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Washington, DC.- En la lucha militarizada del Gobierno de México contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Ejército mexicano comete graves violaciones a los derechos humanos y que goza de una total impunidad
Para la organización Human Rights Watch, las violaciones a los derechos humanos se han incrementado en la lucha contra el narcotráfico.
Cuando se trata de investigar y castigar a los soldados acusados de violar las garantías individuales, aseguró la organización (HRW) en su reporte anual 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
"Las fuerzas armadas de México han cometido graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos, tortura, violaciones y detenciones arbitrarias", destacó HRW en su reporte anual 2010, sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
"México", anotó HRW, "de manera rutinaria permite que los militares por medio de su propio sistema judicial, se investiguen a si mismos en los casos de violaciones a los derechos humanos, lo que resulta en la impunidad para los abusos cometidos por los militares mexicanos", puntualizó el reporte en su capitulo dedicado al caso de México.
En las seis paginas que dedicó HRW al capitulo de México, la organización explicó que las graves violaciones cometidas por el Ejército mexicano, se han incrementado por la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, al tiempo que asumen responsabilidades que le corresponden a las fuerzas policiales civiles.
"Los soldados mexicanos continúan cometiendo graves abusos cuando están metidos en actividades de la aplicación de la ley. El número de denuncias sobre abusos que cometió el Ejército y que se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, se multiplicaron por seis ente 2006 y 2008, alcanzaron la cifra de 559 denuncias en los primeros seis meses de 2009", insistió el informe.
José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de HRW, sostiene que debido a la magnitud y constancia de las denuncias que se hacen de violación a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, a nombre del combate frontal al narcotráfico, gobiernos como el de Estados Unidos deberían ser los primeros en exigir el fin de la impunidad marcial en México y en denunciar públicamente esta realidad tan negativa que se niega a aceptar la presidencia de Calderón.
"Debería generar preocupaciones muy serias en Washington y en particular en el gobierno del presidente Barack Obama, porque están trabajando codo a codo con unas instituciones militares que son irresponsables en materia de derechos humanos, que no responden con claridad a ninguna institución", aseveró Vivanco.
Bajo la llamada Iniciativa Mérida, el Gobierno de Estados Unidos respalda a la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico con un financiamiento de unos mil 500 millones de dólares en un plazo de tres años.
"El sistema de la justicia criminal de México está plagado por problemas de derechos humanos, como la tortura y el fracaso rutinario de las agencias para de manera adecuada concluir las investigaciones de los crímenes", añadió el informe.
Respecto a la creciente situación de asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México, el reporte de HRW anotó que esta grave situación aumenta en el caso de los reporteros que investigan la realidad del crimen organizado en el país, "y la corrupción generada por la corrupción gubernamental", lo que a su vez genera un clima de autocensura en muchas partes del país.
REFRENDA SEGOB APOYO AL EJÉRCITO
Luego del informe de la ONG Human Rights Watch que presentó acerca de la situación de los derechos humanos en México, la Secretaría de Gobernación defendió el compromiso de las Fuerzas Armas con los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada y sostuvo que los elementos castrenses que cometen delitos son procesados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios.
La dependencia informó, a través de un comunicado de prensa, que en el marco del esfuerzo nacional en el combate al crimen organizado, las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
"Así, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de las autoridades civiles", agregó el comunicado.
La dependencia, que como parte del compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto de los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional imparte cursos, conferencias y seminarios a todo el personal militar.
"En México, los elementos castrenses que cometen delitos son procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni de privilegios", señaló la dependencia..
Además, la Sedena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos laboran de manera coordinada, para establecer protocolos de prevención y estrategias de actuación con el objetivo de reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses.
La Segob expuso que durante los últimos años, en México se han registrado avances históricos en materia de derechos humanos y representación política.
La cual, aseveró, se refleja, tanto en la política interna de derechos humanos del Gobierno Federal, como en la política exterior del país en la materia.