Pedro Sánchez rechaza dar órdenes a la Fiscalía para que modifique su posición en el juicio del procés, tal y como le reclaman ERC y PDeCAT. El presidente del Gobierno aboga por respetar la legalidad así como la "autonomía" del Ministerio Fiscal. "El Gobierno de España tiene la ley por un lado y una vocación de dialogar con las partes en Catalunya", ha expresado: "Queremos dialogar para resolver una crisis política y para eso manifestamos nuestra voluntad de explorar todas las opciones políticas".

"El Gobierno va a a respetar la legalidad y también la autonomía de la Fiscalía". Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno en una entrevista en la Cadena SER sobre las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que le ha acusado de falta de "coherencia" al pretender pactar con los independentistas en el Parlamento, donde su apoyo es fundamental para sacar adelante sus propuestas, mientras avala la represión contra los dirigentes de ERC y PDeCAT que están en prisión.

Uno de los principales proyectos que marcará un punto de inflexión en la legislatura son los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez pretende llevar al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre -una vez tenga un acuerdo "sustancial" con Unidos Podemos, pero el socialista ha evitado decir si convocará elecciones en caso de que no salgan adelante. "El Gobierno de España trabaja con un solo escenario que es precisamente el de aprobar esos presupuestos", ha expresado antes de pedir "corresponsabilidad" al resto de formaciones.

El número dos del Govern de Quim Torra es claro al plantear sus exigencias: considera que Sánchez puede influir en la orientación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del procés. "No tiene mucho sentido que por un lado se le esté pidiendo a ERC que vote las cuentas y por otro que se avale la prisión de su líder", dice Aragonès.

Sánchez no se ha pronunciado claramente sobre la amenaza de Torra de "abrir las cárceles" si hay una sentencia condenatoria contra los miembros del anterior Govern. "Espero que acierte", ha dicho sobre la estrategia que pretende llevar a cabo el president de la Generalitat, aunque ha asegurado desconocer lo que planteará Torra en su discurso de este martes. Sánchez espera que los independentistas se alejen del camino de ruptura que se produjo en 2017 y sigue determinado en mantener su hoja de ruta basado en el "diálogo": "Autogobierno, Constitución y Europa", ha sido el resumen de su propuesta para Catalunya, que pasa por la votación en referéndum de un nuevo Estatut.

El presidente ha reiterado que activará el artículo 155 de la Constitución para la intervención de Catalunya en caso de que el Govern cometa alguna ilegalidad: "Eso a día de hoy no se ha producido. En el momento en que se produzca, el Gobierno actuará", ha avisado. En ese sentido, ha reclamado el apoyo de PP y Ciudadanos para cuestiones de Estado tras señalar que no ve a Pablo Casado ni Albert Rivera "con ganas de pactar absolutamente nada con este Gobierno".

Sánchez ha retomado su agenda nacional tras la gira latinoamericana que la semana pasada le llevó a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, aunque también allí los problemas internos se llevaron buena parte del protagonismo. Uno de los asuntos a los que tuvo que responder desde el otro lado del océano fue el viraje del Gobierno en su decisión inicial de no defender al juez Pablo Llarena ante la demanda que Carles Puigdemont ha presentado en Bélgica: "S iempre respondimos de forma positiva a los requerimientos del Poder Judicial", ha asegurado Sánchez, que enmarca el debate que se produjo era si se podía diferenciar entre agenda privada o no: "Concluimos que no era posible diferenciarlo".

En materia económica, Sánchez ha restado importancia a la "desaceleración" con respecto a las previsiones: "Tenemos b uenas bases para ver en el medio plazo un crecimiento sostenido de la economía", ha afirmado el presidente, que ha prometido un impuesto al diésel que no afecte a los profesionales de la carretera así como trabajar para la creación de empleo. El presidente ha puesto cifra al afloramiento de falsos autónomos a raíz de las cartas que el Ejecutivo está enviando a empresas: 8.000 trabajadores.

No obstante, Sánchez no ha contestado a la pregunta concreta de impulsar un gravamen a la banca, que era una de sus promesas y se ha referido únicamente a la creación de un impuesto a las transacciones financieras.