El origen de esta situación que afecta a miles de personas se remonta al 2004 cuando constitucionalmente se reconocía como nacional dominicano a cualquier persona nacida en el país, con excepción de los niños nacidos de personas “en transito” cuya interpretación fue variada, pues antes, se entendía de esa condición a aquellos menores nacidos en suelo dominicano pero con menos de diez días de presencia en el país. Un primer cambio sustancial redefinió el término “en tránsito” incluyendo a los nacidos en estado de ilegalidad, criterio que fue confirmado por la Corte Suprema un año después.

En el 2010 se produjo la reforma constitucional que termina por limitar la nacionalidad de los inmigrantes toda vez que se les exige probar que tienen por lo menos a un padre de nacionalidad dominicana. Por su parte, la Junta Central Electoral encargada del registro Civil emitió una Circular que instruye a los registradores a no entregar duplicados de certificados de nacimiento si tienen alguna razón para creer que la persona no debe tener la ciudadanía dominicana. Es decir, no solo estas reforma afectan a los recién nacidos, sino que se extienden a personas que nacieron antes de la reforma provocando discriminación contra aquellos de nombre francés y piel oscura.

Se estima que al menos 200 mil descendientes de haitianos se encuentran en un limbo legal que las hace prácticamente apátridas

Al respecto el magistrado del registro Civil José Angel Aquino afirmó que “los descendientes de haitianos pueden regresar a su país y obtener la ciudadanía si pueden probar que sus padres son haitianos”. Asimismo refirió que la Circular hace cumplir la intención original de la Constitución toda vez que “las personas que están en el país ilegalmente nunca debieron haber recibido la ciudadanía dominicana”.

Organizaciones activistas de Derecho Humanos han comenzado a batallar en los Tribunales por el respeto a la nacionalidad de los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana, como el caso de Emilio Bueno (nacido en 1975) a quien se le negó la entrega del duplicado de su certificado de nacimiento bajo el argumento de que sus padres eran ciudadanos de Haití. Estas organizaciones pretenden llevar el caso de Bueno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de presionar al gobierno dominicano a cambiar sus normas.