma atenta y respetuosa:

EXPONGO:

Por que mi caso se parece al caso del Licenciado Rodrigo Rosenberg, él señaló los lugares en donde se encuentran los documentos para probar su acusación y deja algunos documentos y video a amigos y familiares controversia hoy en aclaración de su muerte; yo señalo los lugares para que sean solicitados los documentos que han de servir para probar mi inocencia, por ser documentos privados solicité a través del Ministerio Público y al Juez de Primera Instancia de Sacatepéquez, se negaron a proporcionarlos sin que el Ministerio Público haya hecho valer su poder coercitivo para adquirirlos.

Envié a familiares en diferentes países, Organizaciones de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, Prensa Internacional y a amigos los documentos de pruebas, video en dónde hago pública mi denuncia y CD de la audiencia celebrada el 6 de marzo del año 2009, para demostrar el complot que hicieran el Gobierno y Directores del Banco de los Trabajadores, con estas pruebas en resguardo he hecho pública la persecución jurídica política en mi contra, lo que mas me preocupa es que maten a mi esposa e hija, por el peligro latente de las amenazas que recibimos y los sicarios que nos persiguen y acosan.

Señalo públicamente como aceptan dando credibilidad a “Los Testigos Falsos” utilizados y protegidos por abogados y fiscales sin decoro alguno. En mi persecución política jurídica, evidencie acusando a la Secretaria de la Sala de Apelaciones de la Antigua Guatemala, por estar ayudando a mis acusadores, presento una certificación antes de que tomaran posesión los nuevos magistrados, aduciendo que no existía ningún recurso que resolver como me afectaba con su resolución y lo había echo de mala fe, presenté la denuncia a la Supervisión de Tribunales, la investigación indicó que efectivamente había cometido irregularidades, y para mi sorpresa el día de la audiencia presento un testigo falso, por lo que solicité en esa audiencia que se le abriera procedimiento, no le dieron trámite a mi denuncia protegiendo de esa manera el testimonio falso de ésta persona.

La vida de mi familia y la mía esta en peligro, hoy que todavía puedo denunciarlo lo hago de conocimiento público, para que el día de mañana sean investigados estos testigos falsos y todas las personas por mí denunciadas, con las pruebas correspondientes.

Caso contrario serán la preocupación del Ministerio Público por brindarles protección sin importarle hayan privado de la vida a toda una familia inocente.

El Mandatario del banco solicitó una tercera orden de captura en mi contra por los mismos hechos que están en diferentes juzgados, el señor juez de la causa, les negó la petición.

A continuación hago un breve resumen de los documentos que la Superintendecia de Bancos de Guatemala, emitió en relación al caso por el que me acusan, documentos que acompaño en este mismo memorial.

El expediente 1604-2006 contiene informe 1666-2006 de fecha 11/10/2006 el cual prueba el linchamiento jurídico político .

A través del nombramiento 740/2006 a los Auditores gira instrucciones la Superintendencia para determinar si existe justificación de la Junta Directiva del Banco para anular la compra de acciones de fecha 8 de febrero del 2006 contenida en el acta 55/2006 de fecha 12 de junio 2006 y contenida en resolución # 203/2006 de Junta Directiva del Banco.

Al resolver los Auditores informan que no hubo ninguna violación al acuerdo N.8/2002 que establece el reglamento para la venta de acciones comunes por lo tanto la Junta Directiva no tiene argumentos legales para anularla .

Hace de conocimiento, la petición del mandatario Dietter Gudiel Ortiz para convalidar las acciones que fueron anuladas contenida en acta de Junta Directiva del Banco de los Trabajadores N.76/2006 de fecha 10/08/2006.

En las recomendaciones hechas, ordena que el representante legal del Banco informe lo concerniente a la revalidación y que las actuaciones e informes se trasladen al archivo.

Dando por concluida la investigación por parte de los Auditores de la Superintendencia de Bancos determinando la legalidad a la compra de acciones hecha en Antigua Guatemala el 8 de junio del año 2006.

Con el informe de los Auditores la Superintendecia, a través del Director Efraín Gómez Samayoa ordena al Gerente General del Banco se revaliden estas acciones e informe a esa dependencia para su archivo, documento fechado 11 de octubre de 2006.

Los Directores haciendo uso del artículo 19 contenido en el reglamento de acciones, y atendiendo a lo ordenado por el Director de la Superintendencia solicitan ampliar la investigación de las personas que adquirieron acciones y de las empresas en donde prestan sus servicios requiriendo que previo a autorizar dicha compra deberán tener el dictamen favorable de los funcionarios del Banco nombrados por ellos.

ALVARO ERIK MONTES ECHEVERRIA . dice... Siguen el temor por mi vida, y la de mi familia

Es así que todos estos funcionarios después de realizar la investigación, presentaron en forma individual dictamen favorable, exponiendo sus razones para revalidar la compra que había sido anulada el 12 de junio de 2006.

El asesor jurídico externo del Banco emite dictamen favorable y hace alusión al artículo 19 del Reglamento de acciones comunes.

.

El señor Fernando López Castillo Coordinador del área de Acciones y el auditor interno Juan Armando Zepeda dictaminan favorablemente.

El Director de jurídico Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, expone ampliamente sobre la venta de acciones del 8 de junio y emite dictamen favorable, esta persona fue quien se convirtió en el principal cómplice de los Directores Sergio Aníbal Hernández Lemus, Jorge Homero Fuentes Aragón, Juan Miguel Arita España, Edwin Rafaél Méndez Tello y el ex Presidente Carlos Villeda Oliva ayudándoles a fingir un delito en mi contra, presentando, firmando documentos a los fiscales del Ministerio Público y jueces a requerimiento y como pago a sus servicios fue promovido a Director de Junta Directiva del Banco.

EL 25 DE ENERO DE 2007 DA INICIO LA

ELABORACIÓN DE HECHOS QUE SIN SER CONSTITUTIVOS

DE DELITO, LOS REVISTEN DE LEGALIDAD, UTILIZANDO TODOS LOS

MEDIOS A SU ALCANCE Y COMPRANDO A LAS PERSONAS DESTINADAS A IMPARTIR JUSTICIA DE MANERA IMPARCIAL

Él Licenciado Efraín Gómez Samayoa después de haber girado ordenes a sus auditores para que hicieran una amplia investigación sobre la venta del 8 de junio y habiendo ordenado su revalidación el 11 de octubre de 2006.

Con el oficio del 25 de enero de 2007 enviado al Gerente General Carlos Estrada del Banco de los Trabajadores, requiere por escrito le envíe los documentos que sirvieron de base para la compra de acciones del día 8 de junio.

Avalada esta persecución en mi contra por el ex Superintendente Willy Zapata, Eduardo E. Garrido Prado, Efraín Gómez Samayoa y demás funcionarios de la Superintendencia de Bancos.

EL INTENDENTE EDUARDO E. GARRIDO PRADO CON EL MANDATO

INSCRITO EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS A FAVOR

DE DIETER GUDIEL PRETENDE DAR NACIMIENTO A UN

NUEVO ECHO DELICTIVO EN MI CONTRA

Consta en la providencia #428-2007 de fecha 15/05/2007 en la cual solicita el intendente Eduardo Garrido Prado al ex Gerente General Carlos Estrada que le diga por qué ordeno se le pagara al mandatario de los accionistas que compraron acciones el 8 de junio de 2006. Responde el Gerente General Carlos Estrada que es un instrumento público debidamente registrado, por lo tanto no hay razón legal para sancionarlo.

En ningún momento han hecho referencia en cuanto que derechos se habrían violado de las personas adquirientes de dichas acciones menos aún imponer alguna sanción por los intereses o bien dividendos que generaron mientras el dinero de ellos estuvo dentro de la institución, desde el momento que de junio para agosto fueron tres meses, y del 8 de junio para el 25 de enero de 2007 tuvieron que haber generado dividendos por los siete meses con diecisiete días.

Como lo que persiguen es crear un delito en mi contra el actual Superintendente Edgar Baltasar Barquín Duran, emite la Resolución 188-2008 para dar nacimiento a un nuevo echo delictivo en mi contra, retorciendo las leyes a su antojo, prostituyendo a los que imparten justicia, ya sea porque los ascienda o coloque en otros puestos o les paguen en efectivo su ceguera e ignorancia para condenar a un inocente. En esta resolución da su opinión particular, sobre lo que el entiende como una violación a un mandato especial con representación, y aunque se encuentre debidamente inscrito en el Registro General de protocolos y con las opiniones vertidas de la legalidad de ese instrumento.

Puede leerse y comprenderse como quieren perjudicarme con esa nueva resolución.

Hago extensiva mi suplica a todos los notarios honrados que yo se habemos muchos con grandes valores morales que no nos dejamos amedrentar y luchamos por la independencia de los poderes del Estado; para evitar las injusticias y la corrupción, derivadas de la injerencia política, para que dictaminen sobre la legalidad del contenido de ésta resolución de Edgar Baltasar Barquín.

.

Con los documentos contenidos dentro de los folios 30 y 31 emitidos por los auditores de la Superintendencia, observe que no tengo ninguna participación indistintamente de haber declarado dicha institución de no existir ninguna violación al Reglamento para la venta de acciones comunes contenido en el acuerdo 8/2002, en el informe extendido al intendente de fecha 11 de octubre del 2006.

Adjunto a ésta denuncia los documentos que prueban mi exposición, así como la persecución jurídica política en mi contra.


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