NICARAGUA: Mujeres y niñas sin derechos fundamentales

El Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, se quejó hace unos días ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por lo que consideran un sistema judicial “terrible y politizado”, al enterarse que solo un 15% de los casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual son resueltos en Nicaragua. La noticia despertó la “rabia” de muchos ciudadanos, quienes expresaron que “en Nicaragua las mujeres no son respetadas ni por sus parejas ni por el Estado”, otros decidieron responsabilizar a las víctimas de violencia, ya que no denuncian a los abusadores en tiempo y forma.

Con dos casos considerados emblemáticos, organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en ese país, expusieron en una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que "es alarmante" la situacion provocada por la violencia sexual contra las mujeres en Nicaragua.

Entre los organismos que asistieron están el Movimiento Autónomo de Mujeres, Ipas, Coordinadora de la Niñez y Cejil, entre otras, que refirieron la falta de acceso a las estadísticas oficiales actualizadas sobre el tema.

Entre las peticiones que hicieron a la CIDH están "que exhorte al Estado de Nicaragua para que la Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe lo antes posible la Ley Integral contra la Violencia Hacia la Mujer y se generen mecanismos efectivos para su implementación".

Así como que reitere al Estado de Nicaragua, su pedido de realizar una visita al país y, en caso de que el país no fije una fecha pronta para permitir una visita de observación, estas organizaciones le solicitan a la Comisión que elabore y analice la situación específica de los derechos de las mujeres para que pueda dar recomendaciones concretas al Estado relativas a la prevención, manejo, atención y garantía de los derechos de la población femenina.

Mayté Ochoa, por el Ipas, expresó que "las niñas y las mujeres en Nicaragua se encuentran en indefensión ante un sistema que no garantiza sus derechos".

Los casos concretos que fueron expuestos fueron el de 13 niños de entre 9 y 16 años, sobrevivientes de abuso sexual, que como autores señalan a militares destacados en el Puesto militar de la comunidad de Monkey Point, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Las peticionarias señalan que las violaciones contra los menores del lugar iniciaron desde que se instaló un puesto militar en la zona en el año 2003, sin embargo, los hechos se conocieron públicamente a inicios del presente año, sin que las autoridades estatales investiguen realmente lo sucedido.

Niña de 12 años violada y a punto de dar a luz:

Organizaciones de mujeres acusaron al gobierno de Nicaragua de violar los derechos humanos de una niña de 12 años que resultó embarazada producto de una violación y no fue ayudada a interrumpir el proceso de gestación.

El escandaloso caso revela "la falta de respuestas efectivas del Estado hacia las mujeres, sean adultas o niñas".

La prensa divulgó el sábado que la niña, originaria de la comunidad indígena de Walpa Siksa (surcaribe), fue obligada a llevar a término su embarazo debido a que el aborto terapéutico está penalizado desde 2006.

"Es un mayúsculo atropello a la dignidad humana que se obligue a parir a una niña de 12 años, ya que a ese edad un embarazo sólo es resultado de violencia sexual", afirmaron.

"Estoy totalmente aterrada", declaró por su parte la psicóloga y feminista Marta María Blandón, de la organización internacional Ipas, en un mensaje desde Estados Unidos, donde asiste a una reunión.

"He sabido que los médicos están preocupados por darle medicinas para que el bebé tenga maduros los pulmones y sobreviva, a costa de someter a esa niña a riesgos impensables", subrayó.

Blandón aseguró que "esto es más que una tortura, es un crimen que va contra los derechos elementales" de la víctima del abuso.

La primera dama y vocera oficial, Rosario Murillo, confirmó que la niña quedó embarazada tras una violación y que debido a su estado de salud fue trasladada a un hospital de Managua, donde "está a punto de dar a luz", puesto que tiene 36 semanas de embarazo.

Murillo acusó a la prensa de "manipular" el caso, que reavivó la intensa polémica en torno al aborto terapéutico, cuya penalización promovió el gobernante Frente Sandinista en el Parlamento al calor de la campaña electoral de 2006, que llevó a Daniel Ortega al poder.

"La inmoralidad y falta de humanidad del gobierno quedan patentes en este caso: por salvar un producto, están dañando la vida de la niña", insistieron los representantes de los organismos.

Es "chocante" el hecho de que la esposa del presidente Ortega "sustituya la patria potestad de los padres de la niña, como si el Estado fuese el dueño de su vida. Eso se llama fascismo".

La dirigente del MAM lamentó que el gobierno intervenga en el caso "abusando de la pobreza" de la víctima, cuyos familiares también se encuentran en una situación de indefensión.

Hace algunos años, Nicaragua conoció el caso de una niña de 9 años apodada "Rosita", que quedó embarazada en Costa Rica tras una violación. La niña fue traída a Managua por un grupo de mujeres y sometida a un aborto terapéutico, práctica que entonces era legal.

De acuerdo con la organización mundial, Nicaragua es el único país de América —aunque las reformas avanzan en cerca de 20 estados mexicanos— que “ha sufrido un retroceso desde 2008 en la protección de los derechos humanos de las mujeres al prohibir el aborto en todos los casos”. Añade que esto es criminalizado incluso si la vida de la madre corre peligro o cuando una niña es víctima de una violación y resulta embarazada.

Esta legislación llega al absurdo de no permitir a mujeres embarazadas al acceso de tratamientos médicos —como quimioterapia— que pueden poner en riesgo la salud del feto, aún cuando estos sean la única esperanza de vida de la madre.

Esto ha provocado que la mortalidad por complicaciones en el embarazo en este país se haya duplicado casi el doble en años recientes, pasando de una al día a 1.7.

“Si los médicos intervenimos, cometíamos un delito; si no, la mujer moría. Por cuestiones humanitarias realizamos el aborto pero tememos las consecuencias legales”, refiere una trabajadora de la salud en Nicaragua.

Cifras:

Según diversos Organismos, Nicaragua registró en 2010 cerca de 4 mil denuncias de abuso sexual y 40 niñas y mujeres asesinadas. Entre 1998 y 2008 se denunciaron más de 14 mil casos de violación, de los cuales dos tercios eran menores de 17 años.

Fuentes:

Http://www.elpais.cr/articulos.php?id=56550

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/231589-end-online

http://www.laprensa.com.ni/2011/10/24/ambito/77984

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=612055