Pedreira rechaza anular el 'caso Gürtel' por las grabaciones a los abogados defensores

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha rechazado hoy sendos recursos presentados por las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama corrupta, y que pedían la nulidad de las actuaciones por las grabaciones de conversaciones que mantuvieron con sus defendidos en las cárceles. Pedreira cree que las escuchas no han vulnerado sus derechos.

Estos dos no han sido los únicos letrados que han presentado recursos similares. Muchos otros lo hicieron ante la Sala de lo Penal del TSJ de Madrid, quien anunció que no los resolvería hasta que no se pronunciara el propio Pedreira.

Los abogados de Correa y Crespo argumentaron en sus recursos que intervenir las comunicaciones con sus clientes era "ilícito" y recibieron el amparo del Colegio de Abogados de Madrid, quien a su vez calificó la intervención de las comunicaciones como "intolerable para el derecho de defensa".

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta - Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La investigación revela que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones era conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Por ejemplo, según se desprende de la investigación, el número dos de Correa, Pablo Crespo, ordenó a un abogado que sacase el dinero escondido en Suiza antes de que el juez lo bloqueara. Otra de las conversaciones grabadas entre Crespo y su abogado apunta a una posible financiación ilegal del PP en Galicia.

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario. La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados llevaban "de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial", y que la organización transmitía a los demás a través de ambos, la idea de que les iba a seguir ayudando para evitar disensiones entre los implicados y que las declaraciones debían estar concertadas.

Fuente: elpais.com