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Niega funcionario electoral colombiano acusaciones de Uribe

17/03/2010 09:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Carlos Ariel Sánchez, alertó hoy sobre "intereses oscuros" para sacarlo del cargo y marginarlo de la coordinación de los comicios presidenciales del 30 de mayo próximo. El titular de la máxima autoridad electoral de Colombia, quien fue criticado por la demora en el conteo de los votos en las elecciones legislativas del domingo pasado, dijo que hay personas que no lo quieren en el organismo de cara a los comicios presidenciales. El martes, la oposición denunció que desde el gobierno "le quieren pasar una cuenta de cobro" a Sánchez por negarse a certificar el referendo que buscaba facilitar al presidente Alvaro Uribe Vélez postularse a la reelección en los comicios de mayo. El mandatario colombiano pidió el martes a la Procuraduría investigar al registrador por versiones según las cuales habría consumido licor junto a sus colaboradores durante los comicios del domingo anterior. Sánchez desmintió las acusaciones del gobernante y dijo que los periodistas que lo acompañaron durante las votaciones al Congreso "pueden dar fe de que no estaba ‘descompuesto’". La empresa Arolen, contratada para la transmisión de los datos electorales, admitió su culpabilidad en las fallas presentadas y excluyó a la Registraduría de cualquier responsabilidad por lo sucedido. La compañía señaló el martes que la página web de la Registraduría fue atacada por "hackers", que distorsionaron varios procesos en el conteo, pero aclaró que los datos nunca estuvieron en riesgo. El oficialismo responsabilizó a Sánchez de la demora en la entrega de los resultados sobre la conformación del Congreso y puso en duda las garantías para la elección presidencial, bajo su coordinación. El opositor Partido Liberal acusó por su parte al gobierno de ponerle "un palo en la rueda" a la gestión del registrador, por negarse a certificar un referendo que "a todas luces presentaba vicios" en su trámite. La Corte Constitucional invalidó la consulta popular que planteaba reformar la Carta Magna para permitirle a Uribe aspirar a un tercer periodo, por irregularidades durante su discusión en el Congreso.


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