Un componente fundamental en la lucha contra los fraudes de los que son víctimas los bancos y sus usuarios, es la judicialización de quienes cometen delitos informáticos, pues los retos todavía son significativos, aún cuando la ley que tipifica penalmente ese tipo de conductas se expidió hace más de dos años, indicó la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, durante la instalación del quinto Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad que se realiza en Bogotá.

Por ejemplo, dijo, la carencia de fiscales especializados en esos temas ha generado dificultades al momento de investigar y judicializar las conductas que están configuradas en la legislación.

Adicionalmente, los fiscales enfrentan dificultades respecto de la formulación de las solicitudes que deben realizar a la Policía Judicial, y no cuentan con conocimientos suficientes sobre la recolección de elementos probatorios o del manejo de las evidencias forenses; además, los fiscales se sienten desestimulados ante este tipo de investigaciones, pues las perciben como procesos complicados, complejos y demorados.

Es por ello que desde Asobancaria se han financiado programas de capacitación en esa materia. Uno de ellos es el curso de Criminalidad Informática, dictado por la Universidad de los Andes, con el cual se han capacitado cerca de 90 fiscales en Bogotá y Medellín. Para 2012, el reto es continuar con esa iniciativa por todo el país.

A juicio del gremio, aunque se ha hecho un gran trabajo, muchos de esos esfuerzos se ven atomizados en razón a que la competencia de investigación de los delitos informáticos está en manos de los 1.300 fiscales locales con los que cuenta el país, quienes, además, tienen a su cargo procesos de diversa índole.

Por esa razón la presidenta de Asobancaria le solicitó nuevamente a la Fiscalía General de la Nación, impulsar la asignación del conocimiento de ese tipo de conductas a una Unidad Nacional Especializada, o trasladarla a fiscales de orden seccional.

"Estos cambios permitirían concentrar las acciones de capacitación en materia informática, y facilitarían la asignación del tiempo y la dedicación que este tipo de investigaciones requiere. Del mismo modo, se podría potencializar el conocimiento sobre el manejo de la evidencia forense y el desarrollo de habilidades investigativas especiales, que permitan identificar a los reales responsables de los delitos en un menor tiempo", puntualizó Cuéllar.

Así mismo, expresó que "nos enfrentamos a grandes redes internacionales, que incluso utilizan recursos, producto del fraude, para financiar otras actividades criminales" y sostuvo que el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones ha llevado a la transnacionalización de la economía y, por ende, del delito.

Señaló que aunque las entidades bancarias realizan múltiples desarrollos en ciberseguridad y ciberdefensa para prevenir el fraude financiero, todo ese esfuerzo resulta en vano cuando el ciudadano se deja engañar, entrega su dinero, su información financiera o sus tarjetas. Por ello recalcó que el usuario, más allá de conocer las recomendaciones de seguridad, debe convertirlas en hábito, pues con pequeñas acciones es posible aumentar las barreras que deben sortear los delincuentes.

Para el gremio, los retos que hoy enfrenta la banca y en general los usuarios del sistema financiero, se acentúan con el crecimiento de las operaciones. En Colombia por ejemplo, se efectúan 1.290.236 transacciones bancarias diarias en ATMs (Cajeros automáticos), 421.995 por el canal de Internet y 605.578 a través de datáfonos. Adicionalmente y como dato relevante, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCE), prevé que en 2011 se realicen ventas por cerca de mil millones de dólares a través de Internet, y se estima que para 2012 el crecimiento del e-commerce será del ciento%.