La protesta paralizó este martes el servicio de las seis líneas del metro de Buenos Aires que transporta a más de un millón de personas diariamente y generó enormes dificultades en el tránsito.

El paro fue decidido por el sindicato de izquierda que nuclea a gran parte de los 2.500 trabajadores del sector, en reclamo de una membresía independiente a la del gremio del transporte de pasajeros, afín al gobernante peronismo. La empresa privada a cargo del metro fracasó en su intento de instrumentar un servicio de emergencia, ante la ira de cientos de pasajeros que se consideran perjudicados por un reclamo sindical interno.

La protesta social comandada en su mayoría por sindicatos de izquierda detonó con la ocupación durante tres semanas del gigante estadounidense de alimentación Kraft, que emplea a 2.600 personas, y que concluyó con el desalojo violento de los trabajadores de la planta.

La presidenta minimizó el lunes los alcances de la conflictividad laboral al señalar que "creo en el orden, pero no a palos", aunque deslizó sospechas sobre el origen de las protestas y consideró que "hay situaciones provocadas".

En cambio, Roberto Fernández, el titular del gremio de transporte, fue más allá y señaló que "la ultraizquierda está utilizando este conflicto de inscripción gremial en (los trenes) subterráneos para generar caos y poner en peligro con sus actitudes la vigencia de la democracia".

La protesta paralizó este martes el servicio de las seis líneas del metro de Buenos Aires que transporta a más de un millón de personas diariamente y generó enormes dificultades en el tránsito

En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT, oficialista) convocó la noche del martes a una movilización el viernes 20 "en defensa de las instituciones y ante el clima de enrarecimiento político provocado por algunos intereses", en una conferencia de prensa.

También agrupaciones de piqueteros de izquierda, integradas por pobres y desocupados, han profundizado sus reclamos en los últimos días en medio de un aumento de los índices de pobreza, que afecta a 3, 4 millones de argentinos sobre una población de 40 millones, según cifras oficiales.

Unos 2.000 militantes piqueteros mantuvieron bloqueada la semana pasada durante 30 horas la estratégica avenida 9 de Julio, que vincula los ingresos norte y sur de la capital argentina, por donde transitan decenas de miles de automovilistas. La huelga del metro y los bloqueos a importantes avenidas crispan el ánimo de la mayoría de los porteños de clase media que ven a esos conflictos como ajenos y perjudiciales a sus intereses.

Otras organizaciones piqueteras reavivaron sus antiguos reclamos de administrar planes sociales oficiales luego de que el gobierno anunciara que otorgará un subsidio de 180 pesos (47 dólares) por cada hijo de desocupado. Al respecto, Cristina Kirchner sostuvo que "hay algunos hechos provocados que nos llaman la atención justo cuando anunciamos temas como, por ejemplo, el de la asignación (subsidio) universal por hijo".